El 60 % del tráfico ilegal de armas sería manejado por González del Río: Fiscalía

Fiscalía dice comprobar que el coronel González del Río y su principal socio,alias el Gordo, también militar retirado, contactaron a expertos en armamento para que diseñaran y elaboraran las partes que faltaban en los fusiles extraídos.

Un informe de investigación de la unidad del CTI de la Fiscalía General da cuenta de que el Coronel Róbinson González del Río, que presuntamente dirigía una red de tráfico de armas en el Ejército, tendría el control del 60 por ciento del mercado ilegal de armamento de largo y corto alcance. En la investigación del CTI, que duró más de dos años, se pudo comprobar que la red que lideraba el coronel González del Río era una organización que se dedicaba al hurto de material de guerra de uso privativo de las Fuerzas Militares. Se pudo comprobar que el coronel González del Río y su principal socio identificado como José Silva Rincón, alias el Gordo, también militar retirado, contactaron a expertos en armamento para que diseñaran y elaboraran las partes que faltaban en los fusiles extraídos de las guarniciones militares. “El modus operandi de la estructura consistía en extraer material de guerra y repuestos de los armerillos ubicados en distintas partes del país, a través de suboficiales responsables de los mismos, para luego utilizando la investidura militar transportarlos y así burlar los retenes policiales”, dice el documento del CTI. Asimismo, el informe de los investigadores afirma que “en la red también coparticipaban particulares expertos en armamento (armeros) que trabajaban clandestinamente y hacían las partes que faltaban para ensamblar las armas extraídas de los armerillos del Ejército Nacional en varios lugares del país”. Por los hechos fueron capturados otras 12 personas quienes fueron detenidas en ocho ciudades del país. Barrancabermeja, Pasto, Bogotá, Medellín, La Dorada, Puerto Leguízamo, Cali, Florencia, Montería y Doradal. Entre los detenidos se encuentran cuatro militares activos, cuatro militares retirados, entre los que se cuenta al general del Río, un exintegrante de la Policía Nacional y cuatro particulares. Estas personas deberán responder por los delitos de actos de corrupción como peculado, concierto para delinquir y tráfico de armas; y de ser encontrados culpables se enfrentan a una pena de hasta 20 años de cárcel.