El Defensor del Pueblo pide al Estado que reaccione y combata a las Bacrim

Junio 16, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Margarita Vidal | El País
El Defensor del Pueblo pide al Estado que reaccione y combata a las Bacrim

Defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora.

Jorge Armando Otálora, defensor nacional del Pueblo, asegura que en Buenaventura hay barrios desolados por culpa de las bandas delincuenciales.

Su padre tenía en Chocontá, el pequeño pueblo de Cundinamarca donde nacieron sus diez hijos, una tienda en la que combinaba la venta de carnes y mielería para el guarapo, con otros productos, pero le dio cirrosis y se murió muy joven. Carmen, su emprendedora esposa se trasladó a Bogotá con todos sus retoños y montó un restaurante típico de barrio popular, al que le puso Doña Carmen y al que todavía atiende. Jorge Armando, el séptimo de sus hijos almuerza con ella los fines de semana el típico “corrientazo”, que tiene una acogida fenomenal, al punto de que otros cuatro de sus hermanos montaron sendos restaurantes del mismo tipo. Y lo que es mejor, madre e hijos se hacen una “sanísima” competencia en el mismo barrio. Todos ganan bien y todos tan contentos.Jorge Armando es un hombre menudo, de mirada frentera y ademán cálido, que opina que su país le ha dado todas las oportunidades pese a no venir de familia adinerada ni de abolengos: “En vez del famoso sueño americano, yo puedo hablar del sueño colombiano, porque en mi país pude estudiar en una escuela pública, luego en un colegio del estado y graduarme en la Universidad Católica Colombiana, donde saqué el título de abogado, estudiando de noche. También me especialicé en Ciencias Penales y Criminalísticas en el Externado. Eso sí, todo en medio de una disciplina espartana”. De allí en adelante Otálora ha desempeñado cargos prominentes y estructurado una brillante carrera que lo llevó a ser Procurador Delegado para lo Penal ante el Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar y Vicefiscal de Mario Iguarán. En 2009 fue elegido magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y en 2012 Juan Manuel Santos lo ternó como candidato a la Defensoría del Pueblo, elección que ganó por una abrumadora mayoría. Como su cargo lo indica, Jorge Armando Otálora ejerce el ímprobo oficio de defendernos a los colombianos contra el ejército de jinetes del apocalipsis que nos asaltan en varios frentes, especialmente en el de los Derechos Humanos.¿Seguimos siendo un país de viudas y huérfanos, víctimas desprotegidas del conflicto?Habían estado siempre en el olvido total, pero eso está cambiando porque por fin hay instituciones que se preocupan por visibilizar a las víctimas y en las regiones hay numerosos líderes que hacen un trabajo silencioso pero eficaz; mujeres, en un inmenso porcentaje.El estado no parece estarles dando la debida protección porque los siguen matando.Frente a lo que vivió el país en la época dura del paramilitarismo las cosas han mejorado y eso hay que reconocérselo al gobierno, pero falta todavía mucho.¿Por qué se han disparado las amenazas contra esos líderes?Como producto de una acción positiva del estado, ya que a medida que se les quitan las tierras a dueños irregulares para devolvérselas a quien pertenecen, hay reacciones en cadena. Lamentablemente no se tomaron en su momento las medidas adecuadas de protección, porque nadie va a entregar los predios de manera voluntaria.¿Y su oficina qué hace al respecto?Hemos servido de puente entre la Unidad Nacional de Protección -a la que le hemos hecho algunos reparos- y personas amenazadas, y encontramos que aquella tiene que ajustar sus protocolos porque mientras se hace la denuncia de las amenazas y llega la respuesta, pasan siete, ocho meses, y eso no es serio.