Jefes paramilitares de Justicia y Paz saldrían libres este año

Enero 28, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Alejandra Bonilla Mora | Colprensa
Jefes paramilitares de Justicia y Paz saldrían libres este año

En agosto del 2006 los jefes de las AUC, Ernesto Báez, Salvatore Mancuso y Ramón Isaza visitaron el Congreso. Mancuso está preso en EE. UU. mientras Isaza y Báez podrían salir este año.

Ya se cumplen ocho años del tiempo estipulado por la ley. Sin embargo, solamente hay 14 sentencias.

Este año es definitivo para Justicia y Paz al cumplirse los ochos años que se estipuló como pena máxima para los paramilitares desmovilizados, que podrían salir libres en los próximos meses.De hecho, por pena cumplida y sin ser condenado, quedó en libertad hace apenas unos días el exparamilitar John Jairo Álvarez Manco, alias El Mono, desmovilizado del Bloque Bananero. Entre marzo y junio podrían salir de prisión comandantes como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, del Bloque Central Bolívar.En la lista que contiene 63 nombres, resalta, además, Úber Enrique Banquez Martínez, alias Juancho Dique, señalado responsable de las más cruentas masacres que vivieron los habitantes de los Montes de María, así como Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino. Ambos, son dos de los pocos máximos responsables que han sido condenados dentro del marco de Justicia y Paz.El proceso, desde que empezó, ha dejado hasta ahora 14 sentencias, en medio de críticas por el esquema que dispuso la Ley que hasta hace poco seguía haciendo imputaciones hecho por hecho, víctima por víctima, en un modelo de justicia transicional que seguía teniendo elementos de un proceso ordinario.Ahora bien, las condiciones para que puedan quedar libertad son que hayan cumplido ocho años en prisión contados desde el momento que fueron postulados y no desde que entregaron los armas y desde que estuvieron a disposición de un centro de reclusión controlado por el Inpec.Además, en cada caso particular, el magistrado de Justicia y Paz que resuelva la petición, deberá analizar, si en efecto han contribuido en el proceso, han asistido a las versiones, han aportado la verdad que conocen, han entregado los bienes para la reparación, entre otros.Su libertad, no obstante, no significa que salgan de Justicia y Paz pues, además, deben cumplir con una serie de requisitos como acudir a las citaciones hasta que se emita sentencia. Si no lo hacen, el riesgo que corren es el de ser excluidos de Justicia y Paz y enfrentar la posibilidad de hasta 40 años de cárcel en un proceso ordinario.El dilemaLa directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, (ICTJ por sus siglas en inglés), Camila Moreno, señala que este es uno de los primeros retos de paz que deben enfrentar los colombianos este año pues el Estado Colombiano debe honrar el compromiso adquirido, más si se está negociando con las Farc en La Habana, Cuba.“En estricto sentido la responsabilidad de que después de ocho años los postulados no tengan sentencia, no es de los postulados sino del sistema judicial, del diseño mismo de la ley de justicia y paz. Entonces el Estado tiene que honrar su compromiso y es un mensaje muy importante también de cara al proceso de paz de La Habana”, explica.Ahora bien, por otro lado está el temor razonable que podría generar la libertad de los exjefes paramilitares y su posible ubicación en las zonas en las que otrora delinquieron; así como incluso el temor de que vuelvan a manejar redes delincuenciales o que se reúnan con sus antiguos subalternos.El presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo Pérez, dijo que aún no han empezado a revisar casos puntuales pero señaló que desde el comienzo han advertido su desacuerdo con los procedimientos de la Ley y la pena impuesta para los “aberrantes crímenes cometidos”, por lo que esperan que los jueces y la Fiscalía actúen en los casos que sea necesario.Para Pérez, “la Ley de Justicia y Paz ha sido una gran frustración”. Como representantes de las víctimas y defensores de derechos humanos, las 14 sentencias existentes han dejado poca justicia y pocas víctimas reparadas pues incluso ha habido demoras para identificar los bienes de los paramilitares desmovilizados a fin de que pueden ser utilizados para la reparación. Para Moreno, el ensayo y error que llevó a que finalmente la Fiscalía y el Gobierno promovieran una reforma a la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), fue la muestra de que el mecanismo estaba mal hecho ante la cantidad de personas a las que iba a estar dirigido, a pesar del esfuerzo de la Rama Judicial para llevar a cabo el proceso. Incluso la Fiscalía hizo un ‘mea culpa’ y reconoció que tal y como estaba direccionado el proceso era imposible cumplir, más si se tiene en cuenta en la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz hay más de 400 mil hechos que afectan aproximadamente a 456 mil víctimas.Además, la inminencia de la libertad de los grandes jefes comandantes fue considerada al interior de la Fiscalía como una ‘carrera contrarreloj’, a fin de tratar de impedir que esas libertades se materialicen sin que los máximos responsables de graves crímenes hayan sido sentenciados.La reacción entonces consistió en priorizar casos, elegir, e imputar a 16 ex comandantes por más de 11 mil hechos que comprometen a 34 mil víctimas y la meta es obtener 16 macrosentencias para antes de junio de este año.El director de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz, Juan Pablo Hinestrosa, reconoció en diciembre pasado que esa posibilidad preocupó a la Fiscalía, aunque señaló que la apuesta de la priorización, se espera poder cumplir con la justicia transicional. Así, indicó que ahora dependerá de los magistrados conseguir ese fin.La priorizaciónEn el 2013, en Justicia y Paz la Fiscalía empezó con la priorización de casos, proceso que derivó en la imputación a 16 máximos responsables de más de 11 mil hechos que afectaron a 34 mil víctimas. Además, 12 exjefes de las AUC, dos de las Farc (alias 'Karina' y 'Martín Sombra') y uno del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) se encuentran en procesos de imputación de cargos.En el caso de Salvatore Mancuso, jefe de los Bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las AUC, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación por 674 hechos priorizados de desaparición forzada, 794 de desplazamiento forzado, 209 casos de violencia basada en género, 505 reclutamientos ilícitos y 506 casos de connotación, que en total suman más de 8400 víctimas.

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