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Familia de joven colombiano muerto denuncia negligencia de Fiscalía de Miami

Según los familiares de Israel Hernandez Llach, el joven colombiano que resultó muerto en Miami en agosto del 2013 al parecer por un electrochoque propinado por un Policía, afirma que se está retrasando el proceso.

6 de febrero de 2014 Por: Elpais.com.co | EFE

Según los familiares de Israel Hernandez Llach, el joven colombiano que resultó muerto en Miami en agosto del 2013 al parecer por un electrochoque propinado por un Policía, afirma que se está retrasando el proceso.

Seis meses después de la muerte del joven colombiano Israel Hernández-Llach, tras recibir un disparo con una pistola eléctrica Taser a manos de la Policía de Miami Beach (Florida, EE.UU.), la familia denunció que la FiscalÍa estatal no ha "cooperado" para que el caso avance en una corte federal.Israel Hernández, padre del joven de 18 años, dijo que lo más doloroso es que "se quiere hacer como una cortina de humo en este hecho tan lamentable" y agregó que ha notado "discriminación" en el manejo de la situación.La organización Comité por la Justicia para Israel "Reefa" Hernández denunció hoy en una rueda de prensa que, aunque "los resultados de la autopsia ya están listos, éstos no han podido ser sumados al caso criminal interpuesto en una corte federal porque la Policía de Miami Beach no ha entregado el reporte, lo cual es requisito para que la oficina del médico forense avance".Jorge Estomba, uno de los miembros del comité, criticó en el acto, que se realizó al frente del edificio de la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, que esta oficina no ha hecho nada para que el caso avance y que la única respuesta de la FiscalÍa es que tengan "paciencia".La oficina de la fiscal estatal explicó que "la determinación final de la autopsia está pendiente de los resultados de la exploración del cerebro del señor Hernández que está realizando la Universidad de Miami".Y agregó que estos resultados "tendrán un rol importante en la investigación" y que están esperando los datos "de la autopsia realizada por el médico forense para determinar la causa exacta de la muerte de Hernández" .Sin embargo, Estomba dijo que el forense le ha asegurado que falta el reporte de la Policía de Miami Beach para seguir con el proceso, motivo por el cual denunció que la Policía está utilizando tácticas dilatorias y que el caso de Hernández no es algo aislado en el condado de Miami-Dade."Desde 2005 hay 39 casos en el limbo en el condado relacionados con exceso de fuerza, violación de derechos civiles y brutalidad policiaca", explicó Estomba.Entre tanto, la Policía de Miami Beach no contestó a Efe, que solicitó su versión de los hechos.El Comité por la Justicia para Israel "Reefa" Hernández criticó que en seis meses la familia no ha recibido "absolutamente" ninguna respuesta oficial sobre el avance del caso, ocurrido el pasado 6 de agosto, cuando el joven murió tras recibir una descarga eléctrica y después de una persecución por agentes de Miami Beach que lo encontraron pintando un grafiti en un local abandonado.Asimismo, Hernández pidió a la fiscal Fernández que intervenga para que la "Policía cumpla con su trabajo" y que, con la misma rapidez que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, obró recientemente para resolver la muerte de un agente de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) en Colombia, "obren para esclarecer la muerte de un colombiano en Estados Unidos".El padre de la víctima hizo un llamado público al presidente estadounidense, Barack Obama, para que intervenga en el esclarecimiento del caso de este estudiante del Miami Beach Senior High School.La familia Hernández denunció de nuevo hoy que el pintar un grafiti es una falta menor, que el joven no cometió ningún "asesinato" y que fue un caso en el que hubo fuerza excesiva.Por lo menos 540 personas han muerto desde 2001 por armas Taser en Estados Unidos, siendo la Florida el segundo lugar de mayor número de fallecimientos por esta causa, con 65, según Amnistía Internacional.Un informe de esta organización de Derechos Humanos de 2013 concluyó que el 90 % de las víctimas fatales estaban desarmadas.

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