Las cuatro tareas pendientes que tiene la justicia en Cali

Enero 05, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Las cuatro tareas pendientes que tiene la justicia en Cali

Con una torta gigante y un plantón, funcionarios judiciales, abogados y estudiantes de Derecho de Cali protestaron el año pasado en Cali por la lentitud en las obras de reconstrucción del Palacio de Justicia. En septiembre del 2013 se cumplieron cinco años del atentado.

Un Palacio de Justicia incompleto, la crisis carcelaria, la reclusión de menores y la falta de investigadores son asuntos que urgen soluciones.

En este nuevo año, Cali, además de reducir la violencia, tiene la misión de contrarrestar la crisis de justicia, un asunto que requiere soluciones urgentes, teniendo en cuenta la cantidad de delitos que se cometen a diario.Para analistas consultados por El País una de las causas de la violencia y la inseguridad que aquejan a Cali -considerada una de las pocas capitales donde los homicidios subieron en el 2013, pasando de 1839 a 1960- es la impunidad, ocasionada por la crisis judicial.Y es que no solamente los homicidios preocuparon a los caleños. El año pasado -según estadísticas de la Policía- hasta el 19 de diciembre, 4523 personas fueron víctimas de atraco. De estos casos, 555 fueron ‘fleteos’, 33 % más que en el mismo periodo del 2012, y 1.100 fueron robos a celulares, 29 % más.Las tareas necesariasUna de las tareas más urgentes es la culminación de las obras de reconstrucción del Palacio de Justicia, que, tras cinco años del atentado con un carrobomba, aún no está operando. A unque el Consejo Seccional de la Judicatura ha anunciado varias veces la entrega del complejo judicial, ninguno de los plazos se ha cumplido.Fiscales consultados relatan que tienen que desplazarse con las pruebas para los juicios y las evidencias por diferentes edificios, donde quedaron los despachos de los jueces. En muchas ocasiones, llegan tarde porque las diligencias se realizan por sectores. Lo mismo -aseguran- le ocurre a los abogados.Otro de los problemas son las fugas constantes de los centros de reclusión Valle del Lili y Buen Pastor y la falta de cupos para internar a los jóvenes que cometen delitos, lo que colapsa el sistema.Esas fallas en la capacidad instalada también se presentan en la cárcel Villahermosa, donde hoy el hacinamiento alcanza el 350 %, según la Personería.La falta de un Palacio de JusticiaCali terminó el 2013 sin Palacio de Justicia. Ese, seguramente, fue uno de los mayores pendientes en la ciudad para combatir la violencia, la inseguridad, la impunidad.La directora administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, Clara Inés Ramírez, ya no se atreve a dar fechas de entrega del Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía, ubicado en el centro de Cali, porque dice que ya se ha incumplido, desde el atentado con carro bomba en el 2008, en varias oportunidades: primero se anunció que estaría listo en el 2011, después en el 2012, luego que el año pasado. La funcionaria afirma que por diferentes motivos no se ha podido cumplir: retraso en los dineros del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), problemas en la licitaciones, incumplimientos de los contratistas... “Lo cierto es que la plata está (esperamos la entrega), el proyecto fue aprobado en octubre pasado y esperamos que podamos empezar con contrataciones y entregar en diciembre de este 2014 el edificio completo con sus dos torres, la A y la B, así como con sus bienes muebles e inmuebles ”, advierte Ramírez.Son $13 mil millones que hay para terminar el Palacio de Justicia, de acuerdo a lo que aseguró el mes pasado el presidente del CSJ, magistrado Pedro Sanabria, tras una visita a la capital del Valle.Debilidades en la investigaciónLa investigación es indispensable para resolver los casos judiciales y así mejorar el acceso a la justicia. Por esa razón, en Cali urge un fortalecimiento de este aspecto, teniendo en cuenta que las herramientas de investigación de la Policía siguen siendo insuficientes.Actualmente en la ciudad hay unos 400 investigadores que hacen parte del área de policía judicial (Sijín), pero este número resulta muy bajo frente al alto índice de delincuencia.Según lo confirma la misma Sijín, un investigador debe manejar unos 400 casos (por diferentes delitos) al año, cuando lo ideal sería que cada uno no tuviera más de 40 casos a su cargo. Por el momento, uno de los primeros pasos que está dando la ciudad en este aspecto tiene que ver con la capacitación de 200 nuevos investigaciones, quienes