Estudiantes de Derecho buscan sacar de las cárceles a condenados inocentes

Aunque su objetivo son los casos de condenados injustamente, el Proyecto Inocencia también asesora a quienes pueden gozar de beneficios como la libertad condicional.

En 1989, en un caserío minero de Antioquia, un hombre a quien le decían ‘el Morenazo’ asesinó a machetazos a otro y desapareció.Del sospechoso las autoridades reunieron pocos datos: que era negro y que la parte derecha de su cuerpo, desde el rostro hasta los brazos, estaba visiblemente quemada. Que no tenía los dientes de adelante. Y que una mujer había escuchado que se llamaba Manuel Mena.18 años después, en la terminal de transportes de Bogotá, un chocoano que llegó en busca de trabajo fue capturado por la Policía, pues había sido condenado a 16 años por ese homicidio.El hombre, que en efecto se llama Manuel Mena, no conocía a nadie en la capital del país. No tenía a quién pedirle ayuda, ni sabía cómo explicarle a las autoridades que, a pesar de que él sí es “el señor Mena”, nunca había matado a nadie y ni siquiera había estado en Antioquia.En agosto del 2008, Manuel presentó su caso al Proyecto Inocencia, una iniciativa de la Universidad Manuela Beltrán que actualmente tiene un convenio con el Inpec y la Vicepresidencia de la República, que le permite llegar actualmente a doce cárceles de Colombia. Los integrantes del proyecto, que se encarga exclusivamente de ayudar a las personas injustamente condenadas, encontraron que a Manuel le habían vulnerado su derecho a la defensa (fue condenado en 1993 como reo ausente), así como otras fallas en el debido proceso.Francisco León, quien hizo parte del equipo jurídico que ayudó a Manuel, explicó que con él hubo una “ligereza” (o negligencia) de las autoridades para su identificación. “Sus rasgos físicos eran completamente diferentes y él nunca había estado en el lugar de los hechos. El proceso tuvo tantas fallas que el abogado que le asignaron cuando lo juzgaron –como reo ausente– pidió que lo declararan culpable”.Para revocar la condena, el Proyecto Inocencia puso una tutela ante el Tribunal Superior de Antioquia, el cual ignoró la solicitud que se hizo de un peritaje físico “para comprobar que Manuel nunca había tenido quemaduras en su cuerpo y que no le faltaban sus dientes”.Pero el recurso fue fallado en contra de Manuel. Lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia. “Ignoraban el caso”, cuenta Francisco. Fue la Corte Constitucional la que ordenó a Medicina Legal determinar si el hombre en ese entonces encarcelado era el mismo ‘morenazo’ descrito por los testigos de la época, en un resultado que finalmente favoreció a Manuel, quien salió libre luego de tres años de encierro.Los injustamente condenadosEl Proyecto Inocencia, que acompañó a Manuel durante su enfermedad en la cárcel y que luego le brindó apoyo psicológico, está actualmente integrado por tres abogados, ocho estudiantes de Derecho, seis de Investigación Criminal y tres de Psicología.Hasta 2012, luego de cinco años de funcionamiento, este grupo había revisado 1.200 procesos judiciales de quienes dicen que con ellos se cometió una injusticia, muchos de los cuales fueron ignorados por no encontrar bases para considerar que la persona sí está injustamente condenada. “Tenemos tres requisitos para aceptar un caso: que la persona siempre haya alegado su inocencia, que no cuente con recursos económicos para costearse una defensa y que tenga una sentencia condenatoria en firme”, explica Juan Carlos Cárdenas, director del proyecto.Hasta el momento, esta iniciativa ha logrado la libertad de nueve personas, condenadas en su mayoría por negligencias en el proceso de identificación. Una de ellas, René Martínez, estuvo a punto de pasar 26 años en una cárcel de Perú, donde supuestamente había traficado cocaína. El hombre, capturado cuando sacaba su pasado judicial en Bogotá en el 2009, era, supuestamente, buscado por la Interpol con fines de extradición, a pesar de que nunca había salido de Colombia. Como en muchos otros casos, la identificación de René se basó solo en su nombre, sin que las autoridades tuvieran en cuenta el hecho de que podría tratarse de un homónimo. Actualmente el Proyecto Inocencia tiene 300 casos en estudio, aunque el número se incrementa con el paso de los días, pues la iniciativa está siendo implementada en doce cárceles de Colombia. Entre los penales escogidos están los de Villahermosa y Jamundí en el Valle, para los cuales ya se tienen programadas visitas en las próximas semanas.Por ejemplo, actualmente en la cárcel de Jamundí el proyecto estudia el caso de un exmiembro de las AUC que, a pesar de que ya cumplió su condena, ahora está siendo acusado de un homicidio por otro exparamilitar.“Lo que llama la atención del caso es que el comandante de las AUC de la zona donde ocurrió el homicidio luego dijo que él mismo lo ordenó y que el hoy condenado ni siquiera era de su compañía”, cuenta Francisco León.En todos los casos, los miembros del proyecto aplican unos filtros y hacen una evaluación previa para evitar que se les cuele algún culpable. “Entrenamos a los estudiantes para que identifiquen cuándo una persona puede estar mintiendo”, explica. Para esto realizan entrevistas minuciosas en las que una y otra vez contrastan los detalles del caso. Si les queda alguna duda, revisan el expediente y vuelven a hablar con el condenado.El problema es que no todos los procesos son como el de Manuel Mena. “Hay personas que sabemos que son inocentes, pero que no hemos encontrado la prueba que nos permita solicitar su libertad”, asegura León.Eso le pasa a Raúl Gómez*, quien está condenado a 25 años por una masacre ocurrida en Boyacá en 1987, gracias al testimonio de una familiar de las víctimas que posteriormente se retractó. Los abogados del proyecto han reunido una serie de testigos que lo sitúan en Bogotá en la época de los hechos, así como la solicitud de que se vuelva a interrogar a la persona que lo acusó en un primer momento. Por ahora, y mientras se consolida la expansión del Proyecto Inocencia en las principales cárceles colombianas, sus integrantes dicen que esperan que su trabajo ayude para que “los errores más comunes en el sistema judicial no se vuelvan a repetir”.Fundación Defensa de InocentesLuego de quedar en libertad tras ser acusado erróneamente por el secuestro de sus once compañeros de cautiverio, el exdiputado Sigifredo López conformó con un grupo de abogados la Fundación Defensa de Inocentes, que busca que casos como el suyo no se repitan. Un grupo de cinco abogados que actualmente hacen parte de la Fundación, atienden 17 procesos judiciales como el de Yidis Medina, quien fue absuelta esta semana por un delito de secuestro que le valió una condena a 32 años de cárcel en el 2012; o el de Mariasoliana Colorado, quien recuperó su libertad luego de ser acusada de pertenecer a las Farc, delito por el quehabía sido capturada en Villarica, Cauca. Además, como consecuencia del error judicial que se presentó con Sigifredo López, este grupo de juristas también le hace seguimiento al tema del ‘cartel’ de falsos testigos’ que se denunció dentro de la Fiscalía. “Aspiramos a que, con la defensa de las personas que tienen medios económicos, podamos financiar a quienes no tienen recursos”, explica Elmer Montaña, uno de los abogados del grupo.La fundación ha recibido 500 solicitudes de llevar procesos.