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Formularán cargos a 56 personas por desplazamiento forzado en Buenaventura

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados harían parte de las bandas criminales La Empresa y Clan Úsuga y serían responsables del desplazamiento de al menos 9052 familias del puerto entre los años 2012 y 2014.

26 de abril de 2016 Por: Elpaís.com.co

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados harían parte de las bandas criminales La Empresa y Clan Úsuga y serían responsables del desplazamiento de al menos 9052 familias del puerto entre los años 2012 y 2014.

Por su presunta participación en el desplazamiento forzado de más de 9052 familias en Buenaventura, entre los años 2012 y 2014, la Fiscalía formulará cargos en contra de 56 personas señaladas de formar parte de las bandas criminales La Empresa y Clan Úsuga.

La audiencia masiva inició este martes en la sede del Tribunal Superior en Cali y se realiza tras dos años de un arduo trabajo investigativo de las autoridades en Buenaventura, que permitió establecer que por la disputa territorial que iniciaron estas dos bandas criminales en el año 2012 resultaron desplazadas 1425 familias; 3441 en el 2013  y 4186 más en el 2014.

Lea también: Buenaventura sigue en manos de bandas criminales, advierte HRW

Este grupo de 56 sindicados se encuentra privado de la libertad por otros delitos. Otras ocho personas implicadas en el caso están prófugas de la justicia aunque ya hay orden de captura contra ellas. 

Según la Fiscalía, no era posible olvidar lo que sucedió en dichos años, cuando integrantes de las bandas delictivas en mención generaron altos índices de violencia en la comunidad, además de ejercer constantes presiones sobre la población, lo que provocó el desplazamiento.

Durante el análisis realizado, se asociaron 320 noticias criminales, en las que estarían inmersas las 56 personas que son objeto de formulación de cargos.

También se tuvo en cuenta la información entregada por los afectados en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que por su condición fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas, reconocidas como tales por el Estado colombiano.

Esta investigación fue coordinada por un fiscal local con el apoyo de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, miembros del CTI de Buenaventura y el Grupo de Policía Judicial Contra el Crimen Organizado de Cali.

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