Empresarios, inconformes con gestión de la Alcaldía para frenar inseguridad en Cali

"Los alcaldes del país no se pueden recostar en la Nación; tienen que destinar un mayor presupuesto a combatir el delito", dice el Alto Consejero Francisco Lloreda Mera. Todo listo para analizar mañana la problemática de Cali.

Los empresarios vallecaucanos expresaron en la noche de este miércoles al Gobierno Nacional su preocupación por la forma como se viene enfrentando la problemática de seguridad en Cali. En una reunión con el Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco Lloreda Mera, los miembros del Comité Intergremial de Cali advirtieron que la economía regional puede resultar seriamente afectada por la falta de acciones coordinadas del Estado, a todos los niveles, para enfrentar la acción de los delincuentes. Los gremios expresaron al Alto Consejero su preocupación por los pobres niveles de comunicación y coordinación que hay en Cali entre la Alcaldia, la Policía y los demás estamentos encargados de enfrentar la criminalidad. También mostraron su molestia por los conflictos políticos que se presentan al interior de la Administración Municipal y que, a su juicio, han terminado por afectar la gestión estatal local en el frente de seguridad. En la reunión, se concluyó que si bien las estadísticas de criminalidad en Cali no se han deeteriorado más este año, en comparación con el 2010, la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos sí ha crecido, como consecuencia de hechos violentos puntuales. Sin embargo, el Comité Intergremial advirtió que Cali y el Valle del Cauca pueden sufrir este año una reducción en los flujos de inversión privada nacional y extranjera, si no se adoptan soluciones concretas y efectivas para frenar la acción de los delincuentes. Este viernes el Comité Intergremial enviará una comunicación al Alcalde de Cali, en la que pedirá una acción coordinada frente a la problematica.Gobierno Nacional pide a la Alcaldía de Cali más compromiso con la seguridadEl Gobierno Nacional llamó la atención de los alcaldes del país para que asuman compromisos claros y concretos frente a la problemática de inseguridad que se vive en las zonas urbanas, tras advertir que en algunas ciudades del país se quiere dejar esa tarea exclusivamente en manos de la Nación.El pronunciamiento fue hecho por el Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco Lloreda Mera, quien llegó en la tarde de ayer a Cali para sostener una agenda de encuentros con autoridades locales, organizaciones gremiales y líderes ciudadanos, en los que se analizaron las causas del incremento de la actividad delictiva en la capital vallecaucana y se definieron acciones para combatirla.Frente al caso específico de Cali, donde este año van 420 asesinatos y la percepción de inseguridad se ha elevado de forma dramática, el funcionario dijo que el Gobierno está dispuesto a aportar soluciones, pero necesita ver un mayor compromiso de la Administración Municipal para enfrentar este problema.Responsabilidad local“La recuperación de la seguridad ciudadana es una prioridad para el Gobierno Central, pero no es un tema que le compete sólo al Gobierno Central. Es responsabilidad de todos, pero especialmente de las administraciones locales, que tienen que ser eficientes y creativas para ofrecerles soluciones reales a sus ciudadanos”, comentó Lloreda Mera.Y agregó que “aquí hay un grado importante de co-responsabilidad de los alcaldes. Primero ellos deben mostrar qué es lo que están haciendo, qué planes han puesto en marcha, qué acciones concretas han desarrollado para frenar la inseguridad y qué es lo que proponen, para que así la Nación pueda entrar después a definir cómo los apoya”.El funcionario dijo que el compromiso de los alcaldes debe reflejarse, sobre todo, en la destinación efectiva de mayor presupuesto a programas y acciones que sean efectivas en la lucha contra el delito, así como al fortalecimiento de los mecanismos de seguridad.El alto funcionario destacó que en algunas grandes ciudades del país ya se han hecho ajustes presupuestales de esa naturaleza, lo que ha permitido desarrollar una acción conjunta más efectiva entre la Nación y la administración local para reducir los índices delincuenciales.Lloreda Mera se reunió al final de la tarde con los miembros del Comité Intergremial del Valle, y en la noche se encontró con líderes y ciudadanos de la Comuna 22. A las 9:00 a.m. de hoy estará presente en el Consejo de Seguridad convocado por las autoridades locales para evaluar la situación de criminalidad de la capital vallecaucana. Medidas para la seguridadEl bloque regional Parlamentario del Valle se reunió ayer en Bogotá con el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas; el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y altos mandos militares para tomar medidas que garanticen la disminución de la violencia en el Valle.En el encuentro se acordó que para el próximo 15 de abril se reunirán en Cali los altos mandos militares, los representantes de los ministerios de Defensa, Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y otros altos funcionarios para definir que medidas se tomarán frente al tema de seguridad.Congresistas hacen críticasEl senador Carlos Fernando Motoa indicó que en Cali “se invirtieron 20.000 millones en el año para los Guardas Cívicos que en realidad no sirven para mejorar la seguridad”. Añadió que “el Consejero de Seguridad dijo que los niveles de inversión en seguridad en Cali están por debajo de ciudades como Manizales y Pereira. Falta más compromiso de las autoridades locales frente al tema”. Por su parte, el senador Roy Barreras señaló que el año pasado en Cali de 6.900 audiencias canceladas, 2.800 fueron por falta de fiscales. “La no aplicación de justicia sobre los delincuentes aumenta la impunidad y permite que los capturados sean liberados. La Fiscal General (Viviane Morales) se comprometió que para el próximo 15 de abril nos dará una respuesta sobre el asunto”.El congresista señaló que para mediados de abril también está pendiente la respuesta del procurador Alejandro Ordóñez sobre la implementación de sanciones para los alcaldes de las capitales que no cumplan con la obligación de invertir en seguridad.