"La respuesta para Buenaventura no puede ser solo militar": representante de la ONU

Juan Carlos Monge, representante en Colombia de la ONU, habla sobre la situación de derechos humanos en el país, del proceso de paz y las víctimas del conflicto.

El representante en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, Juan Carlos Monge, estuvo el miércoles en Cali presentando un informe sobre la situación de los DD.HH. en el país durante el 2013. En su visita, el funcionario aprovechó para alentar al Gobierno a seguir buscando una salida negociada al conflicto armado; al tiempo que pidió a los grupos armados ilegales colaborar con los deseos de todo un país de llegar a un acuerdo que permita empezar a escribir otra historia. Monge, quien ha investigado el tema de derechos humanos en diferentes países, habló con El País acerca del proceso de paz, la Ley de Víctimas y la situación de violencia en Buenaventura. ¿Cómo ve la ONU un escenario de posconflicto en Colombia?Sería una oportunidad para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, teniendo en cuenta que cada día que pasa en medio del conflicto se están violando los derechos de muchos colombianos. Varias personas sufren ejecuciones extrajudiciales, homicidios, desplazamientos forzados, confinamiento, amenazas, caen en minas antipersonas. Ese escenario de posconflicto serviría para la construcción de políticas que promuevan el respeto de los derechos humanos en su totalidad. La ONU celebra mucho los avances en el proceso de paz, pero durante los diálogos se han cometido diferentes violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. ¿Qué análisis se puede hacer ante este panorama?Si el Gobierno y las Farc decidieron negociar en el conflicto, es porque quieren poner fin a esta confrontación. Durante la negociación no se acordó ningún cese de hostilidades, pero cuando se han pactado treguas, las violaciones a los derechos y la violencia disminuye de forma clara. Esto es una consecuencia de un modelo que se adoptó entre las partes. Usted dice que cuando se han acordado treguas, las violaciones a los derechos humanos bajan. Sin embargo, el año pasado en esos períodos se cometieron ataques atribuidos, en su gran mayoría, a las Farc...Sí, pero varios de esos hechos se han presentado luego de que finalizan las treguas. Pese a esto, lo que es importante aquí es reconocer cuánto afecta cada día el conflicto a los colombianos y es allí donde debe estar puesta la mirada de las autoridades. En el suroccidente del país se ha denunciado la utilización de menores para cometer acciones terroristas. ¿Qué opinión le merecen los últimos casos conocidos en Tumaco, por ejemplo?Es una conducta muy grave que se sigue presentando y la ONU la ha denunciado también. Tenemos registros bastante claros de cómo se sigue reclutando menores a los grupos armados y esa es una práctica que debe parar y ser tratada en los diálogos de paz de manera urgente. ¿Cómo ve la ONU, si se llega a un acuerdo en las negociaciones de Cuba, que miembros de las Farc que han cometido delitos de lesa humanidad no sean condenados?Son mecanismos extraordinarios para llevar en el tránsito entre el conflicto de la guerra y la institución de paz. Hay que realizar un balance entre lo que es la restauración de los derechos de las víctimas versus los requisitos planteados. Esa discusión se debe dar contando con los colombianos y las partes en el conflicto, sin vulnerar los derechos de las víctimas. La Ley de Víctimas ha tenido un buen desarrollo en el país, según el informe de la ONU, pero diferentes entidades y organizaciones de derechos humanos dicen que aún se deben mejorar muchos aspectos. ¿Qué le responde a aquellos que no están satisfechos con esta ley?El mismo hecho de que la ley reconozca que hay un conflicto armado y que existen víctimas es un avance en sí mismo. Esto ha permitido establecer un registro único de víctimas que hoy debe superar los seis millones de registrados, pero con el determinante de que cada año se producen más afectados, más desplazados, como los 55 mil del 2013. En este proceso hay unos desafíos que tienen que empezar por la coordinación de las entidades territoriales y el conocimiento de las herramientas que tienen las alcaldías, las gobernaciones y entidades para desarrollar los planes de atención a las víctimas. Las víctimas siguen reclamando sus tierras, pero los procesos no son tan fáciles como los pintan las instituciones. ¿Qué balance hace el informe de la ONU sobre este aspecto?El año pasado hubo 277 sentencias de restitución de tierras en el país, lo que es una gran oportunidad de restaurar los derechos de las víctimas que fueron sacadas de sus tierras con violencia. Pero hay que seguir trabajando porque muchos de los casos no son reconocidos en sus derechos, así como armonizar algunas políticas y pensar en la seguridad de las zonas donde se está restituyendo, para que se acaben las amenazas y muertes de líderes y reclamantes. En el documento se habla de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, como los ‘falsos positivos’ o abusos de autoridad. Las autoridades dicen que son errores, pero ¿cómo los considera la ONU?El error militar o de las autoridades no existe para la ONU. Si bien se ha progresado mucho en el respeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, esto no quiere decir que no se cometan violaciones. Son consideradas como ejecuciones extrajudiciales y en ningún momento el Estado se puede eximir de estas responsabilidades. El año pasado, en las protestas y movilizaciones, hubo varias violaciones a los derechos humanos relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, pero la ONU rescata que pese a todo, primó el diálogo. Lo que sigue es procurar que el Gobierno cumpla los acuerdos pactados. ¿Qué evaluación hace la ONU sobre la situación en Buenaventura?Es una zona que padece problemas históricos de desatención en todo sentido: en lo social, lo educativo, en la salud y demás. Esto si se combina con el accionar de los grupos violentos que tienen un gran potencial de criminalidad, resulta una mezcla bastante peligrosa. La respuesta para Buenaventura no puede ser simplemente militar, pues requiere salir de ese nivel de desatención en el que ha estado por parte del Gobierno. Los casos de desmembramientos son síntomas de un problema profundo que hay que ponerle atención con urgencia, respetando las tradiciones de la región. ¿Qué tan difícil es trabajar en un país donde los defensores de derechos humanos son tan atacados?No se puede perder esa pasión por defender los derechos de las personas. El papel de los defensores es muy importante y deben ser protegidos en su trabajo. Desafortunadamente, en Colombia se siguen presentando amenazas, interceptaciones, muertes. El año pasado la ONU pudo registrar 39 casos de asesinatos de defensores en el país, la mayoría en la zonas rurales, lo que nos lleva a recomendar mejorar las medidas de protección. Las investigaciones por estos hechos son muy pobres y esto debe mejorar. ¿Cuál es el seguimiento que le están haciendo a la crisis carcelaria que se está viviendo en el país?Tenemos interlocución a nivel nacional de la situación. No solo frente al hacinamiento, sino frente a la situación general en la que se encuentran los reclusos en el país. No es un tema en el que podamos tener mayor incidencia en este momento, pero es un motivo de enorme preocupación.