Estaciones de Policía no podrían estar en zonas rojas, según fallo de Consejo de Estado

Estaciones de Policía no podrían estar en zonas rojas, según fallo de Consejo de Estado

Enero 21, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa

Según el fallo del Consejo de Estado, en el que se condena a la Nación por un ataque guerrillero en Arauca en 1999, los civiles se vieron afectados por la proximidad de la estación de Policía.

El Consejo de Estado sentenció que las estaciones de Policía no pueden estar ubicadas en zonas que pongan en riesgo a la población aledaña, cuando se trata de localidades donde con frecuencia se ve alterado el orden público. Así lo determinó la Sección Tercera de la Corporación a la hora de condenar a la Nación, representada en la Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados en una iglesia, un colegio y en la casa cural de Puerto Rondón (Arauca), durante los ataques de la guerrilla en marzo, septiembre y diciembre de 1999.Con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, se señaló que las edificaciones se vieron afectadas por encontrarse junto a la estación de Policía. Por tanto, concluye la Sala que no se trató de un ataque indiscriminado hacia la población del municipio de Puerto Rondón, sino de uno específico contra la Policía Nacional. "En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles", señala la sentencia. El Consejo de Estado además manifestó que es imperativo para el Estado proteger de manera especial las edificaciones religiosas, para “proteger el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”. Al respecto, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la prioridad de la obligación del Estado de adoptar medidas de protección y prevención en situaciones de conflicto armado, por lo que su omisión puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Vea aquí el documento completo de la sentencia .

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