En lo social, la intervención a las ‘ollas’ de Cali está en deuda

Un año después de iniciado el proceso de intervención a las llamadas 'ollas', las autoridades destacan logros policiales. La comunidad reclama atención a otros males.

Todo empezó hace más de un año. Los primeros días de abril del 2013 el presidente Juan Manuel Santos se paseó por la zona del Bronx, en Bogotá, para mostrar ante los medios de comunicación el trabajo realizado por la Policía en esa zona de la capital. Se trataba de una operación que en coordinación con la Fiscalía había dado resultados de alguna contundencia en términos de capturas de expendedores e incautación de estupefacientes. Santos lo llamó el fin de la “fábrica del crimen” en dicho sector.El Bronx, como es sabido, era entonces uno de esos ‘triángulos de las Bermudas’ que hay en tantas ciudades. Uno de esos lugares donde muchos de los que entran no vuelven a salir, perdidos para siempre en el misterio de la droga. Para ese tiempo, las autoridades calculaban que en ese sitio que entre ruinas humanas había ido creciendo tras el exterminio del antiguo Cartucho, dos mil personas se apeñuscaban en medio del humo y la delincuencia, pero también entre la enfermedad de la adicción. El presidente Santos, con la esperanza de que ese fuera el camino para empezar a ponerle fin a esa situación, repetida a lo largo y ancho de Colombia, ordenó que lo hecho en Bogotá se replicara en otras 20 ciudades del país donde las autoridades habían detectado 24 “ollas”. Para ejecutar esa intervención, a la Policía le fue asignado un plazo de 60 días.En Cali, la intervención empezó a realizarse en dos lugares: El Calvario y Sucre. Un año atrás, en el 2012, solo en esos barrios fueron decomisadas 40.000 dosis de marihuana. De acuerdo con investigadores de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía, entre los dos barrios había cerca de cinco mil personas aglomeradas. Y entre esas personas, expendedores con capacidad para llevar hasta ahí, cada tanto, alijos de hasta cien kilos de base de coca que allá se multiplicaban por números incontables al ser mezclados con cualquier cosa que permitiera hacer rendir la droga y obtener mayores ganancias. Dependiendo de con qué sea revuelto, de un kilo de base un jíbaro puede sacar hasta tres mil dosis.Hasta antes de la intervención, esos mismos investigadores tenían un alias en la mira: El Papi. Según sus pesquisas, ese hombre era el encargado de manejar una línea de expendio compuesta por más o menos 150 personas que operaban en distintos rincones. La estructura de alias El Papi había llegado a tener su propia marca de garantía, Diablo Rojo, que impresa sobre las papeletas en que eran envueltas las dosis de bazuco, hablaban de mano en mano del prestigio callejero del clan. El Papi y su gente también distribuían marihuana, coca, heroína y pastillas. En ese tiempo, las autoridades hablaban de cien millones de pesos como el monto de la ganancia mensual de los expendedores de El Calvario y Sucre. Faltando una semana para que se cumplieran los 60 días impuestos como plazo para desmantelar las ollas, la Policía de Cali dio un balance de efectividad del 90%. La redondez de la estadística estaba respaldada en estos números: el decomiso de 62.153 dosis de marihuana, 4.858 de bazuco y 1.100 de cocaína; pero sobre todo en la desmantelación de tres bandas responsabilizadas del tráfico de droga en el sector: Los Diablitos, La Banda de Edwin y la estructura de alias El Papi. 141 personas cayeron detenidas por tráfico de estupefacientes. El general Fabio Alejandro Castañeda, comandante en ese momento de la Policía Metropolitana, dijo que durante esos días solo se intervino la olla de El Calvario pero que el trabajo seguiría extendiéndose hacia Sucre, Santa Elena, San Judas, La Isla y El Rodeo. Por orden presidencial, la Policía tuvo otros 60 días para continuar el trabajo en una segunda fase de intervención. Hace un par de semanas empezó la tercera fase, cuando Santos anunció la demolición de los lotes que hubieran sido embargados por haber servido como sedes de expendio y comercialización de estupefacientes. ¿Qué ha pasado en la ciudad entre uno y otro anuncio?Se necesita más que pinturaEl mayor Quilian Novoa, jefe de la Sijín en Cali, dice que además de las primeras capturas, en ese primer año se logró ampliar la intervención hasta Sucre y San Judas. Y que entre El Calvario y esos otros dos lugares, “fueron presentados para extinción de dominio 20 inmuebles, de los cuales en este momento tienen medida cautelar por parte de la Fiscalía