“Existe un gran negocio en torno al dolor de las víctimas”: Defensoría Militar

Jean Carlo Mejía, director de la Defensoría Militar, habló del fraude de falsas víctimas en la masacre de Mapiripán. Insistió en que se debe investigar al colectivo de abogados Alvear.

Hace dos semanas en el país se desató un escándalo por la aparición de falsas víctimas de la masacre de Mapipirán, Meta. El supuesto fraude fue condenado por el presidente Juan Manuel Santos, quien lamentó que el Estado --debido a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- reparara a personas que no padecieron por la toma de las Autodefensas en 1997. De inmediato, la Defensoría Militar cuestionó al Colectivo de Abogados José Alvear, que representó a las víctimas, entre ellas a Mariela Contreras, quien hace unos días aceptó haber mentido. En entrevista con El País, Jean Carlo Mejía Azuero, director de la Defensoría Militar, insistió en la necesidad de que la justicia investigue al colectivo de abogados. Sostuvo que la Fiscalía sólo identificó a víctimas reales, “pero luego hubo otras, como la señora Contreras, que fueron incluidas por la Corte”. Luego de las denuncias del fraude cometido por falsas víctimas en la masacre de Mapiripán, ¿qué pasos siguen en el proceso?La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha citado para el 23 de noviembre al Estado colombiano para hacerle seguimiento al cumplimiento de la sentencia. En ese escenario la Corte seguramente le exigirá al Estado que responda por qué no precisó las víctimas, lo que es inaceptable en mi criterio, pues en los párrafos 131 y 137 de la sentencia de Mapiripán hay datos que demuestran que lo que se ha dicho en los últimos días no es cierto.¿En qué casos específicos?Han dicho que la culpa es de la Fiscalía por no determinar las víctimas y lo que dice la sentencia es que el Estado propuso un número de víctimas, pero luego la Corte estableció la existencia de otras, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presentó la demanda y el Colectivo de Abogados José Alvear, que representa a las víctimas. Aquí se está tratando de desviar la atención y nuevamente responsabilizar al Estado. Pero la Comisión insiste en que el 6 de abril del 2005 el Estado presentó ante la Corte la lista de muertos y desaparecidos, en donde se identificaba como víctimas a Mariela Contreras -quien aceptó haber mentido- y a tres de sus familiares...Eso es lo que han dicho, pero es impreciso de acuerdo a lo que yo le comento, pues la sentencia dice lo contrario. Mariela Contreras aparece en el párrafo 133 como una víctima descubierta por la misma Corte y respaldada por este colectivo de abogados.Entonces, ¿cree que el colectivo José Alvear se aprovechó del dolor de las víctimas para hacer negocio? Yo lo que creo es que no se trata sólo de ciertos colectivos ni ONG, sino de un monopolio absoluto frente al tema, que podría generar una profunda revisión del sistema interamericano de Derechos Humanos, porque existe un gran negocio en torno al dolor de las víctimas. Es claro que al colectivo de abogados y a otras organizaciones no gubernamentales hay que respetarles su debido proceso, pero sí creemos que es urgente hacer unas investigaciones profundas acerca de lo que está pasando ahí.Sin embargo, el colectivo de abogados niega ser cómplice de la señora Mariela e, incluso, ha ofrecido devolver el dinero que recibió por los honorarios de este caso...Sí, pero ahí surgen varias preguntas. Como lo decimos en nuestro segundo comunicado de prensa, en donde sacamos unas cifras que ascienden a US$24 millones, uno encuentra que son las mismas organizaciones las que llevan los casos de las masacres, entonces uno se preguntaría: ¿Por qué, si no hicieron nada malo, tienen que devolver el dinero? En el caso de Mapiripán el colectivo recibió $7.000 millones. Eso es mucha plata. ¿Cree que el Estado no ha sido juicioso en investigar a los colectivos de abogados?Total. No se ha aplicado ni por el Estado ni por la ciudadanía las normas para hacerle seguimiento a ciertas organizaciones. Y por parte de la ciudadanía y de nosotros ha faltado darle una aplicación a la veeduría.Cuando usted dice que se debe revisar el sistema interamericano de Derechos Humanos, parece que estuviera responsabilizando a la Corte Internacional por el fraude de aquellas víctimas