La droga se mete a las aulas escolares

En las afueras de los colegios se arma un disimulado carrusel para la venta de droga, detrás del cual estarían las oficinas de cobro. Alerta en las aulas.

Andrés fue el último muchacho del combo en salir del colegio. Sus nueve compañeros fueron expulsados del Santa Librada o se fueron por voluntad propia. A algunos los sorprendieron con droga, a otros haciendo vandalismo y alterando el orden. El joven se alcanzó a graduar. Nunca le comprobaron nada y él dice que no usó las sustancias que consumían sus compañeros. Pero reconoce que las afueras del colegio y el Parque de Jovita están sembrados de jíbaros y drogadictos. Lo mismo ocurre en los alrededores del Camacho, del Inem, del Politécnico, del Eleázar Libreros y de centenares de escuelas y colegios públicos y privados de la ciudad. Y el temblor llega a las aulas.Lo que Andrés nunca sospechó es que ese microtráfico en el que se movían sus amigos de colegio está manejada por peligrosas bandas y ‘oficinas de cobro’. Carmenza N, una líder de Aguablanca que ha debido lidiar con los pandilleros, jíbaros y bandidos de toda calaña en su sector relata su modus operandi: “Ellos traen la droga y se distribuyen geográficamente los sectores para venderla. Dicen: hermano, usted encárguese de esta escuela y usted de esta otra. También hay mujeres en el negocio, no están vinculadas al ejercicio del sicariato en la oficina de cobro, pero sí en la distribución de droga”. “Es la señora de entre 25 y 35 años que lleva la droga a la cintura en canguros, está en jean o en sudadera, se ve fresca, muy relajada cerca de las escuelas o los parques, busca esquinas estratégicas como si estuviera esperando a alguien, pero mentira, allí llega el uno y el otro a comprarle droga”, dice Carmenza.En realidad el mercadeo del microtráfico en los colegios es similar al de cualquier otro producto. Los distribuidores buscan estrategias para inducir el consumo entre incautos. Al menos en los alrededores de las escuelas de Aguablanca, hay una persona o máximo dos, encargadas de cada institución. El jíbaro suele ser familiar de algún estudiante para lograr la entrada y hace el contacto con los niños al interior del plantel. “Los niños lo ven como el jefe”, dice la fuente.El individuo “se ve todos los días, a veces a pie, a veces en bicicleta y uno cree que llegó al mediodía por un niño, a recoger a alguien; o a la hora del recreo se le ve rondando en la escuela y uno piensa que es que le llevó el entredía a algún niño”, agrega.“La droga la camufla en las loncheras o en el uniforme del pequeño. El tipo lleva la chuspita, si es en polvo, o la lleva en el jugo en forma líquida; o lleva el tatuaje o el chocolate y allí va la droga. Entonces le dice al niño: ve, te regalo esta chocolatina y reparte chocolatinas a diestra y siniestra, pero lo que en realidad está haciendo es empezando a abrir su propio mercado”...Peor aún, en algunos colegios se ha descubierto una novedosa y peligrosa forma de ‘drogarse’ con los químicos que se usan para la limpieza de los computadores. “Hay niños que se lo aplican como si fuera perfume, se lo echan en el uniforme donde dura más y al instante se les ve el cambio de comportamiento”, relata Carmenza N.Algunos más consumen pastillas o dulces a los que les untan marihuana líquida y hasta heroína para iniciarlos.Lo que hay detrásDetrás de este modus operandi hay muchas organizaciones que actúan como rueda suelta, no dependen de los grandes carteles de antes, sino de núcleos más pequeños y de las ‘oficinas de cobro’, las cuales han diversificado sus servicios y ya no sólo se dedican al sicariato, sino también al tráfico de drogas al menudeo.“El hombre que va a la escuela es sólo un mandadero, un distribuidor y tiene que rendirle cuentas a la oficina de cobro”, advierte Carmenza. Revela que en un solo pedazo que tenga asignado, que puede ser una esquina o los alrededores de un colegio, cada distribuidor vende un promedio de $500.000 diarios de droga al menudeo. Estos individuos se cuentan por cientos, quizá por miles en la ciudad.Generalmente la oficina de cobro que controla el negocio está en el mismo sector donde trafica y tiene milimétricamente distribuido el espacio geográfico entre su gente, por cuadras y esquinas, para que trabaje. Si alguien se atreve a traspasar sus linderos, puede pagar con su vida esa osadía.En muchos casos, el jíbaro que no puede entrar a la escuela o colegio se consigue un estudiante que le sirva de distribuidor interno. Catherine, una alumna de Santa Librada, dice