Indígenas ratifican su posición de sacar actores armados de sus territorios

Las autoridades indígenas exigen al Gobierno que se les reconozca su autonomía territorial y que cumpla con los pactos que se han realizado en los últimos años.

Luego de una discusión en la mesa de concertación de los pueblos indígenas, donde se reúnen los representantes de cada una de las comunidades del país, los voceros de estas comunidades ratificaron que la Fuerza Pública debe abandonar sus territorios, y comunicaron que su inconformismo con el Gobierno Nacional radica en que no ha cumplido los acuerdos pactados con la comunidad.En un comunicado expedido luego de la mesa de concertación nacional, los indígenas afirman que “se han presentado toda clase de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, los cuales se expresan en que de los 96 acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, a la fecha, ninguno ha sido cumplido a cabalidad y en relación con la Ley de Victimas, los pueblos indígenas y comunidades no hemos recibido beneficio alguno”.Asimismo, los indígenas manifiestan que tienen la disposición de dialogar con el Gobierno desde que se reiniciaron los acercamientos en octubre de 2010, cuando era ministro Germán Vargas Lleras. Los firmantes aseguran de manera tajante que no quieren más guerra en sus territorios y que, cansados del conflicto que se desarrolla en medio de sus campos y pueblos, decidieron “sacar literalmente de sus resguardos al Ejército Nacional y a las Farc”.Por otro lado, el pueblo indígena denuncia que el Gobierno ha emprendido una campaña de desprestigio contra ellos, pues según el comunicado, se ha invertido la concepción de víctimas, posicionándolos como parte de uno de los actores armados. Alberto Yase, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, dijo que la campaña del Gobierno en medios de comunicación es xenofóbica.La organización indígena dejó claro que no tiene nada contra los soldados. “Sabemos que son campesinos e indígenas que han sido reclutados por el Ejército Nacional y reiteramos que nuestra inconformidad es con las políticas públicas que el Gobierno colombiano pretende implementar, desconociendo nuestro legítimo derecho a existir como pueblos diferenciados y con autonomía territorial en el marco de la República unitaria consagrada en la Constitución”.Al respecto, Enrique Serrano, politólogo de la Universidad del Rosario, dijo que esta situación es una expresión “de la pésima forma en que el Gobierno ha manejado todo este asunto, creando una especie de área excepcional. Este es un mal precedente para lo que pueden ser protestas en otros lugares del país”.Serrano ratificó que el asunto del Cauca ha tomado unas dimensiones gigantescas que se deben “a la torpeza y ambigüedad del Gobierno, que es muy impreciso en los mensajes que trasmite a las comunidades”.“El Gobierno ha hecho promesas que no ha cumplido, por un lado, y en las cuestiones de defensa su actuar es improvisado. La región del Cauca es una especie de último bastión de las Farc, que utilizan a los indígenas como instrumento para hacer política. Los han convertido en sus voceros o representantes políticos porque gozan de una especial legitimidad”, dijo el politólogo. Advirtió que, de ninguna manera, puede haber territorios independientes. “Eso sería seguir el juego de las Farc, porque ellos quieren aprovecharse del carácter sagrado de un territorio indígena para que no se les combata. Por Constitución no puede haber territorios alejados de las fuerzas del orden. Eso sería un mal precedente, si no el comienzo de una guerra perpetua en el Cauca”.Para solucionar el problema, el analista plantea que exista una comisión gubernamental capaz de estar en esos territorios para “hablar con ellos con la sensatez necesaria para que abandonen los pactos que de una manera o de otra hayan hecho con personas al margen de la ley. Una comisión especial que cumpla lo que promete y actué en consecuencia”.Al mismo tiempo, se conoció un fallo de la Corte Constitucional que ordena al Ministerio de Defensa devolver un predio en El Barrancón, Guaviare, que hace parte del resguardo JIW, actualmente ocupado por la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.Con respecto al fallo de la Corte, Serrano afirmó que esto es un mal precedente. “Cualquiera puede refutar la validez de esa decisión. Los indígenas pertenecen a la Nación y hacen parte del territorio nacional. Los territorios sagrados no pueden ser refugio para grupos al margen de la ley”.Choque entre organizaciones indígenasFrente a la Organización Pluricultural Indígena de Colombia, Opic, los integrantes de la Onic manifestaron que es una organización creada por el gobierno anterior para deslegitimar la protesta de las comunidades indígenas.El exconstituyente Alfonso Peña Chepe, que hace parte de las organizaciones indígenas, dijo que la Opic no representa a las comunidades indígenas del Cauca y “están orientados con los terratenientes y con cada uno del Estado colombiano para dividir al movimiento indígena”.Los indígenas, en rueda de prensa, exigieron que “frente a la Opic, que por ser una organización paralela creada por el Gobierno del expresidente Uribe para dividir y deslegitimar las justas luchas de nuestros pueblos, se revoque la Resolución N° 0073 de 3 de Septiembre de 2009 a través de la cual la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior le dio personería jurídica”.La disputa entre la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y la Opic, se dio a conocer cuando en la plenaria de la Cámara de Representantes, Ana Silvia Sencué, que hace parte de la Opic, denunció que la Onic tenía vínculos con las Farc.Feliciano Valencia, indígena sobre el que recaen muchas de las acusaciones de Sencué, informó que él no es guerrillero y que el reclamo por la soberanía que hacen las organizaciones indígenas es legítimo.Cabe recordar que en las horas de la mañana de este jueves alrededor de 10 mil indígenas de la Opic marcharon para pedir que la Fuerza Pública no salga de sus territorios.