falsas... No, lo que nosotros hemos dicho es que existen unos problemas estructurales en el sistema que obviamente los conocemos porque nosotros nos hemos preparado con el mismo Instituto Interamericano. Creemos que hay fallas que se deben revisar con esto que acaba de pasar. Uno podría avizorar un cisma en el sistema interamericano, tal como sucedió con el europeo.Hay quienes critican que, debido al escándalo de las víctimas falsas, ahora el Estado pretenda minimizar el daño que causó la masacre de Mapiripán... No entiendo con qué argumentos se hace semejante aseveración. Ni nosotros ni el Gobierno Nacional ha salido a negar la existencia de una masacre que es evidente. Siempre hemos dicho que sí existió una masacre y eso lo ha aceptado el mismo general Uscátegui. Lo que pedimos es que se investigue a profundidad si este hecho realmente dejó el número de personas que señala el colectivo de abogados. Pero la Defensoría jamás ha negado la existencia ni de esa masacre ni de otras.Con el supuesto fraude de Mapiripán la Defensoría también ha puesto en tela de juicio el número de víctimas que se reportaron en otras masacres, como la de Trujillo (Valle) y Santo Domingo (Arauca), ¿acaso tienen pruebas?Estamos adelantando los cruces de información y hemos anunciado que los resultados serán revelados cuando se verifiquen todos los datos de las personas que aparecen reportadas como víctimas. En Trujillo tenemos serias dudas, porque esa masacre se presentó con un núcleo fundamental entre marzo y abril de 1990, pero esto se ha extendido desde el 1986 hasta 1994 y ahí se pudieron haber presentado otras personas como víctimas cuando en realidad no padecieron por eso. Incluso, esto lo han denunciado algunas de las verdaderas víctimas de la masacre. En el caso de Santo Domingo, tenemos dos libros escritos en donde se revela, y eso se puede verificar en los expedientes, que movieron cuerpos de un lugar a otro para hacer creer que habían muerto producto de la explosión de bombas lanzadas por un helicóptero. También estamos investigando las tres masacres de La Gabarra en 1997, con el fin de mostrar que existen serias dudas que tiene que indagar la justicia respecto al censo que se realizó. Se indemnizaron a cerca de 2.000 víctimas, cuando el censo sólo reportaba 100. Usted ha denunciado que la Defensoría ha sido objeto de amenazas, ¿quiénes estarían detrás de esas intimidaciones?Eso está en averiguación por la militación de justicia. Hay 24 abogados amenazados y esta semana tuvimos otro caso. Tenemos una gran preocupación sobre el tema porque llevamos más de un año pidiéndole al Ministerio del Interior que se pronuncie sobre la seguridad de nuestra gente. También en eso vemos una asimetría, pues sólo se protege a ciertos defensores de Derechos Humanos, generalmente por presiones mediáticas del extranjero.Entonces, ¿cree que sí hay una guerra jurídica contra los militares?Sí y eso lo he escrito en varios de mis libros. Pero también he dicho, con toda la precisión, que no todo es guerra jurídica, pues se han presentado casos que son innegables y por eso a nosotros nos corresponde garantizarle a las personas su defensa técnica y material. Pero sí hay una guerra jurídica y además una judicial, que es muy distinto. Pero hay quienes señalan que con las críticas a la Corte y a la Comisión de Derechos Humanos por el registro de falsas víctimas, la Defensoría también buscaría deslegitimar las investigaciones y condenas a los militares que tuvieron responsabilidad en la masacre...Jamás. No podría ser cierto eso, porque la masacre ha sido reconocida por la misma Defensoría y el Estado. No se podrían desdibujar las responsabilidades desde el punto de vista penal. En el caso jurídico del general Uscátegui nosotros sí consideramos que allí se han presentado todo tipo de presiones malsanas, sobre todo por su categoría de General, pues él no tenía el control operacional sobre la unidad militar a la cual se le culpa de omisión. Tampoco entendemos cómo el coronel Orozco, que está condenado a 40 años por la masacre, está viviendo en Miami, cuando debería pagar una pena en Colombia. Además, los audios han revelado la cantidad de plata que, según él, le ofrecieron para declarar contra el General, así como la protección y salida del país que recibió gracias al colectivo de abogados Alvear.