Desmantelan red de tráfico de armas presuntamente liderada por coronel Del Río

De acuerdo con las autoridades, el coronel Róbinson González del Río, quien se encuentra detenido por su participación en la entrega de contratos en el Ejército, sería el presunto líder de una organización dedicada a proveer de armas a bandas criminales.

El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, confirmó la nueva orden de captura contra del coronel en retiro Róbinson González del Río, quien es considerado como el “líder” de una red dedicada al tráfico de armas de las Fuerzas Militares a la banda al margen de la ley conocida como ‘Los Urabeños’. Dicha orden se hizo efectiva por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con colaboración del Ejército, quienes además capturaron a otras 12 personas presuntas integrantes de la organización, quienes fueron detenidas en ocho ciudades del país. Barrancabermeja, Pasto, Bogotá, Medellín, La Dorada, Puerto Leguízamo, Cali, Florencia, Montería y Doradal. Entre los detenidos se encuentran cuatro militares activos, cuatro militares retirados, entre los que se cuenta al general del Río, un exintegrante de la Policía Nacional y cuatro particulares. Según las autoridades, los militares reseñados son el teniente coronel (r) Róbinson Javier González del Río, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel La Picota por su presunta participación en una red de intermediación para la entrega de contratos en el Ejército; el Sargento Viceprimero junior, Julián García Ríos, conocido como ‘Juan Valdes’; Sargento Primero retirado del Ejército Nacional, Víctor Hugo Vélez Granada; y el Sargento retirado del Ejército, José Silva Rincón, conocido como ‘Gordo’. Estos últimos detenidos en Medellín. Entre los militares activos se encuentra el sargento primero, Gerardo Márquez Guerrero; sargento viceprimero, Alexánder Sánchez Puerta, quienes fueron capturados en Pasto; sargento primero Carlos Fernando Borda Garzón, detenido en La Tagua; y el sargento viceprimero, Juan Pablo Laguna Medina, capturado en El Socorro; y el exmiembro de la Policía Nacional, Néstor Wilson Pinto, detenido en Bogotá. Asimismo, entre los particulares considerados testaferros en este caso se encuentran Oscar Iván Lugo Cepeda, alias ‘gordo’, detenido en la Dorada (Caldas); Rodolfo Rodríguez Méndez, capturado en Diradal; Henry Trujillo Ramírez, alias ‘Rigui’, detenido en La Dorada; y William Giul Monsalve, alias ‘sacolero armero’. De acuerdo con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estas personas se dedicaban al acondicionamiento y venta de armas para luego comercializarlas con diferentes organizaciones al margen de la ley, entre la que se cuenta la banda al margen ilegal conocida como ‘Los Urabeños’, que delinque en Medellín. “Se logró desarticular esta red consideraba como una de las más grandes al interior de la institución en los últimos tiempos”. Luego de la investigación, que duró más de dos años, se confirmó que esta organización se dedicaba al hurto de material de guerra de uso privativo de las Fuerzas Militares, recuperación o arreglo de armamento deteriorado, y a la obtención de otros elementos como lanzadores, granadas y ametralladores, las cuales eran distribuidas en el mercado negro. De igual forma, Pinzón explicó que la investigación desarrollada no da indicios de que el coronel siguiera con esas labores desde su centro de reclusión militar, pero que la investigación continuará. El jefe de la cartera de Defensa también indicó que estas no son las únicas capturas al respecto y que espera que las detenciones continúen. "Si existen otros casos como estos, debemos esperar más capturas, así se demostrará que las Fuerzas Militares son símbolo de transparencia”, además el funcionario agregó que estas depuraciones son necesarias. “Quien pierda su rumbo y traicionen los principios y valores de las instituciones debe y será castigado con todo el rigor de la ley”, señaló. Por estos hechos, la Fiscalía les imputará los cargos relacionados con actos de corrupción como peculado, Concierto para delinquir y tráfico de armas y de ser encontrados culpables se enfrentan a una pena de hasta 20 años de cárcel. Según fuentes del ente acusador, las diligencias de legalización de captura y la imputación de cargos se realizarán en la ciudad de Montería, donde se adelantan las investigaciones por un Fiscal especializado contra Bandas Criminales.