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“Las 'ollas' son los focos de la criminalidad”: Alto consejero para la Seguridad

Francisco Lloreda, alto consejero para la Convivencia y Seguridad, habla de la importancia de la recuperación social.

13 de abril de 2013 Por: Alfonso Ospina y Sharon Ramírez | Colprensa

Francisco Lloreda, alto consejero para la Convivencia y Seguridad, habla de la importancia de la recuperación social.

Si el Gobierno logra establecer un acuerdo para poner fin al conflicto armado con las Farc, la atención se centrará no en la seguridad nacional sino en la ciudadana. Así lo advirtió el alto consejero para la Convivencia y Seguridad, Francisco Lloreda. Según el funcionario, una etapa post-conflicto será clave y en materia de seguridad vendrán retos importantes. Sin embargo, a corto plazo, uno de los retos que tiene el Ejecutivo se relaciona con la eliminación de las denominadas ollas y la lucha contra la minería ilegal. En entrevista con Colprensa, Lloreda habló sobre estos temas y, además, expresó su preocupación por la baja cifra frente al registro de celulares, solo el 28,5 % de los celulares en prepago han cumplido esta exigencia.Con el anuncio del presidente Santos de eliminar 24 ollas, en 20 ciudades, de cierta forma se ha generado una sensación de incredulidad, porque 60 días parece poco tiempo para esto. ¿Cómo ve usted esa orden?Lo primero que hay que entender es el papel que juegan las ollas en la criminalidad, no son solo un foco de expendio de droga, son dinamizadores de la actividad delictiva, eso ocurre en varias ciudades. La instrucción del Presidente apunta, principalmente, a la labor de carácter policial y su compromiso es que en 60 días, las 24 ollas serán erradicadas. Eso no significa que la labor concluya ahí, se requiere un trabajo en materia de salud y de mejoramiento urbano de estos sitios. Estos serán esfuerzos de más largo aliento, pero desde el punto de vista policivo, el compromiso es que se logra. ¿Cuál es la ciudad que presenta un mejor balance en seguridad?Dependiendo de la ciudad vemos avances y desafíos, cito algunos ejemplos. El año pasado, Medellín logró un avance importante en materia de homicidios, pero hay desafíos en materia de extorsión, el año que inicia no fue bueno para la ciudad. En el caso de Cali, el año pasado se redujeron los homicidios y se lograron resultados importantes en reducción a hurto de vehículos. Dependiendo de la ciudad, hay avances y retrocesos, aunque en general estamos avanzando. Pero en general, ¿la percepción en materia de seguridad ha mejorado? No sé, porque la información que tenemos de las ciudades está contenida en la encuesta de victimización que se hizo en junio del año pasado. Esta encuesta indica que el 61% de las personas se sienten inseguras. Lo paradójico es que el porcentaje de las personas que fueron víctimas efectivas solo es el 20 %, es decir, la percepción de inseguridad es tres veces superior a la criminalidad. Pero eso no nos debe extrañar, porque cuando a una persona le roban el celular, no solo esa persona se siente insegura sino también las personas a las que le cuentan y que de inmediato también se sienten inseguras. El presidente Santos ha hecho referencia últimamente a aquellos que quieren generar temor a través de percepciones negativas sobre seguridad, en alusión, por ejemplo al expresidente Uribe. ¿Cree que esas apreciaciones sí calan en la sociedad? Los problemas de seguridad no son de ahora, vienen de tiempo atrás. El Gobierno del presidente Santos ha establecido una política de seguridad para las ciudades, por primera vez se ha buscado que la seguridad ciudadana no sea un asunto solamente policial, se ha estructurado un trabajo articulado con las principales ciudades del país. Para usted, esas políticas del Gobierno ¿han influido de algún modo en la agenda de seguridad ciudadana? La política de seguridad ciudadana se estableció con una mirada en el horizonte, entendiendo en que al tiempo en que se debe combatir el delito también se debe trabajar en las causas del delito, algunas de esas causas para ser superadas tomarán tiempo. La política incluye en su estrategia una de prevención social y mejoramiento de entorno, que van a contribuir a la prevención del delito en una etapa de post-conflicto. Lo anterior entendiendo, además, que los post-conflictos deben ir acompañados de mayores desafíos en seguridad ciudadana y por lo tanto independiente de lo que ocurra con las negociaciones, somos consciente de lo cambiante que es la criminalidad, del reciclaje que existe en la criminalidad y de cómo cada día más la preocupación de las personas se va a centrar en eso.Es decir que si se llega a lograr un acuerdo con las Farc, en una etapa posterior, el Gobierno y los ciudadanos se centrarán no en la seguridad nacional sino en la ciudadana…Sin duda, esa es la experiencia de otros conflictos y creo que en el caso de Colombia es importante entender que la criminalidad no se supedita a aquellas que propician la guerrilla. Tenemos un problema serio con el narcotráfico, independientemente de quién sea el actor y más en un país, en donde la economía criminal hará lo que esté al alcance por existir y de ahí el reto que tendremos. Ya se terminó el plazo que dio el Gobierno para que los ciudadanos registren sus celulares. ¿Qué balance hay hasta el momento? El Gobierno ha procurado por todos los medios para que los colombianos registren sus equipos ante las compañías celulares, el 100 % de los equipos en calidad de postpago están registrados. Se han dado plazos generosos y la respuesta no es la esperada, a la fecha tenemos registrados el 28,5 % de los celulares en prepago, falta el 71,5 %.

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