y la Dirección Nacional de Estupefacientes, 11 predios”. Asimismo, que se realizaron 883 capturas por estupefacientes y 59 allanamientos en coordinación con la Fiscalía. Novoa asegura que las autoridades han realizado el trabajo también en otros puntos de la ciudad: “Son procesos estructurales a nivel de investigación, que demandan un tiempo, tareas en coordinación de la Fiscalía que demandan vigilancia, seguimientos, interceptaciones, técnicas especiales de investigación. Este no es un trabajo a la suerte, sino obedeciendo a una planeación en coordinación con la Fiscalía para que el resultado pueda impactar en la comercialización de droga”. De acuerdo con él, los resultados obtenidos en el transcurso de este año son una prueba de la continuidad de la intervención. En lo que va del 2014, en El Calvario y Sucre la Policía dice haber incautado 56.000 dosis de cocaína, 56.000 de base de coca, 38.000 de bazuco, 294 dosis de heroína y dos toneladas y media de marihuana. Para Novoa, “desde el punto de vista de la detención criminal, y en coordinación con la Fiscalía, el trabajo ha sido exitoso”.En las calles de El Calvario, sin embargo, hay quienes tienen una impresión distinta. Libardo Naranjo tiene 58 años y desde 1974 vive allí, ganándose la vida con un negocio de comidas rápidas. Libardo, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal, no ve que la acción policial tenga ahora la misma contundencia que antes: “Cuando ellos estuvieron fue bueno porque estuvo el barrio en paz. Pero se fueron ellos y esto siguió lo mismo, la misma cosa. Ellos estuvieron aquí como en mayo, estuvieron como dos meses nada más. Los delincuentes se fueron mientras estuvo la Policía aquí, pero luego volvieron otra vez, eso es igual”.El padre José González, líder de Samaritanos de la Calle, el programa social a través del cual lleva 15 años intentando devolverles algo de la dignidad perdida a los hombres y mujeres y niños extraviados en Sucre y El Calvario, dice que el balance de la intervención “es un poquito preocupante porque la Policía cumple la orden efectivamente, pero socialmente no ha habido nada. Y es preocupante porque atomizaron el problema. Por ejemplo, gran parte de la gente de Sucre y El Calvario, se pasó a Alameda, Santa Elena y San Judas. En toda la situación de Colombia, y en particular esta, se requiere es una intervención social. No nos puede pasar lo que pasó en Bogotá, que atomizaron el cartucho y resultaron diez cartuchitos”.El padre José asegura que en todo este tiempo no hubo ningún trabajo desarrollado de forma paralela, pensado para atender los otros problemas de la gente: la enfermedad de la adicción, la falta de oportunidades, de colegios, de médicos. El Calvario, hoy como hace un año, es un pedazo de ciudad donde todavía la gente se enferma de tuberculosis. Según mediciones del Municipio algunos de los niños que crecen allí empiezan a consumir alucinógenos a los 9 años. “Para esa decisión gubernamental (la intervención) no hubo nada, socialmente nada. Pintaron alguna casa, pintaron alguna calle en Sucre y El Calvario. Pero algo social, que toque a la gente que está afectada por este problema, no”, insiste el padre José. Desde la Alcaldía, hablan de un plan. Carlos José Holguín, secretario de Gobierno, dice que “con el padre José tenemos un proyecto para trabajar con jóvenes en alto riesgo para que no sean presa fácil de esas organizaciones que, no obstante se hayan desarticulado, tienen tendencia a reciclarse. Tenemos destinados $300 millones para una primera fase del proceso”.Holguín defiende la efectividad de la intervención: “La desarticulación de bandas criminales que operaban en las llamadas ollas, no solo del centro de la ciudad, es lo que ha permitido empezar a tener un éxito en la reducción de homicidios. Ya con este mes, vamos a completar el sexto con reducción continua de homicidios, estamos hablando de una reducción más o menos del 25%. En números estamos hablando de unos 230 homicidios menos que el año anterior”. Con respecto a la precepción de algunos habitantes de los sectores intervenidos, como la del presidente de la Junta de Acción Comunal de El Calvario, Holguín se remite a los números: “En las encuestas de victimización de la ciudad que hemos hecho, por primera vez este año, el 51% de las personas dice sentirse seguro en su barrio. Eso no sucedía. Hasta hace dos años la máxima percepción era del 38%. No faltará quien considere que todavía hay factores de inseguridad, ciertamente los hay, y por eso seguimos intentando desarticular las organizaciones”.