Gobierno evalúa pedir la ilegalidad del paro judicial

Una de las principales razones argumentadas por el Gobierno es que en el paro participa solo una minoría de la rama judicial y la Fiscalía.

Tras 90 días de paro judicial, el Gobierno Nacional evalúa presentar ante las autoridades competentes una solicitud para que el cese de actividades sea declarado ilegal. Así lo anunció este jueves el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, al término de una reunión que se desarrolló en Casa de Nariño para tratar de conjurar el cese de actividades que tiene bloqueado el acceso al servicio público de justicia. Los argumentos del Gobierno son que solo un 12 por ciento de los empleados de la Rama y el 1 por ciento de la Fiscalía hacen parte del paro. Igualmente, Garzón indicó que en este caso se ha visto “la disposición del Gobierno Nacional” para solucionar el paro. “Para el Gobierno Nacional prevalece el interés general al particular y en este caso se han vulnerado muchos derechos de los ciudadanos que tienen que acceder a la justicia y han sido impedidos por una participación poco significativa en cantidad. Ha prevalecido el interés de un sector poco representativo y hemos sido testigos de la disposición del Gobierno de estar estableciendo diálogos”, apuntó Garzón. En ese sentido, Garzón anunció que el Gobierno “está evaluando la necesidad de solicitarle a la justicia la posibilidad de que este paro sea declarado ilegal”. Habría judicializacionesAl término de la reunión, en la que no participaron voceros de Asonal Judicial, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que si persiste la intención de algunos empleados de la Rama en paro de impedir el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, se inciarían judicializaciones en su contra por los delitos de constreñimiento indebido y abuso de autoridad. De acuerdo con Montealegre, esta decisión se toma debido a que si bien el derecho a la protesta está permitido en la Consitución, éste tiene límites y en cambio sí sería un delito afectar de manera grave el acceso a derechos como lo es el servicio público de la justicia. “Si se persiste de las actividades de un cierre ilimitado e indefinido de las sedes de los despachos en contra de la voluntad de muchos funcionarios que quieren prestar el servicio, la Fiscalía iniciará procesos penales”, apuntó Montealegre. A esto se suma, el llamado a interrogatorio, la próxima semana, de varios empleados de las Salas Administrativas a nivel Seccional que no cumplieron la advertencia de la Contraloría General de no pagar los salarios a los servidores judiciales que están en paro. Paro es "injustificado e inútil" Además de estos anuncios, los ministros de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y de Justicia, Yesid Reyes, calificaron como de "injustificado e inutil" el paro, afirmaron que se trata de un paro minoritario, y pidieron a los trabajadores que entren a trabajar plenamente a partir del 13 de enero próximo, cuando se acaba la vacancia judicial. El ministro Reyes afirmó que ha sido “la voracidad” de una minoría la que ha mantenido el cese de actividades por tantos días y que esa minoría pretende obtener los recursos con los que el Gobierno buscará modernizar la justicia en el país. En ese sentido, dijo que en un mes y medio se aprobó una ley que consiguió recursos adicionales para la Rama Judicial por 650 mil millones de pesos anuales que se utilizarán para poner modernizar las condiciones en las que funciona la Rama. “Vamos a mantener nuestro esfuerzo por dignificar la Rama”, dijo. El ministro de Hacienda encargado, Andrés Escobar, explicó que la Rama Judicial tienen presupuesto de 2.2 billones de pesos para gastos de personal, que es el más alto de todo el sector público después del sector defensa y educación. Escobar dijo que entre el 2011 y el 2014 hubo un aumento en el presupuesto de la Rama en un 20 por ciento y señaló que para los próximos años, los recursos que se recibirán para el 2018 serán 54 más altos. “Ya se raspó la olla”, apuntó. Finalmente, el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, señaló que este es un paro que está focalizado en Bogotá, Cartagena, Villavicencio, Florencia y Sogamoso. "Ya está bien de paro. No más paro. Invitamos a Asonal para que recapacite, levante el paro, deje trabajar a los que si quieren entrar. Es hora de no recurrir más a la vías de hecho, es hora de trabajar”, señaló. “Volveremos al paro y plantearemos las agresiones del Gobierno": AsonalAnte el anuncio del Gobierno Nacional de solicitar a las autoridades correspondientes que declare ilegal el paro judicial que se adelanta hace 90 días y de realizar las investigaciones penales correspondientes, el sindicato de Asonal Judicial manifestó que se están violando las libertades sindicales. “Yo invito a que el Estado reflexione bien y a la cordura en las declaraciones de ese tipo donde se hacen reflexiones absurdas. Si pensaban abrirnos un proceso penal debieron realizarlo desde el principio”, dijo el presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado. Agregó que esta es una reacción desesperada del Gobierno ante la incapacidad de cumplir con las reglas de juego. “El Fiscal es una de las personas que no debería ni siquiera referirse a este tema, él nunca se ha sentado con nosotros a negociar y nos ha incumplido todas las reuniones, incluso, las del sindicato de su entidad que le piden que los ascienda dentro de su planta de personal”. Y finalizó, “si nos van a judicializar a dónde nos van a llevar si las URI ya pasaron su nivel de hacinamiento y todo por la incapacidad del Gobierno para negociar. El martes volveremos al paro y plantearemos las agresiones de las que somos víctimas por parte del Gobierno. Y serán las bases de los sindicatos quienes definan si el paro sigue”, dijo el líder sindical. Por su parte, Álvaro Márquez, presidente del sindicato Nacional de la Fiscalía, expresó que mantienen su postura y le dan hasta este viernes al Fiscal para que llegue a un acuerdo con ellos. “El sindicato había logrado un preacuerdo con el Fiscal General para reanudar las labores el pasado 11 de diciembre con la condición de realizar una reunión para discutir las reclamaciones de los funcionarios, pero a la fecha dicho encuentro no ha sido posible por cuestiones de agenda y la falta de compromiso. Vamos a esperar a mañana, para ver qué sucede y si no serán las bases quienes definan la situación del paro”. Finalmente. María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, dijo que esperan se garantice el ingreso a las diferentes entidades judiciales. "Le volvemos a solicitar a la Judicatura para que se garantice el ingreso, y esperamos que para esto no se tenga que usar a la Fuerza Pública”. Así las cosas, se espera a lo que sucederá el próximo martes, ya que los grupos sindicales se mantienen en su posición mientras el Gobierno sigue sin ceder a sus pretensiones y en el medio se encuentran varios procesos judiciales que se han visto afectados por estos hechos.