Estado pedirá perdón por muerte de defensor de Derechos Humanos

La familia de José Rusbel Lara, recibirá las disculpas del Gobierno por el asesinato del líder ocurrida el 8 de noviembre de 2002, en Tame, Arauca.

Este viernes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pedirá perdón en nombre del Estado a los familiares de José Rusbel Lara, integrante del Comité Regional de Derechos Humanos 'Joel Sierra'. Esto atendiendo la solicitud de la familia Lara, quienes consideraron que el jefe de la cartera política es el indicado por el trabajo que ha desarrollado a favor de las víctimas del conflicto armado en el país. Los hechos ocurrieron en Tame (Arauca) el 8 de noviembre del 2002 por miembros del bloque paramilitar Vencedores de esa región. Lara tenía 42 años de edad, cuatro hijos y se desempeñaba como maestro de construcción y coordinador de ese comité, además participaba en el sindicato de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, había advertido que Lara era uno de los defensores de derechos humanos en situación de riesgo grave, por lo que determinó que si el Estado hubiera realizado un seguimiento oportuno e investigado a fondo las amenazas se hubiera podido evitar la tragedia. Compromiso con los indígenas Por otra parte, miembros de este ministerio hacen presencia en el resguardo indígena en el que fueron víctimas dos de sus miembros, en medio de un ataque de las Farc. La viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos, Carmen Inés Vásquez, y el director de Asuntos Indígenas, Pedro Santiago Posada, estarán este jueves en la zona rural de Cauca, para acompañar a la comunidad de los resguardos San Francisco y Toribío y repudiar el asesinato de dos indígenas, miembros de la guardia. “Vamos a ir a presentar las condolencias por parte del Gobierno, a rechazar este tipo de actos y ponernos a disposición para colaborarles”, aseguró Posada. Además, vía telefónica el ministro Cristo se comunicó con las autoridades indígenas y con asociaciones de estas poblaciones para reiterarles el compromiso del Gobierno en la defensa de sus derechos.