En México los periodistas trabajan bajo el fuego

Noviembre 07, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Gerardo Quintero

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que desde el 2000 a la fecha han sido asesinados 65 periodistas y se han registrado cerca de 20 ataques a instalaciones de medios de comunicación.

Martha Chan Dzul tuvo suerte. Ella trabaja en el Diario de Yucatán, uno de los principales periódicos de Mérida, al sureste de México, y hace una semana fue agredida cuando recopilaba denuncias sobre supuestas irregularidades en la administración de terrenos de la comunidad en las afueras de esta población, donde por estos días se realiza la 66 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.Tuvo suerte porque aparte de unos cuantos moretones y agresiones verbales, la situación no pasó a mayores y pudo volver a su oficio. Con un poco más de temor que antes, pero volvió. Una fortuna que sin embargo no tuvieron once de sus compatriotas colegas este año, quienes fueron asesinados por el narcotráfico, alianzas entre políticos y bandas criminales y, en algunos casos, hasta con la complicidad de la Policía. Así lo relatan periodistas mexicanos que llegaron a la convención de la SIP que comenzó el viernes y que pretende dar un espaldarazo a los comunicadores de este país que hoy están bajo fuego.“La libertad de prensa está amenazada en México. Que diez periodistas hayan sido acribillados este año, que ocho más todavía permanezcan desaparecidos, sin saber de su suerte, y que existan algunos elementos que hacen que el Estado no sea tan confiable para proteger a los comunicadores, nos da una perspectiva de que hay un problema grave”, advierte Roberto Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP. Hoy en América no hay un país más peligroso para ejercer el periodismo que México. Las amenazas y hostigamientos se han convertido en pan de cada día, especialmente para los comunicadores que cubren temas de corrupción, narcotráfico y seguridad urbana.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que desde el 2000 a la fecha han sido asesinados 65 periodistas y se han registrado cerca de 20 ataques a instalaciones de medios de comunicación.Antonio Martínez lo vive en carne propia. Él es el director editorial de El Mañana, un periódico de Nuevo Laredo, al norte de México, que colinda con el Estado de Texas. Antonio tuvo que reemplazar a Roberto Javier Mora, asesinado en el 2003 cuando regresaba a su residencia. ¿Quién lo mato? No se sabe, pues el 90% de los casos de asesinato de periodistas permanece en la impunidad. Pero todo indica que fueron miembros del Cartel del Golfo. Hoy en el periódico que coordina Martínez nadie habla del Narco (como le dicen en México).“La comunidad es solidaria con nosotros y sabe cómo son las cosas en una ciudad chica. Lo grave es cuando envían emisarios (los narcos) para que publiquemos algo con sesgo. Desgraciadamente, es tal la presión, que nos ha tocado publicar notas, pero siempre la acompañamos de alguna condena del Presidente contra el crimen organizado y la ponemos bien minimizada para que la gente, en forma de clave, sepa lo que nos está sucediendo”, relata Martínez, mientras intenta convencer con el tono de su voz que la situación está controlada.Estas son las condiciones en que se trabaja hoy en México, especialmente en los estados del norte. Los carteles del narcotráfico, en alianza con políticos y jefes policiales corruptos, han permeado las estructuras en estados como Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Durango, Coahuila y Oaxaca.El columnista del Universal Miguel Carbonell lo advierte: “Las amenazas a periodistas o su eliminación física nos ponen a todos en peligro, pues es probable que de esa forma se oculten muchos otros delitos o simplemente se excluyan temas importantes de la discusión nacional”.Los intentos de silenciar a la prensa van desde la amenaza directa a los comunicadores, pasando por los ataques alevosos a las instalaciones de los medios y concluyendo, incluso, en descaradas formas de extorsión.Esto fue lo que le sucedió a Sergio Reguero, director general de Puebla Sin Fronteras, quien el 31 de agosto pasado recibió una llamada de alguien que hablaba en nombre del Cartel de narcotraficantes conocidos como los Zetas y exigía una cuota mensual de diez mil pesos (unos US $800 dólares) con el fin de brindar “protección” al medio de comunicación. Reguero rechazó esta presión y puso el caso en conocimiento de la Gobernación de Puebla y de la Procuraduría estatal.Adrián López, del diario