Juez envía a la cárcel a Bartolo Valencia, alcalde de Buenaventura

Al alcalde Valencia se le acusa, junto a otros de sus funcionarios, de defraudación que llega a los $919 millones por contratos de cobertura educativa.

El juez cuarto penal municipal con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, y a tres de sus funcionarios.

Además de Bartolo, irán a la cárcel Yaser Valencia Saa, quien fue coordinador del plan de cobertura educativa durante la administración; Carlos Enrique Riáscos Mosquera, quien se desempeñó como Secretario de Educación y Ancizar de Jesús Yepes Idarraga, asesor jurídico de la Secretaría de Educación, todos investigados por presuntas irregularidades en la contratación de la educación en Buenaventura.

Según el juez, la medida de aseguramiento se tomó debido a que los acusados podrían entorpecer, obstruir, el desarrollo de  las investigaciones. 

Igualmente a uno de los contratistas investigados, Pedro Marino Barahona Gamboa, se le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. 

Este contratista le habría aportado dinero a la campaña de Valencia Ramos, según se denunció en la audiencia, al igual que Yaser Valencia Saa.  

Al resto de los contratistas investigados, de otro lado, les dieron medida de aseguramiento domiciliaria. 

El abogado del Alcalde, Gustavo Moreno, aseguró tras la decisión del juez que “lo que hemos percibido en este proceso es que está amañado. Desde que inició ha estado plagado de irregularidades, no tenemos garantías”, y enseguida aseguró que instaurará una acción de tutela

Bartolo Valencia Ramos, de 59 años, es abogado de profesión y se le acusa, junto a otros de sus funcionarios, de  defraudación que llega a los $919 millones. 

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Valencia y los otros detenidos habrían incurrido en un caso de defraudación en 2012, cuando el Ministerio de Educación giró a Buenaventura $103 mil millones, de los cuales $25 mil millones estaban destinados a la ampliación de cobertura. 

Fue parte de este dinero, según sostuvieron los fiscales, el que se malgastó por los funcionarios públicos en contrataciones con colegios que no cumplían los requisitos mínimos de la ley.  

El miércoles pasado el fiscal le imputó los delitos de  celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

[[nid:459447;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/09/a4orden1sept15n1photo01.jpg;full;{Vea las imágenes del traslado del alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, a la audiencia en Buga luego de ser acusado por presuntas irregularidades en la contratación de cupos escolares en la ciudad.Cortesía de la Fiscalía General de la Nación}]]

Los contratos

En la intervención se enumeró cada uno de los contratos. Uno de ellos se firmó con la Corporación Héroes del Saber, que se constituyó meses antes del convenio con un capital en Cámara y Comercio de $800.000. A esta entidad se le entregaron $320 millones  para educar a 400 niños. 

“El 70 % de esos cupos fueron subcontratados. Por cada niño recibían $100.000, pero le pagaban a las colegios que subcontrataron $50.000”, indicó el fiscal en la audiencia.

Agregó que en el proyecto que presentaron  se habló de que tenían capacidad para atender dos mil cupos, que tenían 20 instituciones educativas con docentes, psicólogos y trabajadores sociales, así como 20 computadores y dos laboratorios.

Otro de los contratos fue con la Fundación Afroamericana para la Educación Cultura y Desarrollo por un valor de $880 millones para 1100 cupos. Se subcontrató con tres entidades, una de ellas del mismo representante legal.

También se presentó el certificado del Consejo Nacional Electoral en el que se indicaba  que el representante legal, Marino Barahona, había aportado $5 millones a la campaña de Bartolo Valencia a la Alcaldía.

Luego, se reveló que uno de los contratos en los que se firmó un otrosí fue el de la Corporación Perla ONG. Aunque la primera contratación se realizó con el colegio Alaín Valencia, con el otrosí se le entregó el contrato de $352 millones a Perla ONG.

Sin embargo, “llama la atención que Perla ONG subcontrató con otros cuatro colegios, uno de ellos Alaín Valencia, cuyo representante legal es el mismo”, señaló el fiscal.  

Entre tanto, con la Fundación Paraíso de los Ángeles, constituida con un capital de $2 millones, el contrato para 1400 cupos fue por $1120 millones. 

Para la Fiscalía, esta fundación no tenía la capacidad financiera para cumplir con este contrato ni con la propuesta que entregaron, en la que aseguraron que tenían 138 empleados. En la investigación, agregó el ente acusador, se corroboró que en las planillas de seguridad social solamente tenían inscritas a tres personas.

Luego de enumerar cada uno de estos contratos, la Fiscalía ratificó que le imputaba a los detenidos los delitos de   celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación,  a unos como determinadores y a otros como coautores. 

La audiencia fue suspendida en la noche de ayer y continuará hoy cuando el juez decida la situación jurídica de los imputados.