“El Gobierno no tiene claro cómo es la vida en Buenaventura”

Enero 27, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Edwin Giraldo | Corresponsal de El País en Washington
“El Gobierno no tiene  claro cómo es la  vida en Buenaventura”

Director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco.

El director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, advierte que la situación de violencia en el Puerto es “muy grave”. También critica los “pobres resultados” de la Ley de Víctimas.

El director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, explica por qué Colombia se raja en el Informe Anual sobre Derechos Humanos, presentado la semana pasada. Y es que, según el documento, los niveles de desplazamiento son particularmente elevados en la región de la costa del Pacífico colombiano, donde pone como ejemplo a Buenaventura, “que alberga a una importante población afrocolombiana, y donde los grupos sucesores de paramilitares provocaron el desplazamiento forzado de más de 2.500 personas durante la primera semana de noviembre del 2013”.¿Por qué Buenaventura sigue siendo especialmente vulnerable a los desplazamientos?Hemos realizado varias visitas a la zona. En un par de meses daremos a conocer un informe dedicado a Buenaventura. Los testimonios recogidos, así como nuestras evaluaciones, nos permiten afirmar que la presencia de paramilitares, especialmente los ‘Urabeños’, y otros que se autodenominan la ‘Empresa’, tienen una enorme influencia. Esto lo demuestran en su capacidad de extorsionar, delinquir y cometer abusos. También estamos evaluando conexiones que hemos detectado entre mafias y autoridades locales. La situación amerita atención especial por parte de las autoridades nacionales, porque lo que se está viviendo en Buenaventura es grave y nos recuerda otras épocas colombianas. Creemos que el Gobierno y el país no tiene clara conciencia de cómo es la vida en esa zona. Varios estudios señalan a Cali como una de las ciudades más peligrosas del mundo por el alto índice de homicidios. ¿Qué motores de violencia identifican en esta capital?Por las evidencias que hemos recogido, grupos como los ‘Urabeños’ no solo tienen presencia en Buenaventura, sino también en Cali. El crecimiento en las cifras de homicidios, con antecedentes de violencia, se explican justamente por la presencia de estos grupos.A propósito de grupos sucesores de los paramilitares, ¿por qué aseguran que el Gobierno no ha logrado contrarrestar su poder a pesar de la captura de notables líderes? Nos parece muy positiva la captura de líderes de estas mafias. No es fácil dar con su paradero. Son personajes poderosos que logran corromper y huir cuando les siguen la pista. Pero si uno examina cifras, varias de ellas provistas por la Policía, se constata que en los últimos años el número que la Policía le asigna a paramilitares o bacrim asciende a los 4000; y aunque hay un pequeño descenso, se mantiene una tasa muy alta de miembros de estas organizaciones criminales. Cuando uno consulta a los funcionarios de la Unidad de Víctimas o Unidad de Tierras, que tienen la tarea de apoyar a los desplazados utilizando los beneficios de la ley para recuperar sus tierras, el principal desafío que tienen es precisamente la influencia de estos grupos. Según su informe, solo tres familias han regresado a vivir a sus tierras como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, pero el Gobierno dice que son muchos más los beneficiados. ¿Fuera de los grupos paramilitares, qué otros problemas ven en la ejecución de la ley?Lamentablemente, los funcionarios de la Unidad de Tierras y de Víctimas, creo yo, están avergonzados por los pobres resultados de esta magnifica iniciativa que apoyamos. Entonces han recurrido a fórmulas como la de maquillar cifras. Ponen todo en la misma bolsa. Por ejemplo, sostienen que el número de familias que se han beneficiado con esta ley no son 3, 4, ó 5, sino 600 o más, cuando ellos saben que eso no es un fiel reflejo del récord. Hay muchas familias que se han beneficiado de la ley, pero se han beneficiado para regularizar sus títulos. Es decir, se trata de personas que en algún momento fueron desplazados, pero que con esfuerzo lograron recuperar sus tierras antes de la Ley de Víctimas, y ya estaban viviendo en ellas. Cuando la ley se promulga, ellos advierten que esa ley les ayudaría a regularizar sus títulos, pero ellos ya no eran desplazados, felizmente.¿Por qué critican que la Procuraduría, que adelanta procesos disciplinarios en contra de funcionarios públicos, tenga resultados más limitados en lo que respecta a la sanción de congresistas vinculados con paramilitares? ¿Encuentra algún tipo de inclinación en ese órgano?No sé. No es nuestra tarea especular sobre los móviles de las autoridades. Solo reflejamos el récord en términos objetivos. Cuando uno revisa el récord de la Procuraduría, bajo la dirección del doctor Ordoñez, puede comprobar que hay varios casos de parapolíticos, senadores y congresistas condenados por la justicia penal y que luego fueron exonerados por la Procuraduría, lo cual no tiene mayor sentido (…) Lo que no se entiende es que si esas pruebas fueron suficientes para una condena de la Corte Suprema para los parapolíticos, no sean suficientes para sancionarlos administrativamente, cuando esa es la lógica. Y, sin embargo, el récord del Procurador es más bien de exoneración.