Fiscal General dice que la reforma penitenciaria no resolverá la crisis

Para Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, la actual reforma es apenas una base de lo que debería ser una política integral contra la criminalidad.

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró este jueves que la reforma al Código Penitenciario que cursa en el Congreso no va a solucionar el problema en las cárceles del país. Dijo que Colombia necesita una reforma coherente de la política criminal. "Comparto en sus líneas esenciales la propuesta de reforma al Código Penitenciario planteada por el Gobierno Nacional y presentada a consideración del Congreso. Pero, a pesar de compartir esos lineamientos, quisiera expresar que esa reforma no va a solucionar el problema penitenciario ni la grave crisis por la que atraviesa el sistema penal en Colombia", dijo Montealegre. Las declaraciones del Fiscal se produjeron en el foro ‘Futuro de las cárceles: reforma penitenciaria y sistema penal colombiano’, que se realizó en la Universidad Libre de Bogotá, y al que también asistieron la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa; el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora,y el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte. "Si queremos avanzar en una estructura penitenciaria que dignifique al hombre, que cumpla con los fines de la pena consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, Colombia tiene que avanzar a una reforma integral de su política criminal. Si bien es una base importante las modificaciones al Código Penitenciario, debemos pensar en construir una política criminal coherente y no nos podemos limitar a mirar el problema exclusivamente de la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y los problemas de salud de los reclusos en el país", agregó Montealegre. Por su parte, la Ministra de Justicia enfocó su exposición a reclamar a las empresas de telefonía celular que se comprometan con el bloqueo de las señales en las cárceles. “A propósito de seguridad nacional en el tema de bloqueo a celulares, reclamamos la responsabilidad social de los operadores de telefonía celular en cuanto a bloqueos en cárceles", aseguró Correa. "Por eso, se propone el establecimiento de unos acuerdos técnicos, de tal manera que la prestación del servicio no impida la necesidad de bloquear estas señales en los establecimientos de reclusión y así evitar que desde las cárceles se siga extorsionando a la ciudadanía”, señaló. Al abordar otros temas, la Ministra también planteó la necesidad de utilizar el mecanismo de contratación directa únicamente para dos servicios en los que está involucrada la seguridad nacional: el diseño de las nuevas cárceles que se van a construir y el bloqueo de las señales de celulares en los establecimientos de reclusión del país por considerar que son servicios que no pueden dejarse en las manos de cualquiera. “En esos objetos contractuales está involucrada la seguridad nacional. El diseño de las cárceles, las salidas, los sistemas de vigilancia electrónica, los sistemas de bloqueo a señales de celulares, no pueden ser publicados en la página web de la entidad para que estén al alcance de todo el mundo. En el caso de la cárcel La Picota, por ejemplo, los planos del establecimiento fueron encontrados en manos de las Farc”, recordó la Ministra. La funcionaria descartó que esta modalidad de contratación se preste para hechos de corrupción: “No se puede equiparar la contratación directa con la corrupción porque en la contratación directa el principio de selección objetiva y de transparencia aplica de manera íntegra como uno de los principios rectores del contrato”. Defensor pide emergencia carcelariaEntre tanto, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, aseguró que una sociedad decente se mide por el respeto a sus ciudadanos en un hospital y una cárcel, y la situación que registra el país en esos aspectos lo ponen lejos de serlo. Otálora Gómez recordó que le ha recomendado al Gobierno declarar la emergencia social, ya que los problemas que vive el sistema penitenciario y carcelario del país registran niveles intolerables por cuenta del hacinamiento y de los problemas de salud, principalmente. Según el Defensor, la reforma al Código Penitenciario, que actualmente discute el Congreso, propone una serie de medidas de mediano y largo plazo que, aunque son muy importantes, son un paliativo. “La Defensoría reconoce que el Gobierno Nacional está trabajando arduamente en este proyecto pero, en nuestro sentir, esa no es la solución que requiere el régimen carcelario”, destacó. Para el defensor, el problema carcelario no es nuevo sino que lo hemos venido observando desde hace varias décadas. Sin embargo, se ha venido agravado en los últimos meses y hoy se registran 14 cárceles cerradas por órdenes de jueces mediante fallos de tutela, por cuenta del hacinamiento que alcanza el 54% nacional, con niveles que llegan hasta el 400% en cárceles como la de Riohacha. “Consideramos que la situación requiere medidas extraordinarias y esas se las da al Presidente de la República el artículo 215 de la Constitución Nacional, que habla de la emergencia social cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad. Claramente estamos ante un hecho sobreviviente con 14 cárceles cerradas y se vienen más cierres porque hay un mayor número de tutelas en curso”, destacó el Defensor. Recalcó, además, que la Defensoría no está planteando una emergencia carcelaria, que podría ser decretada por el director del Inpec con autorización del Ministerio de Justicia, sino que se trata de una emergencia social mediante la cual el Gobierno pueda expedir decretos con fuerza de ley que permitan, por ejemplo, la implementación de figuras jurídicas que permitan la excarcelación de personas que hayan cometido delitos de bajo impacto, la creación y nombramiento de jueces de descongestión de ejecución de penas que ayuden a reducir el represamiento de solicitudes de libertad que hoy reposan en los despachos judiciales, y la consecución de terrenos apropiados para construir nuevas cárceles bajo la figura de contratación directa. “Reconozco los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional, particularmente la Ministra de Justicia y el Director del Inpec, pero en opinión de la Defensoría del Pueblo no son los suficientes ni son los llamados a conjurar ni a solucionar los graves problemas carcelarios”, agregó.