El incierto camino del proceso de restitución de tierras en el Valle del Cauca

En Cali, la Oficina de Tierras ha recibido más de 900 casos. Aún hay inquietudes sobre el trámite.

“Veíamos bajar a diario hasta doce cadáveres por el río. Eso era sin contar los de la noche”, contó Pedro, mientras intentaba explicar por qué, a pesar de que su finca tiene más de 40 hectáreas y está ubicada en una de las mejores zonas para la agricultura en el Cauca, no quiere continuar en este lugar, del que salió en el 2005 por amenazas de los grupos paramilitares.El hombre, además, se rehúsa a llenar otro formulario de ayuda de las entidades gubernamentales. “Ya no le creo a nadie. Llevo varios años yendo y haciendo llamadas a cuanta oficina me dicen y no he recibido nada”, explicó. Su historia deja ver algunas de las dificultades del proceso de restitución de tierras en el país: falta de garantías de seguridad para el retorno, bajo conocimiento de la ruta de atención a las víctimas y poca capacidad institucional. Aunque el despojo no ha sido una práctica predominante entre los grupos armados en el Valle del Cauca -en comparación con otros lugares de Colombia- los expertos señalan que, de acuerdo con el número de solicitudes de restitución de tierras recibido hasta el momento, la magnitud del problema en este departamento es mayor de lo que se pensaba. De este trámite (ingresar al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente) se encarga la Oficina de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y ubicada en el centro de Cali. En ese lugar, donde se atienden solicitudes de los departamentos de Valle y Cauca, se han ingresado 912 casos entre el 1 de enero y el 27 de febrero de este año. Puntos críticosEn la primera sede de la Oficina de Tierras de Cali trabajaban siete funcionarios y la atención a cada víctima se demoraba, en promedio, una hora. Quienes hicieron el requerimiento entre enero y marzo de este año, tuvieron que sacar una cita a través de las líneas telefónicas habilitadas para tal fin, la cual fue asignada, aproximadamente, un mes después. Sin embargo, un vocero del Ministerio de Agricultura explicó que desde el 2 de abril está funcionando la nueva sede de la Oficina de Tierras, ubicada en la Beneficiencia del Valle y la cual será inaugurada oficialmente el próximo jueves. “Es más cómoda. Cuenta con cinco módulos de atención, sala de espera con turno digital, salón de juegos para las personas que vienen con niños y pronto tendrá 21 funcionarios en total”.Para el abogado Elmer Montaña, esta oficina no tiene la capacidad necesaria para atender la demanda de casos del Valle del Cauca y el Cauca. El jurista aseguró que, además, “no está definido el estado real del despojo por parte de los grupos armados en estos departamentos. Establecer eso es un proceso demorado para tan pocos funcionarios”.Según la Ley de Víctimas, la restitución es gradual y focalizada, es decir, “se hace primero en los lugares con mayor número de reclamaciones y de acuerdo con las condiciones de seguridad de los territorios”. En este momento el proceso en el Valle está concentrado en Tuluá, Jamundí, Dagua y Buenaventura. Otro punto que ha sido criticado es la difusión de la ruta de atención de las víctimas. Antonio Madariaga, director de la Corporación Viva la Ciudadanía y vocero de la mesa nacional de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, dijo que “esta ruta no está claramente establecida y mucho menos difundida entre las organizaciones, por lo que la gente no sabe qué está pasando”.Ante esto, Frangey Rendón, gestor de Paz del Valle del Cauca, indicó que a través del Comité de Justicia Transicional, que será instalado próximamente, se “dará a conocer a todas las organizaciones de víctimas y desplazados del departamento las nuevas rutas de la Ley de Víctimas y Restitución”. Rendón agregó que en lugares como el norte del Valle, “continúa la presencia de actores ligados al narcotráifco, que ejercen control del territorio y defienden predios vinculados a sus antiguos patrones”.'Limbos’ jurídicosEn el Valle del Cauca muchos de los casos de despojo están asociados a grupos narcotraficantes que presionan a los propietarios a entregar los títulos de sus propiedades. Éstas pasan a manos de testaferros y, en ocasiones, son vendidas a terceros que las compran de buena fe.La resolución de este tipo de casos es otro interrogante de las víctimas. Para Antonio Madariaga, este problema no ha sido resuelto, pues “no se han definido los instrumentos para desenredar la red de testaferrato asociada al despojo”.Sin embargo, el funcionario de la Oficina de Tierras de Cali sostuvo que, según la Ley, se debe determinar si el nuevo propietario compró los terrenos de buena fe o si hace parte de una estructura criminal. “En cualquier caso, el predio es devuelto a su propietario original”, dijo. Por su parte, Elmer Montaña advirtió que “aún no está claro si las víctimas del narcotráfico pueden entrar en el proceso de restitución”, pues la reglamentación reconoce sólo a las víctimas de grupos armados como guerrilla y paramilitares. Ante esto, Rendón manifestó que, según el ministerio de Agricultura, “cualquier víctima de un actor ilegal es beneficiaria, entonces, de alguna manera, hay claridad frente a este criterio”.