Fiscal General servirá de mediador con los trabajadores que siguen en paro

Aunque ciudadanos se acercaron a los juzgados en ciudades como Cali y Bogotá, tras el anuncio del levantamiento del paro, se encontraron con que las instalaciones continúan bloqueadas.

El fiscal General, Eduardo Montealegre, servirá de mediador entre los empleados judiciales que continúan en paro y el Gobierno. La decisión se tomó durante una reunión realizada en el búnker de la Fiscalía. Según Adriana Arango, representante de los funcionarios de la entidad que estuvo presente en el encuentro con Montealegre, se busca que el Fiscal intermedie para que se establezca una nueva mesa de negociación. “Lo que queremos es que el Fiscal General sirva de mediador ante el Gobierno para que se reanuden las negociaciones, porque no estamos de acuerdo con lo que se suscribió. El Fiscal lo que nos dijo es que espera cuáles son las propuestas que tiene que llevar venida de nosotros las bases, al Gobierno”, indicó. Según la funcionaria, nunca han estado de acuerdo con los resultados de la negociación que se dio con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa. “Nosotros las bases fuimos claros al indicar que no estábamos de acuerdo con esa acta de acuerdo que habían suscrito unos cuantos con la Ministra, sin embargo no se nos tuvo en cuenta por parte de uno de los presidentes de Asonal, Luis Fernando Otálvaro. Él se fue a firmar, no obstante, sabiendo que las bases no apoyaban dicha determinación”, aseguró. Para Arango, el acuerdo firmado por Otálvaro está salido de cualquier aceptación, pues no favorece sus intereses. “Ese acuerdo que se dio es abstracto, en ningún momento indica en qué momento el Gobierno va suscribir el decreto una vez se salga de la mesa técnica. Pedimos que se indique que se trata de una nivelación salarial y no de un aumento de salario, que es completamente distinto. El decreto debe indicar una vez se termine esa mesa de negociación, cuáles son los porcentajes que se tendrán en cuenta de nivelación”, señaló. Sobre el futuro de Otálvaro en la organización sindical, la funcionaria dijo que es incierto y que se encuentran discutiéndolo. “Hasta ahora estamos dialogando con las bases y vamos a consultar con la rama judicial. No lo sabemos porque Otálvaro hace parte de otro grupo de Asonal y es la mayoría la que no estuvo de acuerdo”, indicó. En la tarde de este jueves también se conoció la creación de un sindicato denominado ‘Asojudiciales’, el cual nació de una reunión de jueces y fiscales en el complejo judicial de Ploquemao en Bogotá. A este movimiento puede unirse cualquier miembro de la rama judicial, según indicaron los dirigentes del mismo. Así mismo, para este viernes se programó una marcha de protesta en contra de las políticas del Gobierno, en cuanto al cumplimento de la ley cuarta de 1992, que regula la nivelación salarial. Usuarios afectados y pérdidas millonarias ha dejado el paro nacional judicialCientos de usuarios afectados, así como pérdidas millonarias, ha dejado la continuación del paro nacional judicial en algunas ciudades del país. A pesar de que en la noche del martes un sector de la rama judicial aceptó la propuesta de nivelación salarial entregada por el Gobierno, en ciudades como Cali y Bogotá continúan los bloqueos en los juzgados, pues muchos funcionarios no creen que ésta sea suficiente. Usuarios como Claudia Dávila, quien madrugó a uno de los juzgados del centro de Cali para averiguar por la tutela con la que espera recibir su pensión, se encontró con que sólo se están atendiendo los casos urgentes, en los que se daría libertad a un procesado.Los edificios están bloqueados con mesas y funcionarios que impiden el ingreso. Según dijeron los empleados judiciales, aunque en Bogotá se llegó a un preacuerdo, el cese de actividades continúa porque la propuesta del Gobierno no llena sus expectativas.Y es que en la tarde del miércoles aproximadamente dos mil funcionarios judiciales de Cali votaron en contra de aceptar la propuesta del Gobierno. Tan sólo dieciséis apoyaron que se levantara el cese de actividades. Por esta razón, al igual que