que hasta el año pasado, un compañero se saltaba hasta dos veces por día la tapia del colegio para ir por droga y expenderla dentro del plantel. “Le iba tan bien que vendía hasta cien mil pesos diarios, de los cuales le quedaban como 50.000 o $60.000 , aparte de lo que él mismo consumía”, dice la estudiante.Marcela, otra estudiante, dijo que otro compañero llevaban brownies (ponqués) con marihuana que horneaban en su casa y los vendían por cantidades. “La traba de un pastel de esos duraba tres días”, comenta.Una fuente de inteligencia señaló que las oficinas de cobro que están en el negocio son apoyadas por gente que está dirigiendo laboratorios de droga en el Putumayo. “Las oficinas tienen el enlace urbano en Cali; incluso a veces es gente de Cali que está trabajando allá, maneja un laboratorio y traen para acá la droga. En Putumayo ellos sí deben pagar una vacuna para garantizar que lo que mandan llegue a la ciudad”, señala la fuente.Angustia máximaEl mapa urbano de ese negocio es cada vez más complejo, porque en la ciudad puede haber más de una veintena de oficinas de cobro y cientos, tal vez miles de distribuidores. Entre ellos parece haber un código de respeto territorial que, sin embargo, a veces se viola cuando se arrebatan espacios y entonces vienen las muertes.Así ocurrió entre octubre del año pasado y febrero de este año cuando una oficina de cobro del barrio Alfonso López quiso quitarle el negocio a una de Villa del Lago que recluta muchachos de Charco Azul e invasiones aledañas, donde hay cinco oficinas de cobro. “Eso produjo cantidad de muertos, balaceras por todos lados, homicidios todos los días por la guerra entre ellos”, dice la fuente. Lo más grave de la situación es que las autoridades no parecen darse por enteradas de la magnitud del problema y lo miran de reojo. Uno de los casos más críticos es el de una conocida escuela del barrio Siete de Agosto donde los padres de familia ya no saben qué hacer con sus hijos, sometidos a la amenaza permanente de los jíbaros. Fabiola, una madre de familia indicó que “la cosa es tan grave que ni el profesor ni el rector permiten que hablen mal del distribuidor; es algo que se sale de toda imaginación”.A ella le tocó sacar su niño de esa escuela, como a muchos padres, porque la situación se volvió insoportable. Dice que eso viene ocurriendo hace varios años y se han mandado cartas al Alcalde, al Secretario de Educación, a la Policía, al mismo Ministerio de Educación, a todo el mundo y nadie interviene para solucionar el problema. “Estamos solos, nadie nos escucha, nadie nos defiende, nos toca sacar nuestros hijos de la escuela”, dice la angustiada madre.Pero no sólo allí. La situación ya se repite en colegios de Potrerogrande y Pízamos que están prácticamente cercados por los jíbaros y los delincuentes. Las escuelas y colegios de garaje de Aguablanca son los más vulnerables porque no tienen un control directo de las autoridades de educación y muy poco de la Policía.Darwin Lenis, subsecretario de Educación de Cali, dijo que el tema se está afrontando con los colegios, hay una estrategia establecida y se conformó un comité de rectores para trabajar una propuesta que responda a la problemática.César Ocoró, rector del colegio Antonio José Camacho, indicó que la comisión (a la que él pertenece) presentará un proyecto que sería llevado al Concejo de la ciudad para intervenir integralmente el problema.Adelantó que el proyecto contemplará estrategias como trabajos con la familia, la escuela para padres, la revisión de la situación del estudiante, foros con los jóvenes, preocupación por su parte lúdica, recreativa, deportiva y cómo abrir espacios culturales para ellos de manera gratuita, de tal manera que la ciudad participe integralmente en la solución.Política públicaLos rectores de colegios de Cali se reunieron con el alcalde Jorge Iván Ospina para revisar el problema de violencia y droga en los planteles.El Alcalde dijo que se planteará una política pública a partir de las recomendaciones que entreguen los rectores que evalúan la situación para intervenir el problema.Entre otras cosas, planteó la necesidad de establecer de manera obligatoria una escuela de padres que haga pedagogía sobre responsabilidad familiar con los muchachos.Señaló que se reforzará el control y vigilancia en los alrededores de las instituciones educativas para perseguir a los delincuentes.La Policía indicó que no puede intervenir dentro de los colegios sin la petición de los rectores y que lo hace en las afueras con su autorización.