La nueva Ley de Seguridad ‘ahogaría’ a la justicia de Cali

Analistas dicen que el sistema judicial no tiene capacidad para atender nuevos casos y que las cárceles están saturadas. Puntos de vista.

Aunque analistas de la realidad social colombiana coinciden en que la nueva ley de seguridad ciudadana que entró en vigencia esta semana en todo el país es un acierto debido a que es una herramienta para combatir los altos índices de criminalidad que se vienen presentando en todo el territorio nacional, también están de acuerdo en que faltan varios ajustes para su buena implementación y para que se logren todos sus objetivos.Expertos abogados y miembros de la Rama Judicial explican que la aplicación de la ley que contempla penas más duras para menores de edad que cometan delitos y penaliza a quienes, por ejemplo, hagan disparos al aire, tiene un problema en Cali: la justicia local no está lista para un aumento de trabajo para jueces, fiscales. Tampoco la fuerza militar ni la policial.Un fiscal de la ciudad, que pidió omitir su nombre, dice que con la nueva ley de seguridad, liderada directamente por el Gobierno Nacional, habría un aumento laboral para la Rama Judicial de al menos un 30% y, según él, Cali necesita por lo menos 20 fiscales (hay 144) más y mínimo 100 jueces para atender el ya bastante colapsado sistema.Agrega que en la ciudad hay fiscales que tienen a cargo cerca de 500 procesos cada uno e incluso se aventura a decir que a partir de ahora “la vida natural de un juez o un fiscal no alcanzará para evacuar todos los casos que tienen asignados”.El problema entonces es que la justicia caleña está a punto de recibir una sobrecarga laboral inusitada que podría terminar por colapsarla del todo. Y lo peor es que las alarmas sobre esta situación llevan mucho tiempo encendidas y hasta ahora no se han tomado las medidas necesarias para corregir la situación. Un informe de la Defensoría del Pueblo, presentado al Ministerio del Interior en abril de este año, asegura que la acumulación de procesos judiciales ha sido un factor determinante para incrementar la inseguridad en la capital vallecaucana.“El atentado con un carro bomba al Palacio de Justicia, ocurrido el 1 de septiembre del 2008, aumentó enormemente la congestión. Esto provocó el cierre por más de dos meses de los estrados, y no fue posible ubicar unas instalaciones donde se concentraran todos los juzgados y fiscalías”, reza el informe.La Defensoría expresó que hay más de diez edificaciones distantes unas de otras, donde funcionan despachos de jueces penales y fiscales, “esta situación ha impedido la rápida movilización de los funcionarios”.“Ya han transcurrido dos años y diez meses del atentado y el Palacio no se encuentra funcionando, con la consecuencia que la ciudadanía y los abogados nos vemos gravemente perjudicados. Un 95% de los jueces, en sus diferentes jurisdicciones y los fiscales, están laborando en forma dispersa y en edificios inadecuados para tan vital labor”, se indicó en una carta que la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali le presentó al ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras.El ex personero de Derechos Humanos de Cali, Alberto Ramos añade que además de la falta de jueces y fiscales, parte el personal existente en el sistema de justicia no cumple ni siquiera los requisitos para atender este nuevo flujo.“Del personal existente un sector es impreparado porque no cumplió con las pruebas de aptitud, se colaron por factores de politización y burlas a las formas de selección durante los períodos de los fiscales Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán”. El abogado Fernando Gómez dice que para él el problema de la nueva ley es que tiene un enfoque demasiado “mediático”. “Como hay tantos muertos y escándalos, como los medios le hacen tanta bulla a ciertos crímenes, el Gobierno responde pero sin reflexionar lo suficiente sobre las verdaderas necesidades de la sociedad. No es que no sirva. Desde luego hay que castigar a los ‘fleteros’, a los que matan por un celular, a los que hacen ‘paseos millonarios’, pero se trata de tomar decisiones basadas en estudios completos, no en la efervescencia”, dice el abogado.Colapso a la vistaPara el abogado Víctor Hugo Vallejo, el problema con la Ley de Seguridad Ciudadana es que está dirigida al castigo y no tiene un elemento social que la complemente, lo que la hace, para él, poco eficaz ante la situación de seguridad en Cali.“El castigo penal debe ser el último recurso para la corrección de conducta. En lugar de hacer más coercitivas las normas ya existentes, lo que el Estado tiene que hacer es volverse eficaz, eficiente y veloz a la hora de aplicar las reglas”.Una postura similar tiene el ex fiscal de Aguablanca, Elmer Montaña. Para él ni el sistema penal ni el sistema carcelario están en condiciones de soportar el peso que traerá la nueva ley. Hasta el año pasado el hacinamiento en los centros penitenciarios de la capital vallecaucana alcanzaba el 400%.Sobre este hacinamiento, el ex Personero Ramos dice que la situación es preocupante. “Basta mirar lo que ocurrió en Cali con la prueba piloto que se realizó antes de sancionarse la Ley de Seguridad Ciudadana, más de 700 detenidos no contaron con instalaciones apropiadas y fueron puestos en libertad por falencias también en los procedimientos”.Otro tema que preocupa a los analistas es el de los menores infractores. El ex fiscal Élmer Montaña asegura que el punto en el que se determina que se aumentan penas a mayores de 14 años que cometan crímenes va en contra de la filosofía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, entidad encargada del cuidado de menores de edad cuando están en centros de rehabilitación.“Si con penas mínimas se escapan y en algunos casos atacan a sus guardianes, creo que si no hay una reforma inmediata y esa responsabilidad se le entrega a grupos especializados del Inpec, puede haber un verdadero problema de seguridad”, sentencia Montaña.El toro por los cuernosEl senador Juan Manuel Galán, ponente de la Ley de Seguridad Ciudadana, explicó que su implementación está directamente relacionada con las necesidades de la actual sociedad colombiana.El congresista liberal dijo que no se trata de una ley de momento, sino de todo un análisis de los principales problemas de seguridad que tienen las ciudades del país.Galán recordó las palabras del ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, quien al momento de anunciarla explicó que mucha de la violencia y las muertes que se están presentando son por causa de personas armadas, de residuos de bandas criminales que se reorganizaron y que, a diferencia de las guerrillas que tenían sus fortines en el monte, éstas los tienen en las urbes.“La Ley pretende resolver los problemas que han manifestado las autoridades judiciales y de policía para contrarrestar la ola criminal. La ley introduce modificaciones penales para enfrentar las pandillas y el microtráfico de estupefacientes, y ordena la creación de un registro único de permisos para armas de fuego. Esa es una realidad”, explica el senador Galán.Sin embargo, sí hizo unas observaciones para que en Cali se haga más efectiva su implementación y se logren los objetivos propuestos.El camino de prevención y judicialización adoptado por la ley requiere ser complementado con una mayor presencia policial que resulte disuasiva (Cali tiene hoy un déficit de cerca de 1.500 policías) y de suficientes jueces y fiscales calificados para enfrentar los retos de la delincuencia organizada y el crimen callejero”.Galán agregó que es urgente que en Cali se aglomere en el Palacio de Justicia la Rama Judicial de la ciudad para que haya una articulación entre jueces y fiscales.Además, hizo un llamado para que se prioricen necesidades en la ciudad ya que, según él, se invirtieron casi cincuenta mil millones de pesos en el estadio de fútbol y se pudo haber destinado a la justicia.“¿Cuales son las prioridades? Esta legislación no es suficiente y requiere de la adopción urgente de una política criminal con prevención social que hoy no existe”, concluye el congresista.