Evalúan entrega de más recursos para descongestionar la justicia en Colombia

En una reunión entre el Gobierno y los presidentes de las altas cortes, se planteó la elaboración de un informe para analizar si se mantienen los cargos de descongestión judicial.

El Gobierno Nacional se comprometió este lunes con la Rama Judicial a adelantar un estudio para analizar la viabilidad económica de convertir los actuales cargos de descongestión en cargos permanentes. Así se definió este lunes luego de una reunión entre los presidentes de las Altas Cortes y el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, quienes estuvieron acompañados por la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa. Se informó que por orden del Presidente, la ministra Correa y el Ministerio de Hacienda deberán trabajar en conjunto en el informe. “Este estudio permitirá determinar cuántos de los funcionarios que actualmente ocupan cargos de descongestión se requieren para evacuar los miles de procesos que se encuentran represados en la Rama y, además, definir cuáles de esos podrán ser permanentes como otra de las medidas adoptadas para descongestionar los despachos”, dijo Correa. La idea es que la permanencia de los despachos sirva para disminuir la cantidad de procesos represados que tiene la Justicia. Oficialmente, se reportó que durante los años 2011 y 2012 la labor de los funcionarios de descongestión permitió evacuar 832.148 procesos. No obstante, cabe recordar que actualmente el Gobierno Nacional le adeuda a la Rama Judicial $100 mil millones que fueron utilizados de su presupuesto para la nivelación salarial de los empleados del sector que estuvieron en paro el año pasado. El compromiso en su momento consistió en que la Rama utilizaba esos recursos y el Gobierno después los regresaba, cosa que no ha hecho. Como una primera medida, la Judicatura decidió extender por dos meses más la vigencia de los despachos de descongestión y eliminó ya los despachos adjuntos en todo el país. Según se ha establecido, si la Rama Judicial no recibe los recursos prometidos tendrá que empezar a eliminar, al menos, el 50 por ciento de los despachos de descongestión.