“La situación en el Pacífico es siempre una preocupación”

Marcelo Álvarez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, habló de las amenazas que enfrenta la Ley de Víctimas.

Para el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Marcelo Álvarez, aunque la Ley de Justicia y Paz ha logrado resultados, sí presenta algunas dificultades como la falta de condenas. El alto funcionario de origen argentino llegó a la ciudad de Cali el pasado miércoles para asistir a una reunión con el Gobernador del Valle, Francisco José Lourido. Álvarez habló con El País acerca de los riesgos que tendría la aplicación de la Ley Víctimas. Reconoció que el hecho de que algunas tierras sigan en manos de actores ilegales constituye una amenaza para el proceso.En el país hay una preocupación por las implicaciones que tendría la aplicación de la Ley de Víctimas en territorios que siguen impactados por la presencia de grupos armados. En ese sentido, ¿qué recomienda la Mapp OEA? La Ley de Víctimas es un logro muy importante. La misión lo celebra y felicita al gobierno colombiano por haber reconocido a las víctimas del conflicto. Nos parece un proyecto tan ambicioso y valiente, que por eso tiene riesgos importantes. Entre ellos está la seguridad y la protección de las víctimas, sobre todo, en los casos que requieren una restitución de tierras. Para nosotros un desafío importante es lograr que la institucionalidad se organice alrededor de las comunidades más afectadas por la violencia. Que exista una articulación que permita que la ley se ejecute y se implemente de manera efectiva. Pero hasta ahora algunos analistas insisten en que no están claras las garantías de no repetición para las víctimas e incluso no se sabe que va a pasar con las tierras que siguen manos de narcotraficantes... Sin duda ése es uno de los grandes retos. Cuando hablamos de protección a las víctimas básicamente nos referimos a garantías de no repetición. Sin embargo, todos sabemos que siguen existiendo intereses y actores ilegales entorno a la tierra que son la amenaza más grande a este proceso. Por eso se está trabajando fuertemente con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para crear los sistemas que puedan evitar que eso suceda. Todo esto tiene que ver con prevención y con medidas de autoprotección, en algunos casos colectivas, que permitan fortalecer el ámbito comunitario y reconstruir el tejido social para que la misma población sea la que evite que los intereses de los grupos armados se interpongan. En el Valle del Cauca, sobre todo en la zona del Pacífico, algunos líderes que han reclamado esa protección colectiva han sido asesinados. ¿Qué riesgos ha identificado la misión en esta zona del país en cuanto a la aplicación de la Ley de Víctimas?En particular todavía no hemos tenido noticias directas con relación al tema. Sin embargo, en el trabajo de monitoreo que hemos realizado en la zona de la Costa Pacífica hemos visto que la situación de orden público y el accionar de grupos armados es siempre una preocupación, debido a las amenazas que se han venido dando a algunas asociaciones. Pero estamos tratando de articular con diferentes instituciones el tema para ver qué medidas se deben tomar en la aplicación de la ley de Víctimas. La Ley de Justicia y Paz ha sido muy criticada, pues sólo ha habido una condena desde su aplicación, ¿no cree que esa impunidad demuestra que el proceso fracasó?No, lo que la misión ha dicho es que hay que reconocer que la Ley de Justicia y Paz ha sido un hito para el país. Hay que reconocer el trabajo que han desarrollado las instituciones para sacar adelante el proceso y los resultados que se han obtenido en materia de exhumaciones, de homicidios confesados, de masacres, de una cantidad de hechos que antes la sociedad colombiana no conocía. Sin duda, el proceso está en un momento de inflexión, en una crisis que requiere la atención de todos los actores. Nosotros hemos hecho un llamado para que haya una tarea del Estado que permita dar solución a las dificultades que se han presentado en el proceso. Entre ellas, como usted lo decía, el tema de las condenas. Eso es necesario para que la sociedad colombiana y la comunidad internacional pueda reconocer que el proceso es efectivo en materia de justicia, pero también en materia de verdad y reparación a las víctimas. Precisamente, en esa búsqueda de la verdad de la que usted habla, ¿no cree que con la extradición a Estados Unidos de los jefes paras el Gobierno les negó a las víctimas ese derecho?La misión siempre ha sido muy clara en ese sentido. Nosotros respetamos las decisiones del estado colombiano, pero también hemos hecho un llamado a la sociedad para que esa extradición no vulnere el derecho que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por eso es importante que estas reformas que estamos planteando se tengan en cuenta en el tema de la extradición. Se debe contar con los extraditados para encontrar esa verdad que piden las víctimas.En los últimos meses en el país crecieron los rumores de una posible negociación entre el Gobierno Nacional y las guerrillas, ¿usted cree que estamos cerca de ese acuerdo de paz?Como bien lo dijo el presidente Juan Manuel Santos ése es un asunto que está sólo en sus manos y nosotros no podemos opinar al respecto. Tratamos de ser muy cuidadosos. Pero es claro que cualquier proceso de paz con los grupos armados ilegales debería hacerse en el marco de una justicia transicional...Ésa es una decisión que deberán tomar los colombianos y seguramente en su momento serán discutidos los distintos componentes que deba tener un proceso de esa naturaleza. Sin duda, la parte jurídica es de gran importancia y es un tema muy sensible que se debe tener en cuenta a la hora de iniciar cualquier negociación. Desde el 2006 la Mapp OEA había alertado sobre la aparición de bandas emergentes, ¿cree que las autoridades dejaron que el fenómeno avanzara?El tema de las bandas emergentes es de gran preocupación y requiere de una atención especial. Nosotros estamos haciendo seguimiento a la situación y creemos que en el país se han venido tomando medidas para el combate de estas bandas criminales que han servido para crear una estrategia de contenido social, preventivo y educativo, que le gane espacio a la ilegalidad desde la institucionalidad.¿Sería posible negociar con estas bandas criminales, teniendo en cuenta su condición de narcotraficantes?Como le digo, esas son decisiones del Estado colombiano que nosotros respetamos y frente a las cuales no nos pronunciamos. En municipios como Buenaventura la ciudadanía sigue llamando paramilitares a los ex miembros de las AUC que volvieron a delinquir en otros grupos armados, ¿cómo afecta esto al proceso de desmovilización?Yo creo que lo más importante es dar un debate abierto acerca de la naturaleza de estas bandas criminales y a partir de allí crear en la sociedad las herramientas para combatir el crimen y lograr la consecución de la paz en Colombia.