“La mayoría de concejales de Tuluá andan solos, sin protección”, así lo dijo el Alcalde de este municipio.

La situación de seguridad en el municipio de Tuluá es crítica y compleja. Así lo ha indicado el alcalde Gustavo Vélez tras el asesinato del concejal Carlos Arturo Londoño, en medio de un atentado cuando salía del coliseo de Ferias de ese municipio.

En el mismo hecho, que se registró el pasado 19 de abril, también perdió la vida Clarivet Ocampo, funcionaria de la Alcaldía.

Aunque por este caso ya hay cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad, lo cierto es que esto no tranquiliza a los cabildantes y secretarios de despacho que están amenazados.

El alcalde Vélez señaló como responsable de los crímenes y amenazas al grupo delincuencial La Inmaculada; al que, según afirmó, la pasada administración le dio espacios políticos, administrativos, contractuales y económicos, llegando a convertirse en una organización multicrimen dedicada a la extorsión, el homicidio y a la cartelización de los productos básicos de la canasta familiar.

“La llegada nuestra hizo que perdieran los espacios que tenían y que las autoridades comenzaran a tomar medidas para restaurar nuevamente la tranquilidad y seguridad de los tulueños. Por eso, este año han generado acciones terroristas, asesinando y extorsionando, como retaliación contra la administración municipal en cabeza mía, los secretarios de despacho y los concejales”, advirtió Vélez.

Si bien la Policía, el Ejército y la Fiscalía vienen trabajando de manera articulada para combatir a esta banda y así disminuir su capacidad de acción en el municipio, el mandatario insistió en que esta es una lucha que está funcionando a medio camino.

“Mientras los cabecillas de la organización como alias Pipe, Nacho, El Enano, Cachama, La Bruja (el único que aún estaría en una cárcel de la región), Caregallo y otros más sigan manejando desde las cárceles los negocios de extorsión, de acaparamiento de los productos básicos, y sigan ordenando asesinatos como los de los concejales Carlos Arturo Londoño y Eliecid Ávila, nuestros esfuerzos van a ser inútiles”, aseguró el mandatario.

Según dijo, se necesita un accionar mucho más contundente por parte del Inpec. “Lo que debería hacer el Inpec es incomunicar y aislar a esta gente, porque si esto no lo resuelve el Inpec, entonces es como si desde un sitio seguro estuvieran tomando todas las acciones de manera coordinada para afectar a la población tulueña en general”, subrayó el Alcalde.

En esta misma línea, el comandante de la Policía Valle, coronel Giovanni Cristancho, aseveró que hay una parte de la institucionalidad que hoy no está funcionando y apuntó al Inpec.

“El Inpec no está haciendo la tarea que le corresponde. Alias Pipe lleva más de 8 años en un centro penitenciario y su poder sigue intacto. Sigue haciendo llamadas y sigue mandando desde la cárcel. Todos los cabecillas de primer nivel están capturados y condenados, pero ellos siguen llamando y las extorsiones continúan. Le dicen a la gente, si quieren vayan al Gaula o a la Policía, pero usted me paga o se muere”, denunció el coronel Cristancho.

Frente a estos señalamientos, el director general del Inpec, coronel (r) Daniel Gutiérrez, explicó que están trabajando articuladamente con la Policía y la Fiscalía haciendo traslados, operativos y demás, para contener a todos esos delincuentes en las cárceles.

Pero reconoció que, aunque siguen cada día reforzando los procedimientos, “hay temas estructurales de corrupción que los estamos atacando con la Fiscalía. También hay temas técnicos como los inhibidores de señal de celular que no funcionan y eso no está en nuestras manos”, precisó Gutiérrez.

Sin embargo, anotó que en este momento están adelantando la Operación Dominó, enfocada en la contención de los fenómenos criminales provenientes de las cárceles.

Una seguridad que no llega

El día a día para concejales y funcionarios es complejo y peligroso en Tuluá. La mayoría de los cabildantes, están por fuera de la ciudad, pero no se sabe qué va a pasar con ellos cuando inicien las sesiones en junio.

Entre tanto, los secretarios de despacho están alternando su trabajo entre la virtualidad y la presencialidad sin generar ningún tipo de rutina que vulnere su seguridad.

“La inmensa mayoría de los concejales y secretarios de despacho andan solos porque no tienen un esquema de la UNP, la Policía está haciendo un acompañamiento, pero los concejales han estado muy desprotegidos”, aseguró Vélez.

Pero la seguridad que viene prestando la Policía no es suficiente, como quedó demostrado el 19 de abril.

“Algunos concejales que se han acercado a mí, a pedir protección, les tengo un policía y hacemos unos patrullajes diferenciales en sus sitios de residencia, pero esto no es suficiente. Además, ha implicado desmontar dos cuadrantes de convivencia y seguridad ciudadana para proteger a los señores concejales”, precisó el Comandante de la Policía Valle.

