Informe de la U. Sergio Arboleda cuestiona resultados de Santos en seguridad

El Centro de Seguridad y Democracia, que dirige el analista Alfredo Rangel, dice que aumentaron los ataques de las Farc. Aunque hay baja en homicidios, los secuestros aumentaron en el 2011.

A pesar de que las tasas de homicidio se han reducido en el país y de que se han propinado grandes golpes a las Farc, como la muerte de Guillermo León Sáenz (alias ‘Alfonso Cano’) , las acciones de la guerrilla han aumentado, los operativos de las Fuerzas Militares han disminuido y los indicadores de la seguridad urbana se han deteriorado en Colombia.Así lo señala un informe del Centro de Seguridad y Democracia, de la Universidad Sergio Arboleda, que preside el analista Alfredo Rangel.De acuerdo con el documento, aunque el año pasado la tasa de homicidios en el país cayó un 5%, indicadores como el secuestro aumentaron de forma preocupante.“Los secuestros ocurridos en 2011 aumentaron un 10% con relación al año 2010 (pasando de 209 a 229), pero si se comparan con el año 2009 (158) el aumento en el presente año es de 45%”, indica el informe, que explica que la delincuencia común realiza el 58% de los plagios, la guerrilla el 39% y las bandas criminales el 3%. Este tipo de delitos se presentaron en su mayoría en Valle , Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá.Según el informe, además, “el hurto de automotores ha sido el más alto de los últimos 5 años, exceptuando el 2010; el hurto a entidades financieras el más alto de los últimos ocho años; el hurto a personas, el más alto de los últimos nueve años, y el homicidio el más alto de los últimos seis años, exceptuando el 2010”.Otro aspecto que preocupa son las acciones violentas contra la infraestructura económica nacional. “Lo preocupante es que los sabotajes del 2011 registran el más alto número de los últimos cinco años (308 casos frente a 215 en 2009)”.Los ataquesSin duda los que más preocupa son los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública que, dice el informe, aumentaron un 24% con relación al año pasado, siendo “el 2011 el tercer año consecutivo en que se presentan incrementos en este aspecto (…) De igual manera, durante el presente año la cantidad de ataques de la guerrilla ha triplicado los ocurridos en el 2008, año a partir del cual se presenta un aumento sostenido de estos ataques”, dice el informe que señala que estos se presentaron más en Cauca , Nariño y Arauca.De acuerdo con el informe, en 2007 se produjeron 1.700 combates por iniciativa de las FF.MM. y 200 ataques de las Farc, en 2008 fueron 800 combates de las fuerzas oficiales frente a 150 ataques; en 2009, 400 combates por 200 ataques; en 2010 fueron 400 combates por 350 ataques y en 2011, 400 combates por igual número de ataques.“No es solo el incremento de las acciones violentas de las guerrillas, sino la disminución simultánea de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra estos grupos ilegales durante los últimos años. En efecto, con relación al año pasado, en el presente año se presentó una disminución de un 4 por ciento en estas acciones ofensivas de las fuerzas del Estado”, dice el informe.Ese es el factor clave que resalta Rangel para señalar un retroceso en seguridad. El informe analiza que la disminución en los combates no sólo obedece a una reducción del tamaño de la guerrilla, sino que el problema es que “la caída de las operaciones militares ha sido mucho mayor, proporcionalmente hablando, que la merma en el pie de fuerza y la presencia territorial de la guerrilla”.Y esto es así, de acuerdo con el informe, porque la comparación resulta negativa para las Fuerzas: “El número de sus ataques contra la Fuerza Pública en 2011 es prácticamente el mismo” y esto significa que “la guerrilla ha duplicado la intensidad relativa de su actividad, pues con la mitad de sus hombres realiza en mismo número de operaciones”.“Algo distinto ocurre con las Fuerzas Militares, pues entre 2002 y 2011 aumentó en 41 por ciento su pie de fuerza, creció en 21% su movilidad aérea e incrementó en 61 por ciento su presupuesto; no obstante esas cifras, su nivel de operaciones contra la guerrilla descendió”, añade el informe.A juicio del Centro de Seguridad y Democracia, las Fuerzas Militares deberían ahora estar ejecutando contra la guerrilla al menos la mitad de los combates que ocurrían en 2003, para mantener el mismo tipo de presión y para que eso fuera así actualmente tendrían que al menos multiplicar por dos veces y media el número actual de sus operaciones ofensivas. “En otros términos, en la lucha contrainsurgente nuestras Fuerzas Militares están hoy andando a media marcha”.Las causasPara explicar esas circunstancias, el informe se remite a la ‘baja moral’ de las tropas como factor determinante en la caída del nivel operacional de la Fuerza Pública, que estaría relacionada con la inseguridad jurídica “por culpa, --dice el informe-- de la abolición, en la práctica, del fuero militar y de la desarticulación de la Justicia Penal Militar”.El informe indica que el hecho de que en la actualidad sean los fiscales y jueces civiles quienes investiguen y juzguen de oficio los hechos ocurridos en desarrollo de operaciones militares y policiales “conforma un estado de cosas absolutamente inconstitucional”. Cosa que se agrava si los jueces civiles no tienen la formación necesaria para investigar y juzgar la conducta de los militares con arreglo a los códigos que son propios de la milicia.Para ilustrar esta explicación, el informe se remite a las condenas al general Armando Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas, por los hechos ocurridos durante la retoma al Palacio de Justicia (en 1985); la del general Humberto Uscátegui, por los hechos de Mapiripán; la destitución sin juicio de 28 oficiales y suboficiales en 2008, tras el escándalo de los falsos positivos, y el acto administrativo firmado en 2006 por los entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, y fiscal general, Mario Iguarán, mediante el cual desde ese momento todos los casos penales que incriminaran a miembros de la Fuerza Pública son investigados y juzgados de oficio por la justicia civil y no por la Justicia Penal Militar.Además, el Centro de Seguridad y Democracia cuestiona el fallo de la Corte Suprema de Justicia que invalidó como prueba jurídica los documentos contenidos en los computadores de Raúl Reyes y la condena a la Nación por parte del Consejo de Estado por la toma de las Farc a la base de Las Delicias.“No es casual que la caída del nivel de operatividad de las Fuerzas Militares coincida en el tiempo con todas esas decisiones que han deteriorado la determinación de combate de las fuerzas del Estado. La consecuencia de esas decisiones es que en medio de esta inseguridad jurídica la tropa no quiere correr riesgos, para evitar exponerse a ser objeto de investigaciones judiciales realizadas por fiscales y jueces civiles que nos le brindan las garantías necesarias”.Así las cosas, en el informe se rechaza que el rebrote de la guerrilla tenga que ver con un nuevo cambio de operación o un reajuste estratégico de las tropas a la actuación de las Farc, sino que deja cómo única razón de este “declive” a los factores morales.Por eso, el informe propone la restitución plena del fuero militar, y la modernización de la Justicia Penal Militar, y los califica como asuntos de privilegiada importancia para la seguridad nacional en Colombia.