¿Por qué le preocupa tanto el proceso disciplinario de la Procuraduría en contra del congresista Iván Cepeda?Vemos una Procuraduría que abre investigaciones porque así lo solicita el abogado de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, a quien considero un congresista de prestigio en Colombia y el exterior, por su defensa de los derechos humanos. Él fue uno de los pocos que votó en contra del Marco Jurídico para la Paz porque pensó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y de guerra por parte de guerrilleros, paramilitares y miembros del Estado. Al mismo tiempo, Cepeda forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y, en tal condición, visitó las cárceles para recolectar testimonios. Esos testimonios son tan valiosos que permitieron a la Fiscalía abrir investigaciones sobre Uribe y sus nexos con paramilitares cuando era gobernador. Cepeda tuvo una conducta ejemplar, no ocultó testimonios, no pretendió tomar juramentos usurpando la calidad de un fiscal, solo grabó testimonios, y eso le ha costado la apertura de una investigación por parte de la Procuraduría.¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concederá medidas cautelares al alcalde Gustavo Petro para que evite su destitución por parte de la Procuraduría?Habría que ser integrante de la Cidh para responder eso. No me atrevo a anticipar ninguna opción. Pero me gustaría que la Cidh diera las medidas cautelares porque la violación a la Convención Americana es evidente. Estamos ante una situación de derecho, no de hecho, lo cual es inusual. Lo corriente es que las temáticas presentadas ante la Cidh tengan un fuerte contenido fáctico, que haya una interpretación de los hechos, dependiendo de testimonios y evidencias. Aquí en cambio estamos ante un texto jurídico expreso, que es el artículo 23 de la Convención Americana, que no deja lugar sobre cuáles son las bases para remover a una autoridad elegida, que es siempre por la vía de un juez penal y no una decisión administrativa. Lo que busca ese artículo es evitar lo que ocurrió en Colombia, que una autoridad administrativa emita una sanción de una autoridad elegida solo porque no le gusta la gestión de la autoridad política. Ustedes aseguran que el Gobierno del presidente Santos ha emitido medidas que frustran la rendición de cuentas por delitos de derechos humanos, en clara relación al Marco Jurídico para la Paz y el Fuero Militar. Dado que el Gobierno necesita esas reformas para la negociación en La Habana, ¿cómo se concilia esa apuesta por la paz sin dejar de combatir la impunidad?Somos conscientes de lo complejo que es avanzar en unas negociaciones de paz para poner fin a un conflicto como el colombiano. Además, aplaudimos los esfuerzos del Gobierno por resolverlo. No cabe duda que gran parte de la violencia, abusos e impunidad en Colombia son resultado del conflicto. Sabemos que un proceso de negociación también supone sacrificar justicia para dejar algunas dosis de justicia, pues no se puede aplicar todo el código penal a quienes han cometido tantos delitos. Pero esa dosis de justicia creemos que está legítimamente reservada en una categoría de delitos mayores, como son los crímenes de lesa humanidad o de guerra. De ninguna manera pueden quedar impunes hechos como secuestros, masacres, ejecuciones, torturas, y menos cuando esas violaciones han sido cometidas en términos sistemáticos. Creemos que es escencial que el Estado colombiano le recuerde a sus interlocutores en la mesa que no estamos en los 80’s, que el mundo ha ido cambiando y que se han ido perfeccionando los compromisos jurídicos para defender a las miles de víctimas que quedaron con sus derechos atropellados.¿Cómo evalúa el denominado surgimiento de grupos paramilitares en México? ¿Esto demuestra que los estados cada vez garantizan menos la seguridad y el control de la fuerza? Preferiría calificarlos como autodefensas, no paramilitares. Éste último término sugiere un vínculo entre el Ejército y grupos de civiles armados. Hasta ahora las evidencias muestran que lo ocurrido en México, no solo en Guerrero y Michoacán, sino en otros estados, es el surgimiento de asociaciones de campesinos que visitan comunidades de base y que frente a la violencia de los carteles y el abandono de autoridades locales y federales, han decidido tomar defensa en sus propias manos. Esto es de la mayor gravedad para México, pero es especialmente grave la actitud vacilante y poco clara del Gobierno Federal. Parecen dispuestos a legitimar el aporte que han hecho estos grupos en materia de seguridad. Además, intentan desarmarlos mediante el uso del Ejército, que además tiene un mal récord en derechos humanos y no le rinde cuentas a nadie. Es una situación crítica que exige al Gobierno un enfoque de seguridad pública más sofisticado, que genere confianza en la comunidad.

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