En ese sentido, lanzó una dura crítica a la UNP: “Estamos esperando que la Unidad Nacional de Protección, UNP, se apersone de su propia responsabilidad y pueda colocar rápidamente los esquemas que les corresponden a los concejales”, enfatizó el oficial.

Tras el homicidio de Londoño, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que la Policía Nacional les brindaría seguridad, mientras llegaban las medidas de la UNP. Algunos funcionarios han hecho la solicitud desde el mes de enero, a algunos se las han dado, a otros no.

Tanto el alcalde Vélez como el coronel Cristancho han llamado la atención sobre el tema de protocolos de la UNP, los procesos tan demorados y la duplicidad en la documentación que solicitan varias veces.

“Yo no puedo decir que no me corresponde o que toca esperar un estudio, yo no puedo hacer eso. Lo que yo debo hacer es brindarles la seguridad con los recursos que tenga. Es lo que estamos haciendo, pero no es suficiente porque antes se necesitan más hombres. Ojalá pudiera brindarles un esquema como ellos mandan, pero eso no es función de la Policía”, enfatizó el Comandante de la Policía Valle.

Estas no son las únicas quejas contra la UNP. Jhon Jair Toloza, representante de la Asociación de Protegidos de la UNP Colombia, denunció que los vehículos de la entidad están en mal estado, además de que no les dan viáticos a los escoltas y, por eso, no pueden acompañar a los protegidos en sus desplazamientos.

“Tenemos protegidos con riesgo extraordinario y solo le han implementado un botón, chaleco y celular”.

Asimismo, manifestó que demoran hasta cuatro meses para hacer un estudio de seguridad, que debe ser máximo de 30 días, entonces cuando este llega, ya la persona ha sido asesinada. “Tenemos compañeros con escolta y sin vehículo, y su seguridad se vuelve vulnerable”.

Todas estas situaciones los llevaron a hacer un plantón frente a las instalaciones de la UNP en Cali, y aunque acordaron hacer una mesa de diálogo aún no los citan. Dice también que no encuentran eco en la Procuraduría que es la encargada de vigilar esta entidad, que no aplica ninguna sanción a la UNP pese a lo que está pasando con los protegidos en todo el país.

Finalmente, la secretaria de Seguridad del Valle, Ana María Sanclemente, sostuvo que desde la Gobernación se activaron rutas de protección, además de las rondas permanentes de la Policía Nacional en los lugares de trabajo y residencia de los concejales. “Se diseñó el Plan Padrino para el acompañamiento de la Policía y se dispuso de un hombre de protección a aquellos concejales que presentan mayor riesgo”, manifestó la funcionaria.

Además, se vienen activando las rutas de protección y trámites con sentido de urgencia ante la UNP por nuevos funcionarios en situación de riesgo, así como también se solicitó de manera prioritaria la realización de un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas, CERREM, para el departamento.

Según Sanclemente, los resultados son contundentes contra La Inmaculada con la captura de sus cabecillas ‘Pipe’ y su hermano alias ‘Nacho’, quien lo reemplazó. Asimismo, de cabecillas de segunda línea que ahora están en la cárcel, al igual que 21 integrantes de esta organización, cinco de ellos con imputaciones por extorsión.

“En Tuluá se ha logrado el bloqueo institucional de la criminalidad en zonas focalizadas de tráfico de estupefacientes, la extinción de dominio de siete inmuebles, 303 capturas por diferentes delitos, 18 homicidas capturados, 37 vehículos recuperados y 21 armas de fuego incautadas”, indicó la funcionaria.

Reconoció, que la dinámica delictiva y la seguridad son cambiantes, sin embargo reiteró que “no escatimamos esfuerzos y recursos para dar las garantías de seguridad necesarias, infortunadamente en ningún lugar del mundo se puede eliminar el riesgo a cero, pero en gran medida depende de la efectividad de las acciones y eso es lo que estamos haciendo”.

No obstante señaló que “es la UNP la que debe gestionar urgentemente medidas provisionales en casos de riesgo inminente y excepcional”.

Tuluá, paralizada

El impacto del accionar de esta banda La Inmaculada ha sido tan fuerte que ha llevado al cierre de más de 500 establecimientos en el último año en el municipio, según informó el alcalde Gustavo Vélez.

Lo anterior, ha generado desempleo, disminuido las ventas y bajado los impuestos para la ciudad.

Además, debido a las amenazas y asesinatos se han cancelado certámenes como la Feria de Tuluá, que se realiza desde hace 67 años.

Igualmente, instituciones privadas como el Colegio Salesiano suspendió las actividades de mayo en honor de la Virgen e incluso el desfile de María Auxiliadora.

De igual forma, se han cancelado las actividades que se desarrollan en la misma comunidad a través de los departamentos de arte y cultura, Instituto Municipal del Deporte y Bienestar Social porque “lo que no queremos es que haya una exposición de los funcionarios de la administración municipal frente a estos actores delincuenciales”, dijo Vélez.