Defensor del Pueblo apela al presidente Santos por grave crisis carcelaria

Mayo 15, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co I Colprensa
Defensor del Pueblo apela al presidente Santos por grave crisis carcelaria

Defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora.

En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, Jorge Armando Otálora dice que ante la situación carcelaria ha llegado la hora de pensar en medidas legislativas extraordinarias orientadas a descongestionar los centros de reclusión.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le envió una carta el presidente Juan Manuel Santos en la que le solicita que convoque una reunión del Alto Gobierno a la que asistan las altas Cortes y los organismos de control e investigación del Estado, para valorar la crisis de las cárceles y encontrar medidas urgentes que permitan conjurarla e impedir la extensión de sus efectos. Otálora sostiene que en esa reunión se debería analizar la oportunidad y la conveniencia de adoptar medidas excepcionales para minimizar el "estado de cosas inconstitucional" que declaró la Corte Constitucional en su sentencia T-153, desde 1998.Esas medidas se deberían adoptar porque, según el Defensor, "nos encontramos ante hechos sobrevinientes que perturban en forma grave e inminente el orden social y cuya situación no ha sido posible contrarrestar con las facultades ordinarias de que dispone el Jefe de Estado". Ante la situación de crisis, le dice Otálora al Presidente, ha llegado la hora de pensar en medidas legislativas extraordinarias orientadas a descongestionar los centros de reclusión. Entre ellas, menciona la adopción de mecanismos jurídicos para la construcción de nuevas cárceles, el nombramiento de jueces de ejecución de penas y regular temporalmente los criterios legales para la concesión de beneficios y subrogados penales en delitos de bajo impacto, particularmente la multa como obstáculo para la concesión de libertad, "conducentes a la superación de la más grave situación que haya enfrentado el sector penitenciario en toda su historia". "El alto índice de hacinamiento en los penales alcanza el 54,5%, lo que significa que hoy el sistema tiene 41.289 personas recluidas por encima de la capacidad carcelaria y penitenciaria, lo cual genera a su vez una vulneración sistemática y generalizada de los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad, particularmente aquellos relacionados con su salud, vida e integridad personal", dice en otro de sus apartes la misiva.Otálora le dice al Presidente que esta situación crítica se ha visto agravada por doce decisiones de tutela proferidas recientemente por distintas autoridades judiciales en las cuales se ha ordenado suspender el ingreso de nuevas personas a establecimientos carcelarios y penitenciarios, "todo lo cual nos enfrenta a una verdadera 'tragedia social' de efectos impredecibles", concluye el Defensor.

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