La corrupción mató esperanza de reparación en Trujillo

20 años después de la masacre que acabó con la vida de 342 trujillenses, los deudos de las víctimas aún siguen esperando la ayuda del Estado.

La verdad, la justicia y la reparación integral son palabras aún desconocidas para los familiares de las 342 víctimas de la Masacre de Trujillo.Luego de 20 años de haberse registrado ese episodio triste en la historia de Colombia, estas personas se resisten al olvido y a la injusticia. Desde esa época, cuando la violencia en Trujillo estaba en pleno furor, la vida cambió para siempre para los habitantes de esta pequeña población. “En Trujillo todos somos damnificados de la violencia, así no seamos víctimas directas de esa barbarie”, dice el concejal Gustavo González Gallego, para quien es increíble el poco interés del Gobierno en esta población enclavada en las estribaciones de la cordillera Occidental.Los mismos dolientes aseguran que sólo 34 de las 107 familias afectadas fueron indemnizadas.Aura Rosa Acevedo, una campesina de 71 años del corregimiento de Venecia, no pudo hacer nada para evitar que en 1990 un escuadrón de asesinos acabara con la vida de su hijo Gustavo, de 18 años, a quien bajaron de una chiva junto a otras personas y acribillaron a un lado de la carretera. La mujer cuenta que desde ese día sigue esperando la ayuda que le prometió el Gobierno.Aura, agobiada por los años y las enfermedades, ya perdió todas las esperanzas de una reparación digna, aunque reconoce que la vida de un hijo no tiene precio. “Por lo menos se hubieran acordado de nosotros para hacer más llevadera nuestra situación de pobreza”.Con esa misma desilusión pasa sus días doña Rosa Elena Montoya. A sus 84 años intenta sobrevivir sola y enferma en una habitación alquilada en el barrio La Paz. “Primero nos vamos a morir de viejos, antes que recibir una ayuda del Estado”, expresa mientras observa desconsolada las ruinas de lo que sería el plan de vivienda La Paz II, en donde se invirtieron $240 millones en un terreno no apto para proyectos habitacionales.“Estas ruinas son el testimonio de la corrupción tan grande con que se manejaron los $8.600 millones que destinó la Nación para reparar el daño que sufrió esta comunidad”, manifestó la hermana Maritze Trigos, de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, quien desde hace diez años acompaña a los familiares de las víctimas de Trujillo, agrupados en la asociación Afavit.La religiosa también cuestiona un informe de la Vicepresidencia de la República, que dice que durante los años 1996, 1997 y 1998, en Trujillo se hizo una inversión de $130 millones en la conformación de 16 granjas integrales y se crearon varias empresas asociativas de trabajo de mujeres.“¿Dónde están?, ¿quiénes las manejan?, ¿a dónde fueron esos recursos?”, se pregunta una y otra vez la hermana Maritze, quien asegura que debido a irregularidades presentadas en el manejo de los dineros del Plan de Inversiones de Trujillo se creó una comisión integrada por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, que estuvo investigando los hechos hasta el año 2000. Todavía se desconocen los resultados. Aunque con esa partida se pavimentaron algunas vías en el casco urbano, se repararon varias escuelas y dictaron talleres y capacitaciones, entre los habitantes de Trujillo quedó el sabor amargo de ver obras inconclusas, como la pavimentación de la vía La Sonora-El Crucero-Puente Blanco, en donde supuestamente se hizo una inversión superior a los $ 737 millones.De acuerdo con la investigación que hicieron los organismos de control, en el Hospital Santa Cruz se entregó una dotación que incluyó una máquina de anestesia, una incubadora, una mesa quirúrgica y un electrocardiograma, por un valor de $325 millones. Pero, según los familiares de las víctimas, el costo de esos equipos no superaba los $100 millones. “Nunca se consultó cuáles eran las necesidades reales del hospital. Además esos equipos no eran adecuados porque se requería un presupuesto adicional para su funcionamiento”, manifestó un funcionario del centro asistencial. Bertha Marín es otra de las mujeres que ya no cree en las promesas que le hicieron. Todos los días tiene que madrugar a lavar y planchar ropa ajena, pues este oficio se convirtió en la única fuente de ingresos para sostener a su familia.Esta campesina, quien hoy vive en el barrio La Plazuela, tuvo que abandonar su parcela en el corregimiento de La Sonora, luego de que un grupo armado se llevara a sus hijos, Arley y Édison, de los cuales nunca más se volvió a saber.Hace quince años, cuando el Gobierno aceptó la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre de 107 personas, al reconocer que ese fue un crimen de lesa humanidad, las esperanzas de mejorar las condiciones de vida de su familia renacieron en doña Bertha. Pero el tiempo pasó y la mujer empezó a perder la fe. La indemnización que debía pagar el Ministerio de Defensa por la desaparición de sus hijos nunca llegó.El sufrimiento no termina Muchas personas afectadas por la violencia continúan como desplazadas en el casco urbano de Trujillo, en otros municipios vallecaucanos e incluso están por fuera del país. Todos ellos siguen a la espera de que la Nación algún día cumpla su promesa.Según la alcadesa de Trujillo, Gloria Amparo Espinosa, uno de los factores que contribuyó para que el Plan de Inversiones no se materializara, fue la falta de interventoría del Gobierno local, pues fue ejecutado por agentes externos, ajenos a los intereses y a las necesidades de los trujillenses.