durante las últimas semanas, los empleados de la rama judicial siguen concentrados en asamblea permanente en la Plaza de Caycedo, al frente del Palacio de Justicia de la ciudad. Mientras tanto, decenas de personas han intentado, sin éxito, continuar con sus procesos judiciales.Una situación similar se vivió en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá. Cuando los usuarios se acercaron a interponer acciones legales o conocer de sus procesos judiciales, se encontraron con que algunos funcionarios impedían el ingreso a las instalaciones.Esto le ocurrió a Sandra Peña, quien desde hace un mes intenta instaurar una tutela, con la que exige una indemnización o regresar a su trabajo, del cual fue despedida, según ella, injustamente. "Con la noticia de que se había levantado el paro me puse contenta. Necesito solucionar esto, tengo dos niños que en este momento no tienen seguro de salud y uno de ellos tiene una discapacidad que requiere controles médicos periódicos (…) llegué acá a Paloquemao y una señora que dice ser fiscal, muy alterada, me devolvió", señaló la mujer. Otro de las perjudicados con el cese laboral de la Rama Judicial es Rafael Enrique Velázquez, quien asegura que ahora tiene que ver libre al asesino de su hijo. "Vengo a interponer un recurso de apelación de una sentencia, porque el asesino de mi hijo duró apenas 11 meses preso y traigo un recurso de apelación que me hizo un abogado de la Defensoría del Pueblo, a ver si de pronto se puede dar nulidad a ese proceso", dijo Velázquez. Según el ciudadano, este tipo de paros termina perjudicando únicamente a la gente del común. "Me dijeron que todavía no se sabe cuándo me van a atender, porque el paro todavía sigue en marcha. Desde el día que inició el paro estoy esperando, porque se vencían los cinco días que daban para interponer el recurso", señaló. Alfredo Barrero es otro de los usuarios afectados, pero que comparte la decisión de la rama de mantener el cese de actividades, pues la considera una causa justa. "Nos encontramos realizando algunas gestiones para interponer una acción de tutela y vemos que el Centro de Servicios se encuentra en paro. Como usuario estamos de acuerdo, ya que estas nivelaciones vienen de mucho tiempo atrás y aceptamos que realmente se les suba el salario a los trabajadores de la rama judicial", aseguró. Las cifras del paro judicialEn un documento de cinco páginas, el Consejo Superior de la Judicatura da cuenta del costo del paro judicial nacional y del número de tutelas y procesos que tuvieron que ser suspendidos. De acuerdo con el texto, el costo aproximado por el cese de actividades durante los 28 días de inactividad se calcula en $60.659.144.000, es decir, el paro tuvo un costo diario de aproximadamente $2.166.398.000. Según información reportada por los Consejos Seccionales de la Judicatura en todo el país, la participación de los despachos judiciales en los Tribunales y Juzgados durante la protesta que comenzó el pasado 11 de octubre, es del 98%. Mientras que tan solo el 2% de los despachos judiciales continuaron prestando el servicio en condiciones de normalidad, pese a las dificultades de acceso que se presentan en algunas sedes judiciales.“Es importante destacar que aproximadamente el 20% de los despachos judiciales pertenecientes a los Consejos Seccionales de Córdoba y Chocó, así como los del distrito judicial de Pamplona, se encuentran laborando normalmente”, precisa un aparte del documento. Entre tanto, el sistema de información estadística de la Rama Judicial establece que hasta la fecha se han dejado de atender 121.712 asuntos judiciales, incluyendo las audiencias no realizadas con ocasión del cese de actividades. "A nivel general, el 15% de la gestión judicial dejada de ejecutar corresponde a audiencias de control de garantías y el 85 % restante a decisión de procesos en primera, única y segunda instancia, incluyendo las acciones constitucionales". Por último, precisa que de los 121.712 procesos que se afectan por el cese de actividades 110.267 son de la jurisdicción ordinaria y 11.445 de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.