¿Y qué explica ese absurdo?Ese es un tema del alto gobierno, pero me parece que hay que delimitar responsabilidades y decir a cuántos puede cobijar realmente la protección, porque nosotros hacemos solicitudes y ni siquiera nos contestan para confirmar si esas personas están o no en alto riesgo. Otros protocolos son francamente irrisorios como aquellos en que les dan un chaleco y un celular, o el Plan Padrino, en que la policía del sector se compromete a pasar una o dos veces al día para que firmen en un librito, y digan que están bien.Muchos se quejan porque los tildan de “sapos” y corren más peligro.Sí, en sitios de alto impacto de violaciones a los derechos humanos ese tipo de “protección” termina siendo contraproducente porque, si el líder recurre a la Policía, dicen que es un soplón, y a mí me cuenta que ha tenido que renunciar porque el riesgo es mayor. Eso es muy común, por ejemplo, en Buenaventura. ¿La radiografía de Buenaventura es aterradora?Sí, Todd Hollan, delegado de la oficina del Alto Comisionado, que me acompañó, venía del Congo donde estuvo cinco años y dijo: “la pobreza en Buenaventura es como la del Congo y es una vergüenza que en un país donde hay tanto dinero, pueda haber dos países tan opuestos en uno solo”. Allí vimos barrios desolados por culpa de las mal llamadas ‘Bacrim’, a las que el gobierno anterior quiso considerar como “banditas” criminales, cuando la verdad es que son grandes estructuras delincuenciales de crimen organizado, con un poder tremendo y ríos de dinero del narcotráfico. Visitamos un hotel donde estaban 4500 desplazados intra urbanos que sacaron de un barrio. A la alcaldía le tocó adecuar ese lugar para las madres cabeza de familia, que protestaban porque las estaban separando de sus hijos y de sus esposos. ¿Qué respuesta ha habido por parte del gobierno nacional?Por fortuna el gobierno tiene en la mira al Puerto y ya el Presidente ha ido dos veces. ¿Y cómo lo reciben a usted en esos sitios de conflicto?A veces bien y otras no tanto, porque algunos nos ven como los malos del paseo que les “alborotamos” a la gente, pero yo les digo que somos su socio natural para demandar más atención por parte del gobierno. Lamentablemente esa vez que fuimos a Buenaventura el alcalde no se quiso reunir con nosotros, y hay unos que nos dicen que no vayamos porque les “dañamos la inversión extranjera”.¿Se da la paradoja de que están mal pero no se dejan ayudar? Es que nuestro trabajo es focalizar y visibilizar los problemas porque nosotros no sancionamos, ni destituimos. Hacemos pedagogía y magistratura moral. La Defensoría hizo un duro pronunciamiento al pedirle al Ministro de Defensa que tome medidas frente al tema de las Bacrim, porque el decreto que regula ese manejo dice que le toca combatirlas a la Policía Nacional, y que solo si el fragor del combate lo amerita, puede intervenir el Ejército. Yo fui a preguntar cómo era ese peloteo y me acusaron de estar pidiendo estatus. Yo lo que pido es que el estado reaccione contra esas tremendas organizaciones criminales y las combata.¿Frente a los dragones que acechan, una Defensoría sin dientes, no es un saludo a la bandera?No, los pronunciamientos de la Defensoría hoy son tenidos en cuenta y eso está dando resultados en muchos frentes. Por ejemplo, ha habido numerosos oficiales involucrados en procesos penales porque, a pesar de habérseles advertido que podrían presentarse violaciones a los D.H., no tomaron las medidas necesarias para evitarlas y, lamentablemente, han sucedido. A algunos los han vinculado procesalmente dentro de los expedientes porque eso se llama “omisión por comisión”, en Derecho Penal. De modo que una alerta temprana nuestra puede llegar a tener graves implicaciones para un funcionario público en el futuro.¿Cómo funcionan las “alertas tempranas”?Tenemos defensores comunitarios a escala nacional que conviven con la comunidad y la orientan para poner una tutela o hacer reclamaciones. Hace poco hicimos un pronunciamiento en Medellín por un tema de comunas donde evidenciamos que había 4500 tenderos extorsionados y 9200 niños menores de edad en peligro de ser reclutados por bandas criminales. En esos casos la Defensoría exhorta al Fiscal o al Procurador. Y debo reconocer que en el gobierno nos han venido parando bolas y han reaccionado.