Fiscalía y Minjusticia chocan con Procurador por Marco Jurídico para la Paz

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Tanto el Fiscal General como el Ministro de Justicia dijeron que la participación en política debe negociarse y que lo más importante es que exista una justicia transicional.

Fiscalía y Minjusticia chocan con Procurador por Marco Jurídico para la Paz

Mayo 27, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Fiscalía y Minjusticia chocan con Procurador por Marco Jurídico para la Paz

Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

Tanto el Fiscal General como el Ministro de Justicia dijeron que la participación en política debe negociarse y que lo más importante es que exista una justicia transicional.

En una arremetida conjunta contra las declaraciones del procurador general, Alejandro Ordóñez, en contra del Marco Jurídico para la Paz, tanto el Ministro de Justicia como el Fiscal General defendieron la posible participación en política de exguerrilleros como parte de la salida pacífica del conflicto. Las declaraciones se dieron en medio de una serie de audiencias en la Corte Constitucional en las cuales se está discutiendo la viabilidad del Marco Jurídico para la Paz como instrumento legal para los procesos de desmovilización y juzgamiento de guerrilleros en una eventual firma de la paz. En las audiencias, de nuevo el Procurador la emprendió contra el Marco para la Paz afirmando que la posible participación en política de exguerrilleros "equivale a decir que no fueron criminales sino personas altruistas, que la lucha se justifica. Por eso lo dije, estamos ante una ‘constitucionalización’ de todas las formas de lucha”, dijo el Procurador. Sin embargo, ante el nuevo ataque del Procurador, tanto el Fiscal como el Ministro de Justicia, salieron a defender el instrumento legal. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en su defensa le pidió a la Corte Constitucional que tumbe un aparte del Marco Jurídico para la Paz por estimar que restringe la posibilidad de participar en política a los exintegrantes de grupos armados ilegales. Se trata de un aparte del artículo tercero que expresamente señala que los crímenes de lesa humanidad y genocidio que se hayan cometido de manera sistemática no pueden ser considerados como conexos a delitos políticos y, en consecuencia, sus responsables no podrán participar en política, ni ser elegidos. En audiencia desarrollada en la Corte Constitucional, el fiscal pidió la inexequibilidad de dicho artículo que dice que una ley estatutaria es la que debe definir qué delitos son conexos a los delitos políticos para efectos de la participación en política. “El artículo tercero del Acto Legislativo 01 de 2012 restringe la libertad de configuración del legislador para permitir la participación en política de los miembros de grupos al margen de la Ley. Al restringir esa libertad de configuración, cercena la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto porque impide en algunos aspectos que los miembros de grupos ilegales puedan participar legalmente en política”, señaló. La anterior circunstancia, para el fiscal, “profundiza la exclusión de sus miembros en la sociedad y no contribuye a la resolución pacífica de los problemas sociales y económicos que originaron el conflicto”. Para el fiscal, ese artículo del Marco para la Paz avala un tipo de justicia retributiva y no transicional que termina sacrificando la paz “al prohibir al legislador el uso de mecanismo legítimo para conseguir una salida al conflicto”. “La participación en la vida política en nada implica impunidad señor Procurador, porque se trata de viabilizar por las vías democráticas una demanda que en el pasado fue canalizada por la vía armada”, señaló. Por su parte el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, le solicitó a la Corte Constitución que desestime una nueva demanda en contra del Marco Jurídico para la Paz, al considerar que no es cierto que la posibilidad de participar en política de algunos guerrilleros lleva a la impunidad. Se trata de un artículo que dispone que en una ley posterior, el Congreso determine cuáles serían los delitos conexos a los delitos políticos a fin de determinar qué guerrilleros y responsables de qué conductas, pueden en efecto participar en política. En audiencia desarrollada en la Corte Constitucional, Gómez Méndez estimó que la demanda se anticipa al debate que deberá tener la Corte cuando en efecto el Congreso decida los delitos por los cuales se podrá participar en política y que por eso la Corte debe avalar nuevamente el Marco Jurídico para la Paz. “El marco jurídico remite a la ley estatuaria la enunciación de los delitos que deben ser considerados conexos al político y excluye de manera expresa a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. La finalidad de la norma es determinar dicha conexidad para efectos de la eventual participación en política”, señaló. El Ministro de Justicia defendió la posibilidad de que excombatientes puedan participar en política, indicando que eso no contradice la Constitución y que es fundamental en un proceso de justicia transicional. Así defendió que las modificaciones que hizo el Marco Jurídico para la Paz en la Constitución expresamente señalan que se trata de elementos creados para justicia transicional y que por eso no se puede decir que va en contravía de la obligación de investigar los delitos cometidos contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de la norma que impide que condenados puedan ser elegidos ya que eso aplica para situaciones normales y no de transición. “Este análisis permite concluir que la intención era aplicar la inhabilidad de la pertenencia, promoción de grupos ilegales en tanto delitos comunes. (El marco) no establece qué delitos pueden ser considerados conexos al delito político, esa es una responsabilidad del legislador estatutario”, señaló.

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