"La Ley de Víctimas no ha reparado a nadie": Procuraduría

Septiembre 16, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

Jaime Álvarez, quien encabeza la Procuraduría Delegada para las Víctimas, afirmó que duda de las cifras oficiales de restitución de tierra a víctimas del conflicto.

Apenas unos meses después que la Ley de Víctimas cumpliera dos años de ser promulgada, la evaluación que hace la Procuraduría General de la Nación sobre la misma es más que preocupante. Entre los factores que más alertan a la entidad está la lentitud con que se ha llevado a cabo el proceso en todo el país por cuenta de una evidente desarticulación de las entidades del Estado. El panorama es tal que la entidad planteó en reciente informe entregado a la Congreso de la República, que el Gobierno Nacional continúa en un modelo asistencialista anterior a la Ley de Víctimas, de forma que las víctimas están “atrapadas en la sin salida de las ayudas humanitarias”. De acuerdo con la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, la institucionalidad no ha llegado al componente reparador que busca la norma porque esas medidas están aún en su fase de diseño. Esa Delegada le reveló a Colprensa que preocupa especialmente la debilidad institucional en el Chocó, Nariño, Buenaventura, Valle del Cauca, Norte de Santander -especialmente en el Catatumbo-, y en Magdalena, en donde en Santa Marta ni siquiera se ha constituido el Plan de Acción Territorial, que es la forma de aterrizar a cada región la política pública nacional. De fondo, se reconoce que el atraso histórico es enorme y que la ley es un nuevo mensaje, es el reconocimiento del Estado de su responsabilidad por las víctimas pero, a juicio del Ministerio Público, el avance es lento y débil. “El problema es tan grande y el desgaste social es tan rápido que la ley y el Estado están atrasados conforme al fenómeno”, señaló a Colprensa Jaime Álvarez, quien encabeza la Procuraduría Delegada para las Víctimas que empezó a operar hace unos meses. Y sentenció: “la ley de víctimas no ha reparado a nadie”. De acuerdo con la valoración contenida en el informe que elaboró la Procuraduría junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría para el Congreso, las víctimas en este momento tampoco tienen garantizada la no repetición de los hechos. Se trata de un universo de 5 millones 568 mil 988 víctimas que están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) del Gobierno Nacional. De acuerdo con el informe, se han registrado un total de 6 millones 370 mil 267 hechos victimizantes, de los cuales el 82,9 por ciento corresponden a desplazamiento forzado. De hecho, en 2012 los defensores comunitarios y asesores regionales de desplazamiento conocieron de 88 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a cerca de 10.913 hogares y 44.073 personas, aproximadamente. Y, en lo corrido de 2013, la Delegada para los Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría del Pueblo ha acompañado, a través de sus equipos en terreno, 18 desplazamientos masivos en los departamentos de Cauca (10), Chocó (4), Putumayo (1), Antioquia (2), Magdalena (1) y Norte de Santander (1), en los que han resultado afectadas 7.339 personas. De acuerdo con lo detectado, “la Ley de Víctimas corre el riesgo de devenir en una norma asistencialista, lo cual impide el paso de un enfoque de solidaridad del Estado, a un enfoque de responsabilidad del Estado, en su calidad de garante”. El informe señala que en 2012 al componente de asistencia y atención humanitaria se dedicó el 20,3 por ciento del total de los recursos previstos (1,13 billones); que a la indemnización administrativa se asignó el 16,1 por ciento (900 mil millones ) a restitución el 13,8 por ciento (771 mil millones) y a otras medidas de reparación, como la garantía de no repetición y medidas de satisfacción, el 3,5 por ciento (193 mil millones). Para el Ministerio Público es preocupante que el registro de 165.132 víctimas que habían sido indemnizadas administrativamente para el 31 de mayo de 2013, obedezca a solicitudes presentadas con anterioridad a la Ley de Víctimas La restitución de tierras Con este panorama, la Procuraduría puso en duda que a 2021, fecha hasta la que va la Ley de Víctimas, la norma haya logrado la reparación integral y transformadora que busca. Otro elemento que preocupa a la entidad es el proceso de Restitución de Tierras por considerar que se ha quedado en el formalismo pues, a pesar de los fallos judiciales que se han producido, el proceso como tal no ha ido de la mano con los proceso de retorno. Según el reporte, el 80,8 por ciento de las solicitudes presentadas (35.223) están en áreas no microfocalizadas, sobre las cuales la Unidad para la Gestión y Restitución de Tierras Despojadas no ha iniciado acción alguna. “El 19,2% de los predios solicitados en restitución se encuentran en áreas microfocalizadas y sólo 5.254 solicitudes iniciaron el análisis formal. Así, quedan pendientes de restitución 281.155 predios, lo cual equivale a una tasa de 31.239 predios para cada uno de los nueve años restantes de vigencia de la Ley 1448 de 2011. Si la Unidad y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas sólo posibilitan una tasa de atención del 20% por año, la política de restitución no cumpliría las metas establecidas”, dice el reporte. Al hacer seguimiento a 80 fallos, la Procuraduría estimó que la situación de orden público en algunas regiones sigue siendo un impedimento para que las familias puedan volver a los terrenos titulados, en los que además no se han restaurado servicios públicos. Esa preocupación “post-fallo”, también es alimentada por una desarticulación entre las entidades que deben responder en el proceso de la Ley. Así, a juicio de la Procuraduría Delegada, hace falta liderazgo desde el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Víctimas, así como de las otras entidades relacionadas para “que cumplan su tarea”. Esta crítica también se extiende a los alcaldes y Gobernadores, quienes a juicio del Ministerio Público, tampoco “se han metido del todo en el cuento” de la Ley. Por eso, el procurador Delegado, Jaime Álvarez, se puso como objetivo ser la entidad que llene el vacío actual y sirva para que haya mayor apropiación de la norma tanto por todo el Sistema Nacional como por parte de las entidades territoriales y un lugar de llegada para las víctimas. La voz de las víctimas Un tercer componente tiene que ver con la participación de las víctimas, pues la Ley dispuso que representantes deben estar en las distintas etapas que contempla la norma y, según señaló la entidad, apenas hace unos meses se creó el protocolo para la elección de representantes. En este momento, ya los municipios y los departamentos tienen sus delegados y ahora vendrá el proceso de elección del nivel nacional. De ahí, a futuro, la Procuraduría así como los otros órganos de control del Estado podrán hacer un seguimiento más específico sobre si sus peticiones son o no atendidas.

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