Familiares de víctimas rechazan relevo de fiscal en caso del Palacio de Justicia

El cambio de juez fue criticado este jueves por familiares y abogados de las víctimas, que ven en esa decisión un intento de dejar "morir" la causa.

El cambio de fiscal en el caso de la ocupación por parte del M-19 del Palacio de Justicia de Bogotá y la posterior acción militar para recuperarlo, en 1985, fue criticado este jueves por familiares y abogados de las víctimas, que ven en esa decisión un intento de dejar "morir" la causa.Ángela Buitrago, que llevó ante la justicia al general Jesús Armando Arias Cabrales, quien en junio pasado fue condenado a 30 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos cometidas en el curso de la recuperación del Palacio, fue apartada el miércoles del caso por el fiscal general (e), Guillermo Mendoza.Mendoza, que aun no nombró al nuevo fiscal, alegó este jueves en declaraciones a varias emisoras que en el despacho de Buitrago había 54 casos de 2008 "a los que ni siquiera se les había hecho una diligencia" , y que fue necesario hacer "reajustes" para que esos procesos "marchen"."Me parece que este caso se muere aquí. Volver a empezar de cero, por más bueno que sea el nuevo fiscal, es muy difícil", dijo Ana María Bidegain, viuda del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos María Urán, una de las más de cien víctimas del Palacio de Justicia.Bidegain dijo sentirse "perpleja" por la decisión del fiscal general y subrayó que el caso "sólo avanzó con la doctora Buitrago, y esa es la única cosa que se puede decir y me interesa" , agregó.La Comisión de la Verdad encargada de investigar la ocupación por guerrilleros del M-19 del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 y su recuperación en una acción militar reveló en diciembre pasado que hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares y acusó al Gobierno de no haber hecho lo suficiente para salvar a los rehenes.El abogado Rafael Barrios, que representa a Bidegain, también deploró la decisión del fiscal general e indicó que esa situación será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , en la que el caso está en trámite."Fíjese que aquí ya hay un retraso de 25 años, donde los familiares de las víctimas no han obtenido justicia" , agregó.La más reciente decisión de la fiscal Buitrago había sido llamar a indagatoria a los generales Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica, a quienes vinculó con la muerte del magistrado Urán, quien apareció muerto tres días después de los hechos del Palacio, del que había salido con vida, según algunas grabaciones de vídeo.Varias personas desaparecieron en los sucesos del 6 de noviembre de 1985, entre ellos algunos empleados de la cafetería de la sede judicial, situada en el centro histórico de Bogotá, que fue tomada por unos 40 guerrilleros del M-19, organización disuelta años después.