En Cali hay 250 mil personas en alto riesgo por bacrim: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo presentó este lunes su último Informe de Alerta sobre Cali. Según el documento, Bacrim y Farc siguen siendo las mayores amenazas para la población en la ciudad.

La Defensoría del Pueblo publicó este lunes su último Informe de Alerta sobre Cali, en el que advierte que los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que pretenden control territorial, tienen en alto riesgo a 250.000 habitantes de la ciudad. De acuerdo con el informe, la persistente influencia de milicias de la guerrilla en los sectores aledaños a la ciudad y la situación de violencia que ejercen las bandas criminales ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ en los barrios más deprimidos, está sometiendo a la ciudad a las constantes violaciones de Derechos Humanos por parte de estos grupos, violaciones que van desde el reclutamiento de adolescentes y niños hasta el homicidio y el desplazamiento. Según la Personería, actualmente se encuentran 2.134 jóvenes inmersos en pandillas, estructuras que tienen presencia en 17 de las 22 comunas de la ciudad. Estos jóvenes, denuncia la entidad, además de estar expuestos a las acciones de dichas estructuras, son instrumentalizados ante sus pretensiones por expandir la violencia, como viene ocurriendo en las ciudades de Medellín, Montería, Barranquilla y Bogotá.El informe también señala que hasta el 3 de febrero de 2014 se registraron 142 homicidios en la ciudad de Cali, lo cual ubica a la ciudad entre las más violentas del país con una tasa de 85,6 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. "Infortunadamente la situación de la capital vallecaucana no es un síntoma aislado, sino el reflejo de una realidad que golpea al departamento en su conjunto, pues durante el año 2013 registró 3.329 asesinatos, de los cuales al menos 1.371 fueron cometidos bajo la expresión del sicariato (809 en Cali)", afirma la Defensoría en el informe. La presencia del frente 30 de las Farc, la Columna Móvil Arturo Ruíz y las compañías Libardo García, Miller Perdomo, Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Gabriel Galvis (responsable del reciente atentado en el municipio de Pradera, con saldo de una persona muerta y 56 heridas), sumada a una creciente influencia de 'Rastrojos' y 'Urabeños', agravan el panorama de violencia, particularmente crítico en Cali, Buenaventura, Palmira y Tuluá, donde el año pasado se concentró el 74,6 por ciento de los homicidios y donde además coinciden las tres organizaciones en disputa por el control territorial y el narcotráfico. Valle del Cauca El informe de la Defensoría del Pueblo llama la atención no solo sobre la situación en materia de Derechos Humanos en Cali sino también en todo el Valle del Cauca, departamento que, según la Corporación, tienen el nivel más alto de homicidios del país. "La presencia del frente 30 de las Farc, la Columna Móvil Arturo Ruíz y las compañías Libardo García, Miller Perdomo, Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Gabriel Galvis (responsable del reciente atentado en el municipio de Pradera, con saldo de una persona muerta y 56 heridas), sumada a una creciente influencia de 'Rastrojos' y 'Urabeños', agravan el panorama de violencia, particularmente crítico en Cali, Buenaventura, Palmira y Tuluá, donde el año pasado se concentró el 74,6 % de los homicidios y donde además coinciden las tres organizaciones en disputa por el control territorial y el narcotráfico", dice el informe. Sin embargo, los homicidios no son el único tema de gravedad que evalúa el documento. Para la Defensoría, las cifras de secuestros también son preocupantes en el Valle, en donde 38 casos significaron un incremento del 63% entre 2012 y el año inmediatamente anterior. Asimismo, la extorsión, con 357 casos, registró un aumento del 60%. De acuerdo con el informe, el desplazamiento, que ha sido una de las violaciones a DD. HH. con mayor impacto en el Valle del Cauca, ha sido "matizado por una especie de chantaje mediante el cual se ofrece hasta un millón de pesos a quienes presten sus servicios a las estructuras delincuenciales, so pena del pago de una “multa” o el abandono de sus propiedades en defensa de su integridad personal". Según el Registro único de Víctimas administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a 31 de diciembre del año pasado se registraron en el país 84.792 víctimas, de las cuales el 94 por ciento sufrieron el desplazamiento forzado. De ellas, 10.678 fueron expulsadas del Valle del Cauca, en tanto que en Cali durante los primeros 10 meses de 2013 habían sido registradas 5.427 víctimas de este fenómeno. De hecho, el pasado 3 de Febrero según información suministrada por la Vicaría para la Reconciliación de la Arquidiócesis, se habría producido el desplazamiento de 37 personas en el sector 5 de Potrero Grande por presiones de 'Los Urabeños'. Ante este panorama, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un nuevo llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales, para que incrementen el presupuesto en materia de seguridad, fortalezcan la planta de fiscales y Policía Judicial así como la articulación entre las administraciones municipales y departamentales con la Fuerza Pública, a la vez que recomendó diseñar e implementar programas sostenibles de carácter social que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad tanto en la ciudad de Cali como en el Valle del Cauca.