Hijo del general Uscátegui amenazó con lanzarse del edificio de Paloquemao

Diciembre 15, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

José Jaime Uscátegui se subió al borde de una de las ventanas, en señal de protesta, porque una vez más el juez aplazó la audiencia de Mariela Contreras, primera falsa víctima de la masacre de Mapiripán, en el Meta.

[inline_video:youtube:V3F6wNDAqWw:0:null]El hijo del general en retiro Jaime Humberto Uscátegui amenazó en la mañana de este martes con lanzarse desde el cuarto piso de los juzgados de Paloquemao en Bogotá, como protesta por el aplazamiento por séptima ocasión de la audiencia para conocer la condena contra Mariela Contreras, primera falsa víctima de la masacre de Mapiripán, en el Meta.

Como se recordará, el general Jaime Uscátegui fue condenado a 37 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en la masacre perpetrada por las AUC entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

José Jaime Uscátegui, hijo del general, reiteró que su padre es inocente y le pidió al presidente Juan Manuel Santos que le brinde garantías para defenderlo.

"Hoy esperaba la condena contra la primera falsa víctima de la masacre porque ese el insumo que necesito para pedir una acción de revisión en la Corte Suprema de Justicia, para ver si los honorables magistrados se dignan en condolerse de un general inocente que lleva 16 años en una cárcel", dijo José Jaime en diálogo con el noticiero RCN.

El hijo del general consideró el aplazamiento de la audiencia como una injusticia y decidió sentarse en el borde de la ventana de una de las salas de Paloquemao, y tuvo que ser retirado con apoyo de las autoridades y de las unidades de emergencia del edificio.

Jose Jaime Uscátegui protagonizó un incidente similar en el año 2014, cuando decidió encadenarse en la sede de la OEA en Bogotá, para exigir una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso que interpuso en defensa de su padre.

La masacre de Mapiripán se registró entre el 15 y 20 de julio de 1997, donde fueron asesinadas con arma blanca y descuartizadas más de 40 personas, según revelaciones de Carlos Castaño.

Fue un hecho atroz planificado durante meses por la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, quienes actuaron con el apoyo de la Brigada XVII al mando del general Rito Alejo del Río. 

Por esta masacre, el Estado Colombiano fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2005.

Posteriormente, ante la solicitud de revisión de la sentencia en el 2012, la Corte ratificó la responsabilidad estatal en la ocurrencia de estos hechos, reiterando la recomendación al Estado colombiano de investigar y esclarecer las responsabilidades penales individuales de todos los victimarios. 

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