¿No está como muy gobiernista?No, por el contrario, a mí me han dado duro porque en temas trascendentales he jugado el papel que me corresponde como Defensor del Pueblo. Por ejemplo, en el Fuero Penal Militar, donde dejé muy claro mi desacuerdo con el tema. Ahora me interesa la emergencia social, que es la pelea que estoy librando y que en buena hora ya se logró poner en la agenda nacional. Denuncia hacinamiento en las 138 cárceles del país. ¿Cómo es posible ese horror?La cárcel de La Ternera, en Cartagena, tiene 107 % de hacinamiento, la de La Guajira 450 %, La Modelo y Bellavista 250 %. La responsabilidad es de todos los gobiernos porque, además de falta de planificación, hay la costumbre irresponsable de que a todo hecho inusual le montamos una ley que lo sancione. Con eso le ahorramos trabajo al gobierno, que simplemente crea tipos penales, prohíbe y punto, en vez de niciar procesos pedagógicos.¿Qué encontró en la cárcel de Cartagena?Lo inconcebible: un padre y su hijo estaban presos y el muchacho estaba muy grave. El papá logró atención, pero cuando vino la remisión de Caprecom se llevó fue al papá que tenía el mismo nombre. No hubo nada que hacer y mientras se aclaraba todo, el hijo murió.Yo he visitado ya muchas cárceles pero de La Ternera salí muy triste y con el ojo aguado porque, ¡usted viera cómo estaba esa gente! Olía a demonios y allí mismo les servían una comida terrible que les tiraban por debajo de las rejas, como a perros.¿Qué hizo al respecto?Le propuse en una carta pública al presidente Santos hacer un encuentro de presidentes de las Cortes, los organismos de control y representantes del Congreso de la República, para evidenciar y discutir el problema, trazar una ruta, y que él, como mandatario de todos los colombianos, inclusive de esos presos, nos escuche. ¿Por qué se opuso a la cárcel para quien maneje con tragos, un homicida en potencia?Por razones prácticas y obvias, le dije al Congreso: seamos serios, miren cómo están las cárceles; los comparendos de 2011 son 47.000, busquemos 47.000 jueces, fiscales para las audiencias, policías para transportar y, sobre todo, 47.000 cupos en las instalaciones de la Policía y en las cárceles. Creo que no hay que decir más.¿Algo parecido pasó entonces, con las rebajas que se dieron cuando arrancó el sistema penal acusatorio?Sí señora, dieron tal cantidad de rebajas y beneficios, que se asustaron y dijeron: oiga, les vamos a salir debiendo a los tipos. Y sacaron una ley que subía penas sin previo estudio criminológico para saber cuáles delitos son los que de verdad le hacen daño a la sociedad, en una tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo. Al subir los mínimos, una enorme cantidad de delitos con penas de tres años automáticamente quedan en cuatro y por lo tanto tienen medida de aseguramiento, cuando bien podrían seguir enfrentándose desde afuera.¿Por qué no comparte la emergencia carcelaria que decretó Minjusticia? Porque esa problemática no la soluciona una emergencia carcelaria sino una medida excepcional, que le dé más herramientas al gobierno, como la emergencia social. Así el Presidente puede sacar decretos leyes transitorios que reformen los temas. Eso es lo que planteo y por eso la voz de protesta respetuosa a lo que decretó el gobierno. ¿Su voz clama sola en el desierto?No, todos los organismos de control estamos de acuerdo en que hay que revisar nuevamente todo el sistema penal, porque un estado decente es el que mira el bien de los ciudadanos y el que menos derechos les restringe. Por eso las más antiguas democracias tienen incluso la costumbre como un derecho.¿Qué hace la Fiscalía?El Fiscal y la Sala Penal de la Corte están revisando el Código Penal y el de Procedimiento Penal, cosa que yo aplaudo porque allí es donde nos tenemos que enfocar, y hacerle caer en cuenta al Congreso que muchos de esos tipos penales que pretenden plantear no se necesitan y que más bien tratemos de descongestionar el código e ingeniarnos medidas administrativas de trabajo social y sanciones de otra naturaleza.

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