Noroeste de Mazatlán, en Sinaloa, también ha vivido su drama. Por lo menos en tres ocasiones la sede de su diario ha sido atacada por bandas criminales y reconoce que ejercer el periodismo en estas zonas del país se vuelve, muchas veces, un acto suicida.El hecho más reciente ocurrió el pasado 1 de septiembre cuando la sede del diario fue atacada por hombres armados y menos de 48 horas después una persona se comunicó para exigir cerca de US $15.000 dólares, para no volar el edificio donde funciona el rotativo. En su edición del 2 de septiembre, las directivas del Noroeste decidieron incluir una nota en la que señalaban a sus lectores que en las actuales circunstancias la tarea periodística era muy difícil y no existían las condiciones para informar con responsabilidad y profesionalismo. Sin embargo, el medio se negó a claudicar en su derecho a continuar informando. Esta tenebrosa práctica también llegó a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde a fines de agosto pasado un carrobomba estalló frente a las instalaciones de Televisa. Aunque nadie murió, la señal fue sacada del aire y los periodistas quedaron atemorizados pues se trató del tercer ataque en menos de un mes contra esta oficina.Esta peligrosa situación ha llevado a que los periodistas acudan a la autocensura como una forma de proteger sus vidas. Así lo advierte Trotti, de la SIP, quien sostiene que esto es lo peor que le puede pasar a un periodista o a un medio de comunicación. “Aquí lo que estamos protegiendo no son los intereses de los medios, ni siquiera de los periodistas. Lo que estamos tratando de proteger es el sentido de la libertad de expresión y de prensa como una garantía para que todo el mundo este informado. Si no hay información no hay democracia”.“El Gobierno Federal no nos da confianza”Lo más preocupante, advierten los periodistas amenazados, es que no hay a quién acudir. “No hay confianza, no tenemos respaldo, eso es algo que sabemos y hemos platicado en diferentes ocasiones. El gremio lo sabe, desde que entras a hacer el oficio lo detectas, que no estás seguro con el gobierno emanado de cualquier institución política. Nosotros lo asumimos como una situación del día”, señala Neftali Hernández, coordinador editorial del diario La Verdad, de Mérida.Cuando habla, sus ojos parecen buscar en los alrededores algún oficial de la Policía y una vez se percata que no es así confirma: “Al final sabemos que dependemos de nosotros mismos. Sabemos con quién contamos y lo hacemos porque no esperamos nada de nadie más que de nosotros mismos. Ni el Gobierno ni la Policía nos van a defender, siempre va a haber desconfianza”.Quien mejor lo grafica es Heriberto Cantú, director general de El Mañana, de Nuevo Laredo: “La casa está tomada, las autoridades locales están cooptadas, ese es el problema, no hay dónde acudir. La única fuente de autoridad que está haciendo un contrapeso a este fenómeno es el Estado nacional, a través del ejército y policías federales. Pero la verdad es que hay una absoluta desprotección al medio y a los periodistas”.La desconfianza hacia los funcionarios estatales se acrecienta cuando se conocen casos de periodistas asesinados por revelaciones de corrupción política. Martín Iglesias, director editorial de la Verdad, recuerda un caso en el 2003, cuando un reportero fue secuestrado en Tabasco, sureste del país, y luego apareció muerto.“Ese homicidio se disfrazó con lo del narco, pero ese compañero había hecho fuertes críticas al gobierno local anterior y luego una investigación encontró que los autores intelectuales eran altos funcionarios de esa región que habían hecho todo como para que el crimen se atribuyera al narco”, señala.Y su conclusión no puede ser más elocuente: “Aquí muchas veces no se sabe de dónde viene la bala”.Alejandro Aguirre, presidente de la SIP, advierte que esta asamblea que se realiza en Mérida es la mejor manera de respaldar a los medios y periodistas mexicanos. Y agrega que “la mayor contribución de la SIP es enfocar la atención de la prensa continental en lo que sucede en México y otros países y concientizar al mundo que la existencia de la propia democracia es lo que está en juego”, concluye Aguirre.Ante la sitaución desbordada una de las respuestas del Gobierno Mexicano fue la conformación de un Comité Consultivo, como un mecanismo para la protección de periodistas. Muchos comunicadores mexicanos creen que sólo quedará en el papel, pero otros ven un primer paso para no dejar morir la libertad de prensa en el país.

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