Fiscalía pide cárcel para policías procesados por crimen de profesor caleño

Tras tres regaños por parte de la juez 37 de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los 13 integrantes de la Policía Nacional, sindicados de la muerte del profesor Javier Ocampo Cepeda, ocurrido el 4 de abril de 2003 en Cali, y la posterior alteración de la escena del crimen.

Tras la imputación de cargos y la no aceptación de los delitos endilgados a los procesados, la diligencia se desarrolló de manera lenta, porque desde las 4:00 de la tarde el fiscal del caso, Aurelio Arévalo, inició con la solicitud de detención preventiva leyendo de manera detallada las entrevistas, declaraciones y reportes técnicos de la investigación, lo que motivó los llamados de atención en su contra.

Luego, hacia las 7:00 de la noche de este jueves, el fiscal solicitó aplazamiento de la diligencia "por motivos de cansancio" y para "reformular los elementos materiales probatorios". Esta petición fue rechazada por los abogados de los detenidos. "Con todo respeto señor fiscal, usted tuvo cuatro años adelantando una indagación y tiempo suficiente y razonable para presentar la solicitud de medida de aseguramiento", dijo uno de los juristas.

Tras el rechazo de la suspensión, el fiscal Arévalo solicitó la detención preventiva contra los involucrados, al estimar que mintieron en sus declaraciones sobre aspectos cómo se dio el tiroteo en el barrio El Limonar, de Cali, la muerte del profesor Cepeda y el manejo de las evidencias.

El fiscal señaló que en este caso se tienen múltiples elemento probatorios, informes forenses, balísticos, documentales, 62 fotografías del lugar de los hechos, de las heridas del docente, entre otros.

Entre los motivos se indicó que se ocultaron por parte de los uniformados los documentos de identificación del profesor, a pesar de tenerlos, lo que implicó un ocultamiento del cuerpo por dos días. Igualmente, se habrían ocultado elementos probatorios de la escena del crimen, elementos personales del profesor Ocampo Cepeda como sus gafas y el celular.

Igualmente, indicó que a Cepeda se le hizo un perfil criminal inexistente, actuando los policías de manera contraria a sus deberes, además que se amenazó a su familia. Para el fiscal, si no son enviados los policías a la cárcel, los uniformados podrían evadir la justicia, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos.

“Los imputados acomodaron los casos con el fin que al investigar se genere una hipótesis diferente a lo acontecido. Lleva un mensaje de engaño (...) En libertad podrían afectar el desarrollo normal del proceso y seguir desviando la investigación como lo hicieron el día de los hechos”, dijo Arévalo.

El fiscal dijo que la restricción de la libertad es necesaria y dijo sentir temor que por la calle haya policías armados, actuando como si fueran delincuentes. “No hay confianza en ellos. Sentiríamos miedo que los imputados sigan en la calle con sus uniformes”, agregó.

El fiscal del caso insistió en la audiencia que estos hechos no tienen nada que ver con el conflicto, por lo que no cabría el caso en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ante el Juzgado 37 con función de control de garantías, la Fiscalía aseguró que los policías detenidos por el crimen del docente Francisco Javier Ocampo Cepeda lo habrían ejecutado en estado de total indefensión el 4 de agosto de 2013 en el barrio El Limonar de Cali.

De acuerdo con la Fiscalía, la muerte se escenificó tras presentarse varios hechos. Primero, que el profesor se negó a someterse a una requisa, que hubo un cruce de disparos en el que falleció el patrullero Olmer Oliverio Blanco Barrera y quedó herido otro más, que la Policía dijo que quien disparó fue el docente y que los policías le habrían dado una paliza a Ocampo Cepeda luego de que este se lanzara a una zona verde.

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En ese sentido, la hipótesis de la Fiscalía es que fue otra persona y no el profesor Ocampo Cepeda, como había dicho la Policía inicialmente, quien disparó. “Otra persona, distinta al profesor, es quien enfrentó a la Policía que causa la muerte del patrullero. Esa persona no fue capturada. Se deshizo el arma de fuego, la cual fue encontrada por los policías”, dijo el fiscal 154 de la Unidad de Derechos Humanos de Cali, Aurelio Arévalo.

