Imputan cargos a dos personas por contratación en 10 cárceles de Colombia

Los delitos endilgados por parte de la Fiscalía Décima de la Unidad Anticorrupción fueron fraude procesal y falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo.

Ante el juez 19 de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos a dos personas por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de obras de seguridad en diez cárceles colombianas. Los delitos endilgados en calidad de coautores a Diana Nassif de Rima y Santiago Porras por parte de la Fiscalía Décima de la Unidad Anticorrupción fueron fraude procesal y falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo. Según el ente acusador, el monto de los irregulares contratos ascienden a un costo de 53 mil millones de pesos. Los hechos por los que hoy se investigan Nassif de Rima y Porras, de acuerdo a lo dicho en la diligencia, se presentaron en noviembre de 2008. En ese entonces el Ministerio del Interior y de Justicia entregó la contratación para la seguridad de los centros de reclusión La Picota (Bogotá), Medellín y Puerto Triunfo (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá) y Jamundí (Valle del Cauca). Durante la imputación se conoció que Nassif de Rima, como representante legal suplente de una firma Unión Temporal Cárceles 2008, habría presentado “documentos sin el lleno de los requisitos de idoneidad, solidez técnica y financiera con la finalidad de fracasar en el proceso y favorecer a otro proponente”. De igual manera, dentro de la investigación se da cuenta de un detrimento patrimonial para Estado que supera los 37 mil millones de pesos, porque solo se ha logrado avanzar en un 15 por ciento de las obras desde que arrancaron en el 2010.Por ahora, resta que otras personas involucradas con el hecho también sean llamadas ante un juez para imputarle los delitos en los que habrían incurrido.