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Las amenazas que se ciernen sobre las elecciones de octubre

Hace apenas unos días el Gobierno reconoció esta amenaza. Al presentar el mapa de riesgos electorales, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que son más de 600 los municipios que tienen problemas en el país.

30 de julio de 2011 Por: Redacción de El País Bogotá

Hace apenas unos días el Gobierno reconoció esta amenaza. Al presentar el mapa de riesgos electorales, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que son más de 600 los municipios que tienen problemas en el país.

Las elecciones de octubre están amenazadas en buena parte del territorio nacional. Esta fue la conclusión a la que llegaron varios analistas consultados por este diario, quienes advierten que los delitos en contra del sufragio, la amenaza terrorista de los grupos ilegales, la influencia económica del narcotráfico y la intimidación a candidatos podrían atentar en contra de los comicios regionales.Hace apenas unos días el Gobierno reconoció esta amenaza. Al presentar el mapa de riesgos electorales, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que son más de 600 los municipios que tienen problemas en el país.“Estos riesgos comprenden la presencia y acciones de grupos terroristas y bandas criminales, intenciones terroristas y hechos de violencia contra el sector político”, aseguró en ese momento Rivera, quien comentó que de los 1.103 municipios del país, “84 municipios presentan un riesgo extraordinario; 92, un riesgo alto; 120 riesgo medio”, que representan el 26%.Sin embargo, Rivera envió un parte de tranquilidad al indicar que el Gobierno garantizará que no haya problemas en la jornada electoral del 30 de octubre, cuando se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales.Pero no solamente el Gobierno ha detectado problemas para las elecciones. Organismos de control y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) también han lanzado alertas, las cuales coinciden en que en la actualidad hay alteraciones del orden público, delitos electorales, planes terroristas contra los candidatos, trashumancia y dineros oscuros que ponen en riesgo el proceso (ver mapas).Ante esta situación, el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria reveló que “tengo información confirmada de que hay ‘operación pistola’ y que las elecciones van a ser muy sangrientas” y explicó que “cuando me refiero a sangrientas no son masacres a los electores ni incluso que logren impedir las elecciones, es una operación como la que intentaron hacer en 2007 y que el presidente Álvaro Uribe neutralizó recorriendo él mismo el país”.Gaviria llamó la atención del Gobierno, en la medida en que consideró que “no queda más línea de acción del Estado que total compromiso con la seguridad de los candidatos. Es el esfuerzo mayúsculo protegerlos para impedir pánico y lograr en las regiones haya decisión de que la comunidad acompañe a los candidatos”.Comentó además que “creo que hay un factor básico para neutralizar esa acción criminal y es la cooperación ciudadana”, sin embargo, reconoció que este ejercicio se ha vuelto peligroso en Colombia debido a que los irregulares han dicho que los ciudadanos que cumplen con este deber se están “involucrando en el conflicto”, por lo que terminan siendo “objetivo militar”.Por esto, el ex asesor manifestó que “esa línea de pensamiento si sigue vigente y la continua apoyando el Gobierno, que lo ha estado haciendo, las elecciones se van a convertir en una conflagración” y sentenció: “Es convertir a los candidatos y los partidos en una especie de diana de las guerrillas y las Bacrim”.Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, (MOE), reconoció que el panorama, en materia de seguridad, no es el mejor y delitos como “el secuestro, amenazas y asesinatos contra candidatos” siguen presentándose.Barrios se enfocó especialmente en el tema de los asesinatos, para los cuales aseguró que las cifras son delicadas e hizo referencia a que este problema afecta principalmente a los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia.Pero las preocupaciones no sólo se presentan a nivel interno, en la medida en que un informe presentado por el International Crisis Group (ICG) concluyó que “la democracia local y la seguridad nacional se verán crecientemente amenazadas, si el Gobierno, las instituciones judiciales y electorales y los partidos políticos de Colombia no enfrentan a tiempo los intentos de interferencia de los grupos ilegales en las elecciones de octubre”.La alerta de este centro de investigación denominada ‘Rompiendo los nexos entre el crimen y la política local en las elecciones de 2011 en Colombia’ dio una mirada a los principales riesgos electorales que existen en el país, en la cual dio cuenta que hay muchas evidencias de la presencia de la violencia política, de fraude electoral y de la infiltración de grupos ilegales en las próximas elecciones.El vocero del organismo para Colombia, Christian Voelkel, dijo que “el alto número de precandidatos asesinados es un mal presagio para la campaña electoral, pues sugiere que la tendencia de los últimos diez años, de una decreciente violencia electoral, podría ser revertida” y adicionó: “Existe un gran riesgo de que el dinero ilegal y la intimidación sean usados para influir en los resultados”.Una política contaminadaAdicional a los problemas de violencia, existe una nueva arista que se suma al universo de los riesgos electorales en el país y tiene que ver con la posibilidad de la presencia de candidatos ‘cuotas’ de los grupos armados ilegales y del narcotráfico.En este sentido, el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, tiene claro que la política en Colombia “sigue contaminada” y reiteró que ante la amenaza que afrontan los grupos irregulares, por nuevas legislaciones y demás medidas, van a hacer lo que sea para mantener el poder local.Para Valencia es claro que “en materia electoral el país está peor que en el pasado” y alertó que “en el plano local va a ser más difícil la situación”, por lo que consideró que debe haber un compromiso claro “desde el Estado y desde la Sociedad”.Sobre este mismo elemento Alejandra Barrios manifestó que “seguimos viendo, más o menos los mismos vicios que nos veníamos encontrando en las otras campañas” y denunció que en el país se siguen presentando casos graves de trashumancia electoral, transporte de las personas de la tercera edad a puestos de votación, es decir “seguimos con el mismo tipo de costumbres”.Reveló que los mismos candidatos rompen las reglas, sobre todo en materia de publicidad política.Por su parte, el senador conservador Camilo Chavarro enfatizó que la atención de estos problemas debe ir más allá y el Gobierno no se debe limitar solo a “instruirle a los partidos, a través de unas listas, para que procedan en no otorgar avales”.“Creo que el Gobierno también debe actuar con los organismos de control, a través de labores de inteligencia”, dijo Chavarro, quien enfatizó que “los partidos lo único que pueden hacer es sacar a los candidatos de las listas, pero si hay un candidato que recibe apoyo de los ilegales o financiación de los narcos, esos no van a aparecer en las listas de la Procuraduría ni en ninguna parte y ahí no pueden hacer nada los partidos”.Por ello consideró que “debe haber un grupo élite que haga la presencia en los municipios críticos antes de las elecciones”.En igual sentido se pronunció el ICG, el cual advirtió que el Gobierno debe implementar con todo rigor medidas adicionales para proteger a los candidatos y blindar el proceso electoral contra la infiltración criminal, la corrupción y el fraude y añadió: “Si no logra aminorar estos riesgos, muchas zonas del país estarán destinadas a soportar cuatro años más de pobre gobierno, altos niveles de corrupción y violencia prolongada”.No obstante, reconoce avances. “Hay claras señales de que las instituciones fiscalizadoras y judiciales empiezan a actuar” al hacer alusión que la justicia ha actuado en contra de quienes, en su momento, fueron apoyados por los ilegales.

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