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“La delincuencia se ha ensañado con nuestros jueces”

El magistrado Hernando Torres C., presidente del Consejo Superior de la Judicatura, advirtió que la seguridad para el poder judicial es muy débil.

24 de marzo de 2011 Por: Laura Marcela Hincapie

El magistrado Hernando Torres C., presidente del Consejo Superior de la Judicatura, advirtió que la seguridad para el poder judicial es muy débil.

Conmocionado. Así se encuentra todo el país debido al asesinato de la juez Gloria Constanza Gaona del municipio de Saravena, Arauca, quien tenía a su cargo el caso del asesinato de tres menores en el departamento.Dos sicarios le propinaron cinco disparos en la cabeza, en plena plaza del municipio. El brutal asesinato ha puesto sobre la mesa la inseguridad que enfrentan los jueces en Colombia. El magistrado Hernando Torres Corredor, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, habló con El País y reveló que la situación es preocupante: van cinco jueces asesinados, 750 amenazados, 197 trasladados y tres han sido privados de su libertad. La muerte de la juez de Arauca generó un gran debate en el país frente a la seguridad de los jueces. Para usted, ¿qué tan crítica es la situación?En los últimos cuatro años los jueces han recibido amenazas escritas, verbales y hasta sufragios. Entre el 2007 y el 2011 se han contado 750 intimidaciones, de las cuales el 20% es de alto riesgo (amenazas de muerte). Para nosotros es obvio que la situación es muy preocupante y ha generado un clima de inseguridad.El esposo de la juez Gaona afirmó que la protección a los jueces en el país es “muy débil y flaquea”...Eso es cierto. La protección es débil, además porque son 4.155 jueces y magistrados que trabajan en el país, distribuidos en 1.100 municipios, y no se trata de ponerle un escolta a cada uno, sino de detectar a tiempo los riesgos. ¿Cuántos jueces han sido trasladados por amenazas y cuánto tarda el proceso?Desde el 2000 hemos trasladado a 197 jueces. El proceso se da de inmediato, una vez se conocen los riesgos. ¿Quién tiene la gran responsabilidad de medir qué tan grave es el riesgo? Los órganos del Estado y la Policía Nacional. Ya tenemos cinco asesinatos y tres secuestros. Las amenazas han sido una bofetada muy fuerte, particularmente para los jueces penales. Entonces, ¿esos órganos fallaron en la seguridad de la juez Gaona? Ella no reportó amenazas. Obviamente este trabajo tiene un alto nivel de riesgo, además porque los jueces actúan de cara a los ciudadanos y son observados. La Policía ha hecho un buen trabajo, pero tenemos 2.100 municipios con jueces de carácter penal. Es claro que el sistema de seguridad está fallando, ¿qué cambios se deben hacer?Sí, hay que replantearlo. Se tienen que introducir otros elementos. No sólo tener escoltas, sino contar con redes de seguridad más amplias y con una sistema de alertas tempranas frente a las amenazas.¿No le parece que las autoridades no debieron esperar a que la juez reportara amenazas, pues el solo hecho manejar un caso tan importante es razón suficiente para contar con una seguridad especial? Claro, lo que pasa es que en todos los departamentos hay consejos de seguridad y éstos son los que miden las consecuencias para jueces y fiscales. El caso que tenía la juez Gaona era público, pero hay muchos así en todo el país y por eso necesitamos ir más allá de una medida particular para un juez y lograr redes de inteligencia para que protegerlos a todos.Dependiendo del tipo de casos que tienen a su cargo, ¿quiénes son los jueces que enfrentan el mayor riesgo en Colombia?Usted recordara que los jueces del país, empezando por nuestra Corte Suprema de Justicia, han recibido muchas amenazas. La franja más intimidada son los jueces especializados penales del circuito, porque tienen los casos más delicados, como los de tortura, trata de personas, terrorismo y otro tipo de delitos que afectan la sensibilidad de la sociedad. Lo que hay que ver es que a pesar de todo el esfuerzo que hacen los funcionarios, la delincuencia organizada se han ensañado contra nuestros jueces y el poder judicial. Por eso reclamamos más seguridad. ¿Usted no cree que esos casos, como usted dice, que generan tanta sensibilidad deberían estar a cargo de jueces especializados en Bogotá y no en municipios pequeños, donde los funcionarios no cuentan con suficiente seguridad? Pues en el caso de las capturas y medidas aseguramiento la Sala Administrativa del Consejo Superior, frente a las bandas criminales, creó un grupo del 30 jueces especializados de control de garantías que está funcionando en las cabeceras de distrito y van a los lugares donde se hacen las audiencias para que los jueces locales no sean objeto de intimidaciones. Es decir que son jueces itinerantes. Vamos a tener que ponerlos también en el circuito, donde se juzgan este casos de alto impacto en el país.¿La fuerte presencia de las bacrim en varias zonas del país ha aumentado las amenazas contra los jueces este año? Yo diría que sí han aumentado en el último año, precisamente porque la Fuerza Pública y la Fiscalía ha sido más fuerte con esta delincuencia y ha habido un juzgamiento público, pero cuando no hay las condiciones de seguridad la situación se complica. Entonces ha faltado más colaboración de parte de la Policía Nacional...No, yo creo que la Policía ha cooperado mucho, lo que pasa es que el fenómeno criminal es muy grande. Y ser juez en nuestro país es una profesión de alto riesgo. A la juez Gaona no la habían amenazado, pero apareció sorpresivamente asesinada. ¿En Colombia los jueces están trabajando con miedo?Pues en la medida en que los amenacen. El poder judicial ha sido muy valiente y los jueces han dado ejemplo de lo que es el deber ciudadano.

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