Defensor del Pueblo, preocupado por violencia en el Suroccidente de Colombia

Desmembramientos en Buenaventura, desplazamientos en Guapi, amenazas a concejales en El Tambo y el homicidio de un edil en Nariño, entre las acciones violentas de la última semana en la región.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen varios hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. Sobre el Valle del Cauca, el funcionario expresó su preocupación por el hallazgo el pasado viernes de dos cadáveres desmembrados en Buenaventura, "con lo cual asciende a siete la cifra de muertes violentas provocadas mediante esta modalidad durante lo corrido del año en el Puerto".Las víctimas en esta ocasión son Estefanía Blandón Salazar, de 35 años, y Dávinson Rendón Restrepo, de 24 años, quienes fueron encontrados semienterrados en una zona boscosa del barrio Antonio Nariño luego de pasar tres días desaparecidos. Ante este doble crimen, Otálora afirmó que en el Puerto no sólo se deben realizar capturas y persecución a las bandas criminales, sino que "la Policía, la Armada y demás organismos de seguridad refuercen las medidas de prevención para contener la violencia" y que se necesitan "soluciones integrales con énfasis en el componente social". Cabe recordar que este homicidio se presentó en la misma semana en la que cerca de 15 mil habitantes de Buenaventura realizaron un plantón contra la violencia, en la que exigieron que cesen este tipo de crímenes y demás delitos como la extorsión.El defensor del Pueblo también denunció el desplazamiento en Guapi, Cauca, de 59 familias que se vieron obligadas a salir de sus casas por los enfrentamientos entre la Infantería de Marina y las Farc. Según la entidad, un censo preliminar indicó que 168 personas salieron de sus viviendas en el sitio conocido como La Loma de Bartolo en ese municipio. Estas personas son de las comunidades de Juanico (25 familias), La Pampa (25) y El Partidero (9). La Defensoría ha realizado acompañamiento a estas personas, junto al Comité Municipal de Justicia Transicional de la Alcaldía de Guapi. A esa situación en el Cauca se suma las amenazas contra trece concejales y nueve líderes comunitarios de El Tambo, quienes debieron abandonar el municipio el fin de semana pasado junto a sus familias. Se calcula que en total salieron cerca de 80 personas, "quienes llegaron a Popayán en condición de desplazados por amenazas de presuntos integrantes de 'los Urabeños'", indicó la Defensoría y pidió que se investiguen los hechos y se brinde protección a los ediles. Las acciones derivadas del conflicto armado continúan en Nariño, donde se condenó la muerte del concejal de Cambio Radical Segundo Benjamín Morales, ocurrida en su vivienda en el municipio de San José de Albán. El concejal había recibido amenazas, al igual que otros cuatro ediles, por lo que el Defensor del Pueblo exigió que la Unidad Nacional de Protección les preste "las medidas de seguridad necesarias para evitar desenlaces trágicos como el del concejal Morales". A estas amenazas se suma la desaparición de un líder indígena en el corregimiento El Ejido, del municipio de Policarpa. Se trata de Teobaldo Suasoy, de 36 años, quien al parecer fue "abordado por siete hombres armados que sin identificarse se lo llevaron y lo condujeron hacia la zona del Bajo Patía".El último hecho preocupante en Nariño fue la desaparición el pasado sábado de dos policías en zona rural de Tumaco, quienes se cree que pudieron ser retenidos por miembros de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc. "Desde el momento en que se supo de estos acontecimientos, la Defensoría Regional de Nariño ofreció su concurso para apoyar las gestiones humanitarias tendientes a la liberación del mayor Germán Mendéz Pabón y el patrullero Edílmer Muñoz Ortiz", dijo el defensor Otálora. Sin embargo, en las últimas horas una comisión del CTI se desplazó hasta ese departamento, pues al parecer la comunidad encontró dos cadáveres que corresponderían a los uniformados.