¿Es justificada o no la condena al Estado de la Cidh por la retoma del Palacio?

Sectores aplaudieron la decisión de la Corte mientras que el jurista Jaime Granados dijo que la Corte no está en posición de determinar si hubo responsabilidad del Estado o no en estos hechos.

Tras la condena al Estado colombiano impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, varios expertos opinaron sobre el fallo.Esta sentencia considera al Estado colombiano responsable por la desaparición forzada de 10 personas, entre las cuales estaban siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, dos visitantes del centro judicial, y la guerrillera Irma Franco Pineda. También se le consideró responsable de la desaparición forzada y posterior asesinato del entonces magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Según la sentencia, el Estado es responsable principalmente por “la falta de esclarecimiento judicial de los hechos y la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia y que era conocido por el Estado”. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nilson Pinilla, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad que investigó los hechos acaecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, opinó que la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “se veía venir”. Según él, “la ausencia de una investigación seria y la absoluta tendencia de parte de agentes del Estado a negar lo ostensible durante años, son los principales causantes de esta condena”. Con él estuvo de acuerdo el exmagistrado de la Corte constitucional Carlos Gaviria Díaz, quien aseguró que “a pesar de los años que han pasado desde aquellos sucesos, el hecho de que el Estado deba responder ante un tribunal internacional por los abusos cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia es muy bueno”. Para él, “la Cidh es una entidad seria y si condenó al Estado colombiano fue porque encontró irregularidades grandes de parte del mismo en esos hechos” y agregó que los fallos de esta Corte “han sido a lo largo de la historia completamente confiables y lo siguen siendo”. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, aseguró que “la Cidh tomó la decisión que le corresponde y el Estado debe responder”. También opinó que “con respecto al proceso que se sigue en Colombia en contra de los responsables particulares de esos hechos, se debe considerar la decisión tomada por la Cidh”. Por su parte, Jaime Granados, abogado defensor del coronel Alfonso Plazas Vega, acusado de ordenar varios de los hechos ocurridos en la retoma por parte del Ejército Nacional, afirmó que la Corte no está en posición de determinar si hubo responsabilidad del Estado o no en estos hechos, dado que él hace parte del proceso judicial que se lleva a cabo en Colombia. En este sentido Granados aseguró que tan pronto la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el proceso del coronel Plazas Vega, él mismo expresará su opinión al respecto.