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General Uscátegui pedirá a la Corte Suprema revisar su condena

El gernal en retiro Jaime Humberto Uscátegui, le pidió a la Corte que revise la condena de 37 años de prisión en su contra por la masacre de Mapiripán.

6 de julio de 2015 Por: ElPaís.com.co | Colprensa

El gernal en retiro Jaime Humberto Uscátegui, le pidió a la Corte que revise la condena de 37 años de prisión en su contra por la masacre de Mapiripán.

Hasta el próximo 1 de octubre fue aplazada la lectura del fallo de condena de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán. 

En la diligencia judicial se hizo presente el general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, quien reveló que junto con su abogado presentarán una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia para que se revise la condena de 37 años de prisión proferida en su contra. 

"Presentaremos en los próximos días un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia porque una de las pruebas más importantes es el testimonio del presidente Juan Manuel santos quien certificó que esa no era mi jurisdicción y que esas tropas no estaban bajo mi mando", indicó. 

Agregó que su condena es atribuida a "falsas víctimas”, y agregó que “el único derecho que no me han podido quitar es la vida, me quitaron todos los derechos, a mí me tienen allá como una tumba, alejado de la familia sin poder trabajar ni realizar ninguna actividad condenado a 37 años de prisión”, dijo. 

Antecedentes de la masacre

La masacre de Mapiripán se registró entre el 15 y 20 de julio de 1997, donde fueron asesinadas con arma blanca y descuartizadas más de 40 personas, según revelaciones de Carlos Castaño.

Fue un hecho atroz planificado durante meses por la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, quienes actuaron con el apoyo de la Brigada XVII al mando del general Rito Alejo del Río. 

Por esta masacre, el Estado Colombiano fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2005.

Posteriormente, ante la solicitud de revisión de la sentencia en el 2012, la Corte ratificó la responsabilidad estatal en la ocurrencia de estos hechos, reiterando la recomendación al Estado colombiano de investigar y esclarecer las responsabilidades penales inpiduales de todos los victimarios. 

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