El 2014, un año de riesgos y amenazas para los periodistas

Este año se han conocido 93 casos de reporteros amenazados, 51 más que en el 2013, según la Defensoría.

El asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, el pasado martes en Tarazá (Antioquia), renovó los reclamos sobre la situación de inseguridad para periodistas en las diferentes regiones del país. El crimen de Cervantes sucedió en una de las semanas más emblemáticas para el ejercicio del periodismo, ya que el 13 de agosto se conmemoraron quince años del asesinato de Jaime Garzón, un hecho que aún sigue impune. Frente al caso de Cervantes, las autoridades aún no han logrado explicar con claridad por qué al comunicador se le levantó el esquema de seguridad dos semanas antes del ataque mortal. El periodista de la radio comunitaria Morena FM, y corresponsal hasta el 2013 del canal Teleantioquia Noticias, recibía amenazas de muerte desde el 2010, cuando trabajaba en esa corresponsalía. Cervantes había denunciado, además, que en la noche del pasado 21 de julio llegó un hombre a su casa para pedirle que transmitiera una información por la emisora que dirigía y, ante su negativa, le dijo que estaban “cansados de verlo en Tarazá”.Detrás de esa y otras intimidaciones estarían integrantes de la banda criminal los ‘Urabeños’. La Policía también cree que su asesinato podría estar relacionado con las denuncias que hacía el periodista frente a casos de corrupción en el gobierno local. Un problema nacional Según la Defensoría del Pueblo, en lo corrido del 2014 se han conocido 93 casos de periodistas amenazados, 51 más que en el 2013. El defensor, Jorge Armando Otálora, dice que no se sabe a qué se deba ese crecimiento y que lo más preocupante es que de ese total, 56 ya han sido clasificados como de riesgo extraordinario. Otra fuente, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), registra este año 98 violaciones al ejercicio periodístico, 121 víctimas de ellas, 37 amenazas, un exilio, al menos 30 víctimas de agresión y 35 de obstrucción al trabajo periodístico, con 45 víctimas. Las alertas son estudiadas y calificadas por la mesa de riesgo del Ministerio del Interior, instancia que decide a quién y qué tipo de protección asigna. La protección puede incluir chalecos antibalas, teléfonos, vehículos de protección y personal de escolta. Pero la propia Defensoría advierte que medidas consistentes en servicios de telefonía móvil o rondas policiales no garantizan la protección de la vida e integridad de los comunicadores y que el plazo de 30 días hábiles, que se toman para elaborar la evaluación del nivel de riesgo, varias veces resulta muy prolongado, por lo cual las medidas llegan tarde. Del total de casos registrados este año, el mayor número ha ocurrido en Bogotá, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia y Magdalena. Allí las amenazas suceden a través de llamadas telefónicas o de seguimientos y mensajes escritos. También provienen, en su mayoría, de miembros de grupos armados ilegales como las Farc, el ELN y las bandas criminales. El caso del Bajo CaucaPara Carlos Cortés, analista de medios, columnista de ‘La silla vacía’ y exmiembro de la Fundación para la Libertad de Prensa, la región con más problemas es la del Bajo Cauca en Antioquia, donde confluyen varios factores: enfrentamientos de bacrim, presencia de exparamilitares y acción de delincuencia común. Tanto actor violento hace más difícil saber quién amenaza. “Sin una investigación judicial de por medio es muy complicado saberlo, las cifras son provisionales y no hay certeza de cuántos son y quiénes están detrás; aunque hay muchos vínculos con las administraciones locales, concejales y alcaldes que puedan tener nexos con estas bandas”, dice Cortés. Para el analista hay un nexo claro entre amenazas y administraciones: “Por asuntos de interés público, casos de corrupción, malos manejos, obras que no quedaron hechas. En el caso de Cervantes fue por cosas así. Es muy difícil saber cuándo se le puede retirar un esquema de seguridad a un protegido, porque no hay investigación y la situación de orden público puede seguir igual”. “Hay poca voluntad política, falta organización administrativa y acción institucional, y la Fiscalía debería tener voluntad para mover estos casos; pienso que los problemas de libertad de prensa parten de no haber un castigo o una respuesta judicial. No tenemos avance en las investigaciones, ese es el principal problema, puede ser positivo que no maten tantos periodistas como antes, pero no hay nada más para decir”, puntualizó. En toda Antioquia son, al menos, catorce los comunicadores amenazados, ocho del Bajo Cauca y el resto del Nordeste y del Urabá, según datos recopilados por Óscar Morales, vocero de la Asociación de Periodistas de ese departamento. La respuesta del Estado La Unidad Nacional de Protección (UNP), en cabeza de Andrés Villamizar, dice que de cada caso hay que hacer un análisis específico para tomar medidas. Desde el 2012 Cervantes fue beneficiario del programa de la UNP y contaba con un vehículo y dos escoltas. La entidad fue la que más críticas recibió por el retiro de ese esquema de seguridad. Sin embargo, Villamizar explicó que “el desmonte se hizo tras un estudio de riesgo anual y porque él ya no realizaba su actividad de periodismo”. El funcionario agregó que “todos los esquemas están obligados a revisarse una vez al año para verificar si se sigue necesitando la protección; se hizo en el mes de mayo en el caso de Cervantes y, con base en las entrevistas documentadas a autoridades locales, la Personería, la Iglesia Católica y otros periodistas, se llegó a la conclusión de que no existía un riesgo derivado de la actividad periodística”. Ese análisis es responsabilidad del comité de Evaluación y Recomendación de Medidas, integrado por representantes del Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Unidad de Víctimas y la Policía Nacional. El funcionario hizo hincapié en el significado de la protección en virtud del cargo, que es de lo que se encarga este organismo del Estado. “Solo se puede proteger periodistas cuando su riesgo se deriva de su actividad periodística, este es el programa que administra la UNP y así pasa con sindicalistas, defensores de derechos humanos, entre otros”. Entidades como la Flip creen que aunque un estudio arroje que no existe un riesgo por el oficio periodístico, eso no quiere decir que no existan amenazas. El director de la Federación, Pedro Vaca, reconoce que no había una relación causal entre denuncias periodísticas y el riesgo que denunciaba Cervantes, quien finalmente sí fue asesinado. Vaca denuncia que a los Comité de Evaluación de Riesgo, la Fiscalía en la mayoría de ocasiones no asiste. “El llamado es para que la Fiscalía se tome en serio la protección de las personas en este país”, sostuvo.