están terminando su entrenamiento y pronto se vincularían a la Policía Judicial. Sin embargo, se trata de miembros que apenas están iniciando y requieren varios meses para trabajar al ritmo de un investigador con experiencia. En ese sentido, la Policía de Cali requiere una Sijín al menos con unos 800 hombres, para aumentar su capacidad operativa. Y es que ciudades como Medellín y Bogotá cuentan con 600 y 1.700 investigadores, respectivamente.Crisis carcelariaLa crisis carcelaria es uno de los principales problemas que hoy afronta la ciudad en materia de justicia. El hacinamiento en los centros de reclusión se ha convertido -como en el resto del país- en una bomba de tiempo, pues la situación es cada vez peor. De acuerdo con cifras de la Personería de Cali, mientras en el 2009 el sobrecupo en la cárcel Villahermosa era del 150 %, hoy alcanza el 350 %. Y es que aunque la cárcel solo tiene capacidad para 1617 reclusos, actualmente hay 6338 internos. Para Gilberto Zuleta, subdirector de Derechos Humanos de la Personería, “esta situación constituye un riesgo para la población interna, incluyendo los guardas del Inpec (unos 200) y los visitantes”.Aunque en el país se declaró una emergencia carcelaria, en Cali no se han tomado las suficientes medidas para mitigar esta problemática. Según la Personería, apenas se ha trasladado a unos 200 internos. El abogado Alejandro Arenas recuerda que la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali propuso el año pasado una maratón de libertades, “en la que nosotros nos comprometíamos a estudiar los casos de los presos que estuvieran en la cárcel por delitos menores y que ya hubieran cumplido las dos terceras partes de su condena, para otorgarles su libertad y así liberar cupos”. Sin embargo, -según Arenas- no hubo “voluntad política” de parte de los directores de los centros de reclusión ni de los jueces de ejecución de penas.Lío con los menores infractoresLos menores infractores fueron protagonistas el año pasado, debido a la falta de control de los encargados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, entre ellos la Alcaldía de Cali, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Policía y la Gobernación del Valle. Hubo fugas masivas de jóvenes en Valle del Lili y Buen Pastor, caos en el cerrado Centro Transitorio y problemas para definir la construcción de un centro en algún municipio del Valle.Jhon Arley Murillo, director del Icbf Valle, explica que en Cali tampoco hubo en el 2013, como hace unos años, una política pública de criminalidad juvenil y por no tenerla es que se presentaron los problemas con los jóvenes. “Hay que hacer el esfuerzo para que este 2014 ese plan de política pública sea una realidad. Que se pueda implementar la justicia restaurativa con los menores infractores, que se hable de prevención, de seguridad...”, dice el director del Icbf Valle.Este año se espera que la situación mejore, pues a finales del año pasado se cerró, por orden de un juez de Cali, el Centro Transitorio Crecer Familia, que funcionaba en el Centro de Servicios Judiciales para menores. También se trasladaron menores infractores, se cambió de operador en Valle del Lili y se definió a Tuluá como sede para el nuevo centro de reclusión, en cuya construcción se invertirán $25 mil millones.Fortalecer las casas de justicia, otro retoLas casas de justicia, sitios donde se atienden delitos menores y realizan procesos de resolución de conflictos, requieren más inversión para mejorar su servicio.En la casa de justicia de Aguablanca y de Siloé las necesidades más urgentes son adquirir equipos de más tecnología, mejorar las instalaciones y aumentar el personal de las diferentes entidades que ofrecen sus servicios, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y las comisarias de familia. Se espera que estos sitios se fortalezcan este mes con la llegada de jueces para resolver los conflictos que se reportan a diario. El plan es que durante este mes lleguen dos jueces de pequeñas causas a la casa de justicia de Aguablanca y otro más a la de Siloé, con la misión de resolver los casos en menor tiempo. Cali es la primera ciudad del país donde se aplicará este modelo.Asimismo, el Ministerio de Justicia aprobó en noviembre del año pasado el proyecto para la construcción de una tercera casa de justicia en Cali. El proyecto contará con una inversión de $2.000 millones. La nueva casa de justicia estará ubicada en el barrio Alfonso López de la comuna 7 de la ciudad. Su construcción iniciaría este año.

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