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La infructuosa lucha judicial contra las bandas criminales

Con jueces de garantías y otras medidas extremas se espera detener el accionar delincuencial y las amenazas a la justicia.

4 de julio de 2010 Por: Redacción El País y Colprensa

Con jueces de garantías y otras medidas extremas se espera detener el accionar delincuencial y las amenazas a la justicia.

El frustrado intento de decretar un estado de conmoción interior, que se habría sustentado en la necesidad de frenar el crimen en las grandes ciudades y reforzar la justicia, volvió los ojos sobre las grandes limitantes que existen para controlar y sancionar las acciones de las bandas emergentes y otros delitos.Para mitigar este mal –uno de los lunares de la seguridad democrática: la delincuencia organizada en la ciudad– el Consejo de Política Criminal decidió designar 30 jueces nacionales de garantías en los 54 municipios más afectados por el accionar de los grupos armados ilegales, entre ellos los del norte del departamento del Valle y otros más de Antioquia, Córdoba, Sucre y Putumayo. “Hoy ni siquiera sabemos cuántos miembros hay en las organizaciones criminales, lo que sí sabemos y tenemos bien perfilado es a qué se dedican: narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y sicariato” , explica el fiscal general de la Nación (e) Guillermo Mendoza Diago, al reclamar mayor coordinación entre las entidades involucradas en la eventual solución.Y a pesar de que justo esta semana se dieron importantes capturas en una de las bandas emergentes más temidas del país: Los Rastrojos (hecho registrado en el norte del Valle) la misma terminó con un grave hecho ocurrido en el municipio de Envigado, donde murieron 9 personas y otras 10 resultaron heridas, al parecer fruto de un enfrentamiento en una discoteca, entre dos bandas que lideran Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, y Ángel de Jesús Pacheco, ‘Sebastián’.Cifras Las guerras entre estas organizaciones delincuenciales dispara el índice de homicidios en el país. En Cali se habla de 76 homicidios al año por cada 100 mil habitantes, le sigue Pereira con 68, Palmira con 67, Medellín con 65, Cúcuta con 53, Barranquilla con 31, Cartagena con 25 y Bogotá con 22. Al panorama de las guerras entre bandas, de las cuales se calculan diez en todo el país, se suma el de las amenazas de que son víctimas los jueces nacionales de garantías, situación que dificulta la captura y judicialización de los delincuentes.“Es muy difícil aplicar justicia en regiones apartadas donde no contamos con el apoyo necesario y en cambio nos exigen resultados. Las amenazas son pan de cada día”, comenta un juez del norte del país, donde operan las Aguilas Negras y la bandas Alta Guajira y Urabá.Otro factor que juega en contra de la encarcelación de los integrantes de las bandas es la mala aplicación a la Ley 1142 en la que se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.Precisamente, uno de los hechos que activó la idea de decretar una conmoción interior se registró el 19 de junio, cuando fue capturado por el Ejército Óscar Gálvis (alias Pantera), presunto jefe de sicarios de la banda Los Paisas. Ese día, el Presidente de la República le pidió al fiscal (e) Guillermo Mendoza, buscar mecanismos para que Galvis permaneciera en prisión porque se le iba a imputar el delito de porte ilegal de armas que es excarcelable. ‘Pantera’ fue liberado por error técnico en la captura.Justo en Caucasia, municipio donde se registró el hecho, el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio precisó que iniciarán los comités técnico-operativos regionales creados para las zonas donde operan las bandas criminales. La alarma por casos como el de ‘Pantera’ llevó al gobierno a pensar en la declaratoria de la conmoción, lo que provocó que el tema trascendiera de la esfera judicial a la política.RecomendacionesEl ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández no duda en recomendar mayor atención de parte de los asesores jurídicos de Palacio, pues para él es claro que la Constitución sólo permite este tipo de medidas cuando se da una alteración del orden público o amenaza que el Gobierno no pueda manejar con las atribuciones ordinarias.Aunque aún no se conocen todas las medidas con las que se buscan cumplir los objetivos de la frustrada conmoción interior, Hernandez considera que “las decisiones de los jueces, acerca de si una persona debe o no quedar en libertad, dependen del cumplimiento de la ley y ante un error los jueces pueden ser disciplinados” .Justamente esa razón fue esgrimida por los representantes de la Rama Judicial en el Consejo de Política Criminal, para salirle al paso a la propuesta presidencial. “Lo que se quiere es estructurar una lucha para combatir las bandas emergentes, en particular el concierto para delinquir”, señala Hernando Torres Corredor, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (ver entrevista anexa) “Las bandas criminales no son sólo asunto de la Fiscalía, nosotros sólo judicializamos casos. Necesitamos que la Fuerza Pública controle el territorio y nos capture a la gente; capturas legales, por supuesto, con todos los procedimientos y luego nosotros actuamos” , señala el fiscal general (e) , Guillermo Mendoza Diago, sumándose a Torres.Mientras que se ve si estas nuevas medidas entregan resultados certeros, en casos extremos como el registrado el viernes en Envigado el Gobierno acude al ofrecimiento de recompensas y al fortalecimiento de las redes de informantes.Otros cifran sus esperanzas en la resurrección del Ministerio de Justicia, que a juicio de José Alejandro Bonivento Fernández, a quien le fue encargada la tarea de elaborar la reforma a la justicia, constituye un avance, pero lo más importante es que los jueces recobren la credibilidad antes los ciudadanos. La semana entrante se espera que los comités operativos para la aplicación de la justicia empiecen a operar, con el fin de contener el problema más grande que en materia de seguridad afronta el país: la delincuencia en la ciudad.Las bandas criminalesLos Rastrojos: es el brazo armado de los hermanos ‘Comba’ y cuyo líder es alias Diego Rastrojo. Tienen influencia en Cauca, Valle y Nariño. Los Paisastras: la captura de alias Don Mario, el nuevo jefe es Óscar Galvis, alias Pantera. La banda es responsable de un alto número de homicidios en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Los Urabeños: comparten casi el mismo territorio con ‘Los Paisas’ por lo que se han enfrentado en varias ocasiones por el dominio de las rutas del narcotráfico. Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano: es el brazo armado de la banda de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. Los Machos: banda debilitada que está en el norte del Valle.

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