Denuncian alianza entre guerrilla y bacrim para hacer minería criminal

El Mindefensa aseguró que ese comportamiento impide que las regalías lleguen a los programas del Gobierno que benefician a los más pobres.

El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró este martes que las bandas criminales y las guerrillas de las Farc y el ELN están aliados en el negocio de la minería criminal. “Las Farc, el ELN y las bandas criminales se han metido a estos negocios, incluso se han asociado. Hoy las Farc son socios de ‘los Urabeños’ y de ‘los Rastrojos’, en otros lugares del país el ELN es socio de otras bandas. Lo que hemos visto con este comportamiento es que esta actividad no sólo financia a la delincuencia en general sino que también causa un terrible daño a la nación”, afirmó la cabeza de la cartera. Las declaraciones se dieron durante la radicación del proyecto que busca combatir los delitos graves contra la el medio ambiente colombiano donde participaron los Ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente, Justicia y Defensa. “Estamos radicando este proyecto gracias a que el Presidente de la República ha exigido que hagamos un trabajo interinstitucional de todos los sectores y Ministerios para combatir ese terrible mal en el que se ha convertido la minería criminal”, afirmó Pinzón. El ministro reiteró que hay una gran diferencia entre la minería ilegal, que es la que desarrollan los más pobres para subsistir y la minería “criminal”, que es aquella por medio de la cual los grupos al margen de la ley subsisten. “Lo que viene ocurriendo en el país a partir del 2009 es que los grupos terroristas que han visto cómo el narcotráfico ha venido siendo fuertemente golpeado como fuente de financiamiento criminal, han comenzado a buscar otras fuentes, entre las cuales hemos visto el caso de la extorsión y otros comportamientos. Pero donde están dedicados a encontrar flujos importantes es la minería criminal como la queremos llamar”, explicó el jefe de la cartera. Por último, Pinzón aseguró que ese comportamiento impide que las regalías lleguen a los programas del Gobierno que benefician a los más pobres. Y justificó que es necesario crear un fundamento legal, “con una decisión muy clara para tener herramientas penales administrativas para perseguir a quienes estén en esta actividad que hagan lavado de activos por medio de este proceso y además que estén depredando el medioambiente”. A su turno la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, señaló que este proyecto sanciona todos los delitos contra el medioambiente. “La Constitución Política del 91 tiene especial protección para el medio ambiente estableciéndolo como un derecho colectivo y dando unas acciones muy importantes para su protección”. La jefe de la cartera fue clara en que aquel que atente contra el medio ambiente colombiano podría tener penas de entre 2 y 8 años, dependiendo de la gravedad del delito, y aseguró que el proyecto contempla la destrucción de la maquinaria que se usa para esta actividad.