“Exaltados los policías por tener dos uniformados heridos en el sitio en donde se encontró una gran cantidad de vainillas (...) seguido por la no ubicación del sujeto que portaba la pistola Tauros, deciden los policías de común acuerdo aprovecharse de la situación de inferioridad e indefensión a que fue llevado el profesor con la paliza y el golpe contundente en el lado izquierdo de la cabeza, cuando ya estaba en la zona verde donde se lanza para protegerse”, señaló el fiscal.

De acuerdo con el fiscal Arévalo, hubo un acuerdo implícito entre los uniformados para “legalizar al profesor, para hacer parecer que fue quien se enfrentó con la pistola Tauros hiriendo a dos policías, con el agregado que el civil evitó ser procesado”.

“Entonces vienen y ejecutan su muerte propinándole cinco disparos en su humanidad, en total estado de indefensión, en cabeza, tórax, abdomen y miembro superior izquierdo”, enfatizó el fiscal al agregar que los uniformados tuvieron que trasladar a Ocampo Cepeda desde esa zona verde.

“Lo alojan en una especie de hueco para ir cuadrando una escena, en el propósito de hacer creer que el profesor, por el solo hecho de evitar una requisa, empezó a disparar y se atrincheró en un sitio desde donde seguía disparando”, relató el fiscal.

El fiscal indicó que la pistola Taurus con la que se habría disparado al patrullero, se entregó a las 9:00 de la mañana del día siguiente, cuando los hechos ocurrieron sobre las tres de la tarde, y que una semana después se plantaron en la escena elementos del profesor como un carné y unas gafas, hechos que fueron identificados por el CTI de la Fiscalía.

La Fiscalía imputó al capitán Bruno Yesid Lozano Bohorquez y a los patrulleros Jesús Clemente Muñoz, Johan Felipe Ortíz Restrepo, Jhonatan Areiza Caicedo, Elkin Fabián Contreras y James Madrid Valenzuela los delitos de homicidio agravado y de ocultamiento y alteración de la escena del crimen por la muerte de Ocampo Cepeda y del patrullero Blanco en calidad de coautores.

“Estaba en situación de indefensión, era un docente reconocido en la ciudad de Cali”, dijo Arévalo, quien insistió en que estos patrulleros “actuaron con dolo y con división de trabajo”.

La Fiscalía igualmente le imputó los delitos de favorecimiento del homicidio y ocultamiento y alteración de la escena del crimen al coronel William Eduardo Sánchez, actual subcomandante de la Policía de Bogotá, el mayor Óscar Alberto Rojas, el teniente coronel Carlos Andrés Mora Cerón y los patrulleros Juan Esteban Caro Zapata, Alexánder Morales Reina, Héctor Alexander Giraldo Castrillón y Mario Velandia Rodríguez.

El fiscal señaló que fue el coronel Sánchez Roa, entonces comandante de Policía del Distrito de Aguablanca, “quien dio la orden de mover el cuerpo al teniente Lozano a un hospital (estando ya muerto). Con esta orden se logró oscurecer, perturbar y entorpecer los hechos”.

“Conocen de primera mano el homicidio y acuerdan favorecerlo para que con sus versiones distorsionen la ilicitud de la conducta”, dijo el fiscal al indicar que actuaron con dolo, sobre todo al no entregar la pistola Taurus.

“Hay evidencia que la munición hallada en el lugar de los hechos no toda era de la Policía. Dos vainillas eran de esa pistola y 17 restantes eran de la Policía. ¿Por qué las armas de la Policía tenían munición que no son del inventario de la Institución?”, dijo el fiscal Arévalo.

El fiscal, además, aseguró que el cadáver fue entregado dos días después de los hechos porque los uniformados habrían ocultado la información, en el hospital, del registro.

“Hay disparos que se hicieron a fachada de vivienda, fue ampliada en una cuadra y media. ¿Dónde está el que se enfrentó en la Fiscalía? La Policía tiene que custodiar eso pero aquí no era el interés porque hubo una conducta de homicidio del primer grupo”, señaló el fiscal.

El coronel William Eduardo Sánchez, no aceptó los cargos de favorecimiento del homicidio y ocultamiento y alteración de la escena del crimen.

"No acepto los cargos. Soy inocente. Quiero dejar presente que nunca estuve en la escena del crimen. Yo estaba en mi casa durmiendo con mi esposa", dijo.