Fiscalía deberá rendir informes semestrales sobre desplazamiento

La Fiscalía General de la Nación deberá entregar a la Corte Constitucional informes semestrales sobe la situación de desplazamiento forzado en Colombia.

La Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación que entregue a dicha Corporación informes consolidados y periódicos, cada seis meses, sobre los avances de las investigaciones que se adelantan en casos de desplazamiento forzado en el país. Mediante sentencia SU-254 de 2013, la Sala Plena de la Corte tomó dicha determinación luego de fallar una serie de tutelas interpuestas en contra de Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la que posprotagonistas son población desplazada a la que le fue negada, por diversas razones, el derecho a la reparación integral y la indenmización adecuada. La Corte concedió las acciones judiciales y ordenó además a la seccional Magdalena de la Fiscalía que remita informes sobre el estado de las investigaciones que se iniciaron por los casos que hacen referencia en las tutelas. Específicamente, se trata de hechos de desplazamiento forzado en el corregimiento El Paraíso, jurisdicción del municipio de Pivijay y en el corregimiento de Bocas de Aracataca, jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, en la Cienaga Grande, Magdalena. La Corte además remitió copia de los expedientes a la Unidad de Justicia y Paz y de Desplazamiento Forzado de la Fiscalía “con el fin de que se inicien o se impulsen las investigaciones o los procesos penales a que haya lugar, de manera prioritaria, oportuna y eficaz”. Para que estas investigaciones se adelanten con mayor celeridad, el DPS y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberán enviar copia a la Fiscalía de la información que tengan sobre hechos de desplazamiento forzado. La Corte solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que acompañen y a las víctimas en los procesos penales y en los trámites para solicitar el reconocimiento de las indemnizaciones que establece la Ley de Víctimas.