En Cali, en promedio, se interponen 123 tutelas diarias

En Cali, en promedio, se interponen 123 tutelas diarias

Marzo 20, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa
En Cali, en promedio, se interponen 123 tutelas diarias

En los juzgados que están ubicados en el Palacio de Justicia de Cali reposan las tutelas que los caleños interponen a diario en la ciudad, además de otros procesos.

El año pasado hubo 28.853 tutelas en la ciudad. Este mecanismo, según un informe, representa el 25 % de la demanda de justicia en todo el país.

La tutela se ha convertido en el recurso legal más utilizado por los caleños. Cada día en la capital del Valle son interpuestas, en promedio, 123 acciones de tutelas por diferentes motivos.Incluso, el año pasado fueron presentados 28.853 de estos mecanismos en la ciudad, de acuerdo con la Oficina Judicial de Cali, a donde llega toda la documentación para ser repartida en los juzgados municipales y de circuito que hay en el sistema, y que hoy está ubicada en el primer piso de la Torre B del Palacio de Justicia. Los caleños interponen tutelas, en su mayoría, por la vulneración de los derechos de la salud, pero también por servicios públicos, educación, pensiones, conflicto armado, restitución de tierras y derechos de petición que no tuvieron respuestas, entre otros.Pedro José Romero, jefe de la Oficina Judicial de Cali, explica que la alta demanda de este recurso genera congestión en los despachos, pues cada juez puede recibir a diario diez tutelas y son muy pocos para atenderlas.En la ciudad existen 181 juzgados, con sus respectivos jueces, encargados de atender las acciones de tutelas de los ciudadanos. El año pasado, los juzgados de categoría municipal recibieron 14.045 acciones de tutelas, los de circuito 13.356 y los de especialidad 348. “Los ciudadanos deben ser conscientes de que existe el decreto 1382 del 2000, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela. Es decir, el ciudadano para evitar conflictos y demoras en los fallos de tutela debe saber presentar las quejas y especificar bien lo que busca, asesorarse lo mejor posible”, advierte Romero.Lo que dice el funcionario se debe, en parte, a que el año pasado se presentaron casos en la capital del Valle en los que los fallos de tutelas se demoraron hasta tres meses en salir, cuando podían resolverse en un lapso de entre quince y treinta días, lo que incrementa la congestión. Además de eso, de tramitar las acciones de tutelas que les llegan, deben atender otros procesos judiciales, como las demandas, explica un juez. “Estos últimos días nos ha tocado, incluso, encargarnos de los escrutinios de las elecciones para el Congreso de la República. Esa labor hace que sean mucho menos los jueces que van a estar pendientes de las acciones de tutelas, pues la prioridad en este momento es escrutar esos votos”, argumenta el juez. Entre tanto, el exfiscal y abogado Élmer Montaña dice que lamentablemente la lectura que han hecho muchos de los encargados de administrar la justicia en el país es que hay un abuso en la utilización de la tutela. “Pero la realidad es que la ciudadanía está velando por defender sus propios derechos”, afirma.“Aquellos que piensan en limitar la tutela no se dan cuenta de que eso significaría dejar a las personas sin un ‘arma’ de defensa judicial”, agrega Montaña, quien recuerda que los mismos jueces cuentan con la posibilidad de sancionar las tutelas que no están bien diligenciadas.A su vez, Mario Sandoval, otro abogado de la ciudad, critica que hay funcionarios públicos que prefieren asumir una orden de desacato, que cumplir un fallo de tutela. “Esto es una clara muestra de que esta herramienta es subestimada por mucha gente, como funcionarios públicos a quienes, al parecer, no les importa ser destituidos de un cargo, como ordena la ley en caso de desacato de un fallo de tutela”, expresa Sandoval. 22 años de la tutelaLos 22 años de la acción de tutela al servicio de los derechos fundamentales han contribuido con la protección de millones de colombianos. Y lo hace cada vez de manera más eficiente, al ritmo que mejora el uso que se le da a ese mecanismo. A esa conclusión llegaron Isabel Cristiana Jaramillo Sierra, directora de investigaciones y doctorado en la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y Diego López Medina, también profesor de ese claustro, quienes dirigieron una investigación acerca de las dinámicas de la acción de tutela y su eficiencia. En la investigación queda consignado que los jueces se quejan de que la tutela en Colombia representa un 25 % de la demanda de justicia. Según diferentes análisis, en 1992 el número de tutelas concedidas; es decir, en las que se consideraba que los ciudadanos tenían la razón, era del 30 % (70 % eran rechazadas), pero hoy ese número es del 50 %; lo que demuestra que la cantidad de acciones en las que los demandantes, con justicia, han logrado amparo corresponde a la mitad de los casos, lo que al año representa unas 500 mil acciones, según las cuentas del Consejo Superior de la Judicatura. “50 % es un nivel muy alto, si se tiene en cuenta que cuando se concede una tutela, es porque se violaron derechos fundamentales”, considera Jaramillo. Sin embargo, pareciera no haberse generado ningún aprendizaje en el sentido de acabar las causas violatorias de derechos, pues en vez de reducir el número de sentencias condenatorias por tutelas, este ha aumentado, según la investigación. “No es posible que a una persona o entidad la condenen varias veces por hechos similares”, dicen los investigadores, para quienes es claro que “los condenados no han aprendido o no tienen los incentivos para ajustar su conducta a los derechos fundamentales”. A lo largo de la investigación se pudo establecer que agentes del Estado como la Registraduría, la Unidad de Atención a Víctimas, las EPS, entre otros, son recurrentemente demandados en tutela. El estudio muestra también que buena parte de las tutelas no concedidas (15 %), resultan así, no porque se hubiera recurrido a ellas de mala manera, sino porque, antes de conocerse el fallo definitivo, los demandados se apresuraron a corregir la situación y, por ende, se dio lo que se conoce como ‘hecho superado’. Gran parte de las tutelas que se interponen en la mayoría de ciudades del país se relaciona con derechos de petición que no han sido resueltos, lo que significa que en algunos casos ni siquiera se absuelven las dudas de las personas, manteniéndolas en el limbo, y muchas veces los demandados se van por la vía del desacato, que no produce mayores consecuencias para quien viola un derecho, y sí le permite ganar tiempo, recalca la investigación. ‘Tutelitis’ o ‘tutelatón’Las propuestas para ‘peluquear’ el mecanismo de la tutela en el país se sustentan en la llamada ‘tutelitis’ o ‘tutelatón’, como la hecha en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el que hubo unas 300 tutelas. Si bien estos fenómenos no hicieron parte de la investigación de la Universidad de los Andes, es claro -para muchos- que son casos de abuso; pero los ponentes aclaran que se trata de hechos coyunturales que no deben tenerse en cuenta a la hora de hablar de reformas, pues para nada reflejan la cotidianidad de la tutela ni mucho menos sus bondades. En el estudio se llama la atención, especialmente, a la manera como los medios se enfocan en hablar sobre eventos de gran resonancia (de nuevo, el caso de Petro), sin que pase lo mismo con la cotidianidad de la tutela. Esa visibilidad es atribuible también a la propia Corte Constitucional, donde se selecciona solo una de cada mil tutelas para revisión.

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