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Eliminan 130 despachos de descongestión judicial

Consejo Superior de la Judicatura explicó que el Gobierno destinó $170.000 millones para esa tarea, que resultan insuficientes.

1 de agosto de 2014 Por: Colprensa

Consejo Superior de la Judicatura explicó que el Gobierno destinó $170.000 millones para esa tarea, que resultan insuficientes.

A pesar de los acuerdos alcanzados esta semana para continuar con las medidas de descongestión en la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura expidió un acuerdo que elimina 130 juzgados de descongestión con toda su planta de personal. Se trata de 21 juzgados civiles del circuito, 33 civiles municipales, 9 de familia, 14 promiscuos municipales, 3 promiscuos de familia, 2 de ejecución civil municipales, 39 penales y 10 laborales, entre otros. Igualmente, en el acuerdo firmado por el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Pedro Munar, se decidió transformar varios juzgados de descongestión en juzgados de mínima cuantía. “Los juzgados seguirán a cargo del conocimiento de asuntos sin trámite. Los procesos de menor cuantía con trámite a cargo de los juzgados que se transforman se distribuirán entre los despachos que quedan a cargo de menor cuantía, equitativamente”, dice el acuerdo. No obstante, la Sala creó desde ayer 7 juzgados civiles del circuito, 16 juzgados civiles municipales, 2 de familia, 6 juzgados promiscuos de circuito y 12 juzgados promiscuos municipales, así como 2 juzgados de pequeñas causas en Bogotá, 4 en Medellín, 3 en Cali, 2 en Barranquilla, 2 en Bucaramanga y 1 en Cartagena.En un comunicado firmado por Munar se explicó que en el transcurso de la semana se llevó a cabo una reunión con los presidentes de las Altas Cortes y el Gobierno para definir el desembolso de los recursos.“La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura planteó y justificó ante el Gobierno Nacional la apropiación de recursos por el orden de los $250.000 millones que se necesitan para mantener hasta diciembre de este año los cargos de descongestión, creados para atender la gran demanda judicial que tiene el país”, señaló. Sin embargo, explicó que el Gobierno solo dispuso de $170.000 millones, “pese a los estudios fundamentados que exigen un mayor presupuesto para el funcionamiento de los despachos encargados del desahogo judicial”, por lo que el recorte de dinero fue admitido por las partes en la reunión. En ese sentido, la Sala Administrativa tomó la decisión de limitarse a programar “las medidas más urgentes y más apremiantes que se requieran para afrontar la emergencia judicial que se está presentando”, por lo que se atenderán los casos más significativos y se aplazarán aquellos que pueden ser atendidos por los despachos que ordinariamente administran el servicio público de justicia.

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