Estos son los delitos que llevaron a la captura del alcalde Bartolo Valencia

Bartolo Valencia Ramos será trasladado hasta la ciudad de Buga, donde tendrá una audiencia que se realizará este martes. El País reveló varias de las irregularidades por las que el funcionario es acusado.

El alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, fue capturado por el CTI de la Fiscalía en un hotel del centro de esa ciudad en la tarde de este lunes por presuntas irregularidades en la contratación de cupos escolares en la ciudad. 

También fueron detenidos cuatro particulares y cinco funcionarios públicos, entre los que se encuentran el director de la Unidad de Saneamiento Básico Yasser Valencia Saab, un exasesor jurídico de la Secretaría de Educación y el exsecretario de Educación Carlos Riascos. 

Bartolo Valencia será trasladado hasta la ciudad de Buga, donde tendrá una audiencia que se realizará este martes.

Según se conoció de manera preliminar, las irregularidades están relacionadas con la celebración de varios contratos con instituciones educativas, entidades y fundaciones sin ánimo de lucro para otorgar cupos escolares a cerca de 48 mil alumnos que no estaban escolarizados. Debido a esto, el Ministerio de Educación autorizó 21 mil cupos y la Secretaria de Educación contrató cerca de 90 operadores bajo la modalidad de contratación directa, para que prestaran el servicio de educación en la ciudad. El vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, dijo que "la Fiscalía recibió varias denuncias e investigó seis de los 97 contratos que tenían un valor de $3.070 millones, que iban a contribuir a la educación de cerca de cuatro mil niños". Al revisar los documentos, la Fiscalía encontró que según lo pactado en los contratos, la educación de cada niño costaba un millón de pesos, sin embargo, los operadores subcontrataron a $500 mil por cada estudiante. Además, los menores aparecían en varías listas repetidamente y, en algunos casos, eran niños fantasmas, que no existían. Según el vicefiscal, el alcalde habría dado viabilidad a los contratistas que no cumplían con los requisitos legales, pues para hacer este tipo de contratación se necesita que la empresa licitadora lleve tres años en funcionamiento y en este caso las seis empresas investigadas no cumplían con dicho requisito.  Jorge Perdomo señaló que las empresas investigadas son: Fundación Perla, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacífico, Corporación Mujer del Pacífico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y la Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.  

El alcalde Bartolo Valencia habría sido uno de los que participó en lo que se llamó el ‘Banco de Oferentes’ para otorgar dichos contratos.

Estas personas que estaban en la lista de elegibles subcontrataron con las instituciones a las que solo les entregaron el 60 por ciento del valor de los contratos y se apropiaron del restante 40 por ciento.

En las próximas horas, ante un juez de control de garantías de Buga, Valle, la Fiscalía les imputará los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Además, el vicefiscal anunció nuevas investigaciones a los otros operadores involucrados en estos contratos. 

Desde el 2012, El País ha denunciado en repetidas oportunidades irregularidades en la administración del alcalde Bartolo para ejecución de obras en el principal puerto del pacífico colombiano.

En el informe La corrupción, el otro cáncer que está acabando con Buenaventura publicado en abril de 2014, se denunció que durante la alcaldía de Bartolo Valencia hubo ‘trasteo virtual de estudiantes’, ‘vacuna por alumno’ y el ‘reciclaje de fundaciones’.

Con base en la Resolución 187 del 25 de febrero del 2013 de la Alcaldía de Buenaventura, son cerca de 8.000 alumnos, cuyo subsidio equivale a $7.200 millones, los que han quedado a merced de la tercerización que fundaciones realizan en colegios de garaje.

Además de las instituciones oficiales y privadas, en el Puerto están funcionando en la actualidad 258 colegios de garaje contratados para ampliación de cobertura.

Posteriormente, se publicó el informe 'En Buenaventura, los contratistas no cumplen con las obras pero sí a los políticos', en el cual se denuncia que después de una visita a 45 de las 99 obras que se adjudicaron en el último año (2014) se encontró que: 22 de ellas no se han iniciado, 5 están inconclusas, hay 2 en ejecución, en 5 casos la dirección no concuerda con el documento, solo 8 están terminadas y hay 3 casos en los que la comunidad asegura que esas calles se pavimentaron en gobiernos anteriores.

Se indica además que en todo el 2013 la administración de Bartolo Valencia no llegó a adjudicar tantas obras y por valores tan altos como las que sometió a ‘concurso’, varios con un solo oferente, justo cuando entró en vigencia la Ley de Garantías, que prohibe la contratación directa.

'La corrupción y el desgreño tienen ‘seco’ a Buenaventura', fue el tercer informe exclusivo entregado por El País, en el cual se revela cómo la corrupción ha impedido que el principal puerto sobre el Pacífico tenga agua potable garantizada las 24 horas del día.

En el informe se denuncia que un compendio de hallazgos de varias investigaciones y auditorías dan cuenta de que cerca de $160.000 millones enviados a Buenaventura desde el Gobierno central  han contribuido a formar una generación de nuevos ricos en el Puerto, mientras la ciudad sigue sin planta de tratamiento de agua potable, con un reguero de obras inconclusas, canceladas casi en su totalidad, y con costosos equipos inutilizados que en su mayoría ya han sido desmantelados.

Más investigaciones

Otro escándalo que dejó en evidencia los problemas del sistema educativo en Buenaventura fue el relacionado con los llamados 'alumnos fantasmas' en la alcaldía de Jose Felix Ocoró.

En 2012, la entonces ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró que Buenaventura era la localidad del país que más irregularidades presentó en el reporte de estudiantes matriculados, ya que el 36 por ciento de la matrícula resultó ser falsa.

Lo que significaría que de los 111.600 niños reportados, no aparecieron 40.600, por los cuales se le giraron al municipio $54.500 millones de